Santoyo, en cuenta regresiva

“Yo no puedo presumir, pero si lo están requiriendo es por algo. Lo importante es que vaya y responda, por el bien de la institución y por bien del país”, dijo el presidente Juan Manuel Santos el martes desde Los Cabos (México). “Instamos al general (r) Santoyo a que se presente ante las autoridades de Estados Unidos”, señaló el director de la Policía, general José Roberto León Riaño. Las autoridades colombianas presumen lo obvio, y es que no falta mucho para que llegue al país ese cable diplomático de la justicia norteamericana con el que se oficializará la solicitud de extradición del general (r) de la Policía Mauricio Santoyo Velasco.

El Espectador confirmó con la Fiscalía que, al menos al cierre de esta edición, no hay aún ninguna orden de captura con fines de extradición contra Santoyo. En el ente investigador como en la Policía, sin embargo, saben que es cuestión de tiempo. El indictment (la acusación) de la Corte Este de Virginia indica que contra Santoyo Velasco fue formulado un cargo —no cinco, como se expresó inicialmente—: conspiración para distribuir cinco o más kilogramos de cocaína, con el propósito de que fuera importada ilegalmente en territorio estadounidense.

Son los detalles del indictment los que insinúan que el general en retiro habría usado su posición privilegiada como alto oficial de la Policía para auxiliar a dos organizaciones ilegales: las Autodefensas Unidas de Colombia y la temible ‘Oficina de Envigado’. Según el documento de la justicia estadounidense, Santoyo recibió sustanciosos sobornos a cambio de ayudar en operaciones de narcotráfico; de entregarles información a los capos de las mencionadas organizaciones ilegales acerca de investigaciones de las autoridades colombianas, norteamericanas y británicas; de transferir a policías corruptos para que éstos ayudaran a los narcotraficantes.

Indica también el documento en cuestión que Santoyo les dio a miembros de las Auc y de la ‘Oficina’ información de órdenes de arresto e investigaciones pendientes de autoridades colombianas y la DEA; de realizar interceptaciones telefónicas legales o ilegales para favorecerlos; o de proveer datos sobre personas que posteriormente fueron asesinadas por orden de los paramilitares o de la ‘Oficina de Envigado’. Como anexo, el indictment especifica que, de ser condenado, a Santoyo Velasco le confiscarán cualquier propiedad derivada de sus negocios ilícitos o al menos US$5’000.000.

Jay Bergman, director de la DEA para la región andina, confirmó que no hay ningún otro oficial de la Policía que se encuentre vinculado “a procesos por narcotráfico o corrupción en mi país”. Por su parte, el director de esa institución, general José R. León Riaño, en diálogo con este diario, aseveró que “ningún otro sector ha puesto una cuota tan alta en la lucha contra el crimen como la Policía”. Según cifras dadas por el alto oficial, en la última década han muerto 3.686 policías. Es decir, aproximadamente un uniformado muere en el país cada día en la lucha contra el crimen organizado. “Los extraditables quieren enlodar a todo el mundo. Si todos los directores de la Policía estaban involucrados con los narcotraficantes, entonces, ¿quién los combatía? Aquí no se va a bajar la guardia”, manifestó León Riaño.

Lo cierto es que el caso Santoyo ha reabierto viejas heridas. Una de ellas, su ascenso a general con aprobación del Congreso de la República y de la Junta de Generales de la Policía. Uribe sostuvo que si bien expidió el decreto de su ascenso, lo hizo cuando el Senado aprobó la postulación del Ministerio de Defensa —cuyo titular era entonces Juan Manuel Santos—. La exsenadora Marta Lucía Ramírez, quien en 2007 lideró la bancada uribista que respaldó a Santoyo en el Congreso, dijo que no había informes oficiales que salpicaran a Santoyo en esa época. Mientras que senadores que se opusieron al ascenso, como Juan Manuel Galán o Cecilia López, reclaman que Uribe asuma su responsabilidad política en este espinoso asunto.

El exdirector de la Policía general (r) Óscar Naranjo Trujillo admitió que fue él quien presentó a Santoyo ante la Junta de Generales y quien impulsó su ascenso a general en el Congreso, a pesar de la sanción disciplinaria que había proferido la Procuraduría contra el entonces coronel. “Si al momento de recibir la dirección (de la Policía) hubiese tenido información seria no hubiera permitido el ascenso del general Santoyo”, sostuvo Naranjo. Por lo tanto, el senador Galán y su colega Alexandra Moreno Piraquive expresaron que esta situación amerita un debate de control político al Gobierno, al ministro de Defensa y a la Policía.