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El documento borrador de la reforma a la justicia que socializó la Ministra de Justicia, Margarita Cabello, hace unas con la Comisión Primera Constitucional del Senado, toca un punto trascendental en las altas cortes: la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Hasta hace algunas semanas, la primera de estas corporaciones se encontraba con siete vacantes y estuvo bloqueada sin poder elegir a los nuevos togados. El pasado 27 de febrero, la Sala Plena del alto tribunal bajó el quórum necesario, eligió a seis nuevos magistrados y salió de la crisis institucional.
El Espectador conversó con Camilo Enciso, abogado penalista y director del Instituto Anticorrupción sobre este punto y otros relacionados con el Consejo Superior de la Judicatura y sus magistrados. El antiguo secretario de transparencia le dijo contó a este diario su opinión sobre varias de las propuestas de la ministra Cabello, por ejemplo, en la que plantea que los magistrados de las cortes tengan que ser mayores de 50 años, entre otras.
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¿Realmente importa la edad mínima para llegar a ser magistrado?
Claro que la edad importa. La experiencia, el conocimiento y la confianza propia para tomar decisiones controversiales o incluso impopulares, no se improvisa. Son ingredientes que maduran con el tiempo. Por eso me gusta lo que la reforma persigue. Pero en lugar de 50 años como edad mínima, creo que sería mejor que fuera de 40 o 45, para que las Cortes tengan una sana combinación de magistrados maduros y muy curtidos, con otros más jóvenes que aporten los nuevos desarrollos del derecho y que contribuyan a entender mejor el devenir social que los magistrados debe saber leer para que la jurisprudencia sea expresión de su tiempo.
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¿Cuál es su postura sobre el aumento del periodo de los magistrados a 12 años?
El aumento de periodos promueve mayor estabilidad en las cortes, menos politiquería rondando a dichas corporaciones y permite un mayor tiempo de maduración de los magistrados, cuyas decisiones y sentencias deberían ser cada vez más refinadas, brillantes y profundas, a medida que su intelecto crece y alcanza estadios más elevados de claridad jurídica. A esta reforma, sin embargo, le hace falta algo: debería prohibirse que exmagistrados de altas cortes puedan litigar antes sus excolegas. La inexistencia de esa limitación ha facilitado en Colombia el tráfico de influencias y episodios como el cartel de la toga.
¿Son suficientes estos mecanismos para que las altas cortes recuperen la credibilidad de la Rama y la Corte Suprema?
No creo. El daño que el cartel de la toga y otros episodios de corrupción han generado sobre la credibilidad de la justicia ha sido demoledor. Solo en los últimos tres años más de 130 fiscales han sido capturados por corrupción. Súmele a eso jueces y oficiales de despacho. Así, se necesita hacer mucho más. Por ejemplo, medidas radicales para visibilizar la interacción de los magistrados y jueces con abogados y particulares, en sus despachos, clubes o universidades, que es donde en muchas ocasiones se cuadran los ‘torcidos’. También se requiere una medida de alto impacto para reducir la congestión judicial, que le permita a la gente tener justicia pronta y cumplida.
Habla de una una medida de alto impacto para reducir la congestión judicial, situación que la contingencia del COVID-19 ha hecho más visible. ¿Qué medidas iniciales pueden ser?
Un mayor respaldo a los mecanismo alternativos de solución de conflictos y a distintas instancias que puedan ayudar a desactivar las controversias. La reforma da facultades excepcionales a notarios y otros operadores similares. Pero podría darles algunas funciones con carácter permanente para decidir casos simples.
¿En cuanto a las propuestas de elección en la Judicatura?
El Consejo necesita administradores, expertos en procesos y no solo abogados. Debería pensarse en una reforma que apunte a tener excelentes gestores que ayuden a pensar y liderar el cambio del modelo administrativo del sector justicia, para hacerlo más efectivo y eficiente.
¿Y que la elección de los magistrados (o consejeros) quede sujeta a las Cortes no perpetuaría ese mecanismo de puerta en las altas cortes?
De acuerdo. La reforma propone un periodo de enfriamiento de un año para que un magistrado saliente del cargo pueda ser nominado para otra corte. Dejar esa opción es un error. El paso de una corte a otra debería restringirse totalmente para evitar el conocido festín del “yo te elijo tu me eliges».
(Puede ver: «El Consejo Superior de la Judicatura es necesario para la democracia»)
¿Qué hacer con el lío que hay en la Comisión Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura?
El Gobierno y su bancada en el Congreso son corresponsables en la obligación de sacar adelante la Ley Estatutaria que debe regular el funcionamiento de la Comisión de Disciplina Judicial. Expedir esa Ley permitiría que los integrantes de la Comisión puedan ser nombrados a la mayor brevedad. La demora en sacar una norma de semejante importancia es un acto de negligencia extrema, que facilita la impunidad con que operan miles de abogados marrulleros y corruptos, ya que al no tener quién los investigue y sancione, hacen lo que les viene en gana.
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