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En noviembre del año pasado, el fiscal del proceso por el carrusel de la contratación, José Ricardo González, afirmó en entrevista con El Espectador que la Fiscalía no dependía de los Nule y su socio Mauricio Galofre para llevar a buen término el caso. Hoy, siete meses después y tras tres semanas de estudio, el jefe del ente investigador, Eduardo Montealegre Lynett, decidió tumbar el principio de oportunidad que había convertido a los cuestionados empresarios en ‘testigos clave’ del caso.
Esto, debido a que según él, no han colaborado con la justicia, difícilmente atienden al llamado de las autoridades y no han devuelto los dineros que prometieron que, de acuerdo con las investigaciones, obtuvieron como producto de su desfalco al Distrito.
En el referido principio de oportunidad se acordaba que la Fiscalía interrumpiría la acción penal contra los Nule por cuatro delitos: fraude procesal, falsedad, cohecho y concierto para delinquir. Todo esto a cambio de que los contratistas entregaran información sobre los otros señalados por este escándalo como el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, y la exdirectora del IDU, Liliana Pardo Gaona.
Pero desde que se posesionó como fiscal General, Eduardo Montealegre le había puesto la lupa al mencionado acuerdo hasta hoy que decidió tumbarlo porque, en resumidas cuentas, los Nule no estaban entregando información –la última vez que lo hicieron fue hace tres meses ante el Consejo de Estado- y no habían devuelto los bienes prometidos. Apenas habían entregado unas acciones con el agravante de que las mismas estaban en litigio.
Ahora habrá que ver si lo dicho por el fiscal González es cierto y si la Fiscalía no requerirá de la colaboración de los Nule para llevar hasta el final uno de los procesos más difíciles que le ha tocado encarar al ente investigador y por el que han sido señalados, entre otros, los excongresistas Germán Olano e Iván Moreno; el excontralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi; el exdirector técnico del IDU, Inocencia Meléndez; los empresarios Julio Gómez y Emilio Tapia, y el abogado Álvaro Dávila.
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