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Máximo Castex es un abogado argentino experto en litigios por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra a nivel internacional. Ha estado detrás de casos como los aparentemente cometidos en por el régimen en Venezuela, por el franquismo en España, el exterminio de la población Rohingya en Birmania y la persecución a opositores del Gobierno en Nicaragua. Ahora, es el representante de las víctimas que presentaron ante la justicia argentina una querella para que se investigue al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, como máximo responsable de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante su gobierno (2002-2010).
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El Espectador habló con el jurista, quien dio a conocer detalles de las pruebas que tienen en contra de Uribe, los límites de la justicia colombiana para investigarlo y la expectativa de que se convierta en el primer expresidente colombiano en ser juzgado en Argentina por delitos de lesa humanidad.
No se conocen los detalles de la querella que se presentó contra Álvaro Uribe en Argentina, ¿por qué esta reserva dentro del caso?
La reserva es un poco relativa porque hemos dado a conocer el caso a través de comunicados a la prensa, pero los juzgados federales argentinos no ponen a disposición del público las piezas procesales, como la denuncia o la querella inicial o el escrito inicial de origen, muchas veces atendiendo a la protección de las víctimas. Generalmente, esa reserva viene del tipo de crimen que se denuncian, que en este caso son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y los perpetradores son o forman parte del Estado o son amparados por el Estado. Esto, en las víctimas, genera mucho temor, al punto de tener que recurrir a otro país para que se investiguen los crímenes.
¿Qué buscan concretamente con esta querella?
Lo que se pretende es que se investigue y se llegue al análisis y a la responsabilidad penal del exmandatario Álvaro Uribe en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, que son popularmente conocidas como falsos positivos. Estos casos son considerados penalmente como crímenes de guerra y lesa humanidad.
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¿Cómo es que un caso colombiano termina ante la justicia argentina?
La columna vertebral de esta denuncia es el principio de jurisdicción universal, que establece que cuando un Estado en el que se cometen crímenes de lesa humanidad, no puede o no quiere investigarlos ante sus propias autoridades, se facultan a otros Estados para adelantarlos. El caso del expresidente Uribe llega a Argentina por esta imposibilidad de ser juzgado en Colombia, que viene dada incluso por mandato constitucional. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene una prohibición de investigación respecto del exmandatario. Y en este sentido, cuando las vías internas están cerradas, es cuando se aplica y surge este principio. Este principio abre a las víctimas una nueva jurisdicción, permitiéndoles escucharlas, presentar sus pruebas y pedir el reclamo de justicia, verdad y reparación
¿Qué pruebas tienen en contra del expresidente Uribe?
En esa querella hay diversas pruebas, desde propias declaraciones de autores materiales ante la JEP, informes de la Comisión de la Verdad, análisis incluso de discursos del propio exmandatario, autos de resoluciones judiciales colombianas. Es una querella extensa y muy probada que está transitando sus primeros pasos. Es muy reciente y generalmente esos primeros pasos tienden a requerir información a través de comisiones rogatorias o exhortos, que son dirigidos a distintos órganos. Una de ellas, y sobre esto ya se ha avanzado, el juzgado argentino ha avanzado en una comisión rogatoria dirigida a la Corte Penal Internacional tendiente a corroborar lo que se dice. Una de las argumentaciones que se afirma en la querella es que, en 2021, la Corte Penal Internacional decidió cerrar el examen preliminar sobre el caso colombiano. Este exhorto ya fue librado por el juzgado argentino y bueno, lo que queda es esperar la respuesta.
También se va avanzando sobre diversas medidas probatorias; por ejemplo, declaraciones de testigos, ya sean víctimas directas, como es en este caso, en el cual se presentan cuatro víctimas directas, y también se denuncia sobre siete víctimas que no se conocen la identidad, porque son NN hasta el momento. Igualmente, está la de los testigos expertos que puedan declarar la causa.
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Con lo que presentaron, ¿en qué va el caso en Argentina?
Hasta ahora es un caso muy incipiente. Hay una presentación de una denuncia y el primer paso que ha dado el juzgado es requerir, a través de una comisión rogatoria, información a la Corte Penal Internacional para que informe qué ha realizado al respecto del caso colombiano. El juzgado tiene que ir indagando cada una de las cuestiones que se denuncian. Esta es la primera. Seguramente después vendrán otros requerimientos, a través de exhortos o comisiones rogatorias dirigidas al Estado colombiano para la remisión, por ejemplo, de documentaciones o resoluciones judiciales de la JEP. Medidas que la parte querellante o la Fiscalía argentina puede ir solicitándole al juez. Puede también avanzar, por ejemplo, respecto de un testigo experto que declare sobre los casos llamados falsos positivos. Puede requerirle a Naciones Unidas información al respecto, por ejemplo.
Todavía no hemos avanzado respecto de la opinión del Ministerio Público Fiscal (Fiscalía), por ejemplo. Recién ahí, quizás, con una opinión del Ministerio Público Fiscal, el juzgado ya tome una determinación respecto de si definitivamente ya se va a abrir la investigación. Pero muchas veces hay cuestiones preliminares como esta, que el juzgado quiere confirmar y corroborar.
Esta causa y, en realidad, todas las de jurisdicción universal que investigan crímenes de lesa humanidad en Argentina, generalmente tienen dos acusadores: uno público, que es la Fiscalía; y otro privado, que son los querellantes. En este caso, serían las víctimas y los organismos colombianos. Además, le están pidiendo a la justicia argentina ser parte en el proceso, o sea, no son meros denunciantes.
¿Qué puede hacer la justicia internacional que no haya podido hacer la colombiana en este caso?
Justamente en investigar toda la cadena de mando. Este es un problema frecuente en la región: no avanzar hasta ciertas esferas. Generalmente se investiga y se sanciona al autor material, a pesar de que hay distintas autorías en la investigación penal o distintos tipos de atribución. Esto es lo que está faltando: llegar a establecer responsabilidades en la autoridad máxima, el comandante jefe de las fuerzas. Entonces las víctimas no tienen otra opción que servir a este principio internacional, porque en su propio país no se puede avanzar. El objetivo de estas querellas es que, tanto fiscales o jueces de la nacionalidad donde se cometen los crímenes, tomen cuenta de esta causa y asuman esa investigación y juzgamiento. Al día de hoy, por ejemplo, en el caso español, eso no ocurre. Y se nota claramente porque las víctimas hacen presentaciones en sus propios países y se rechazan. Y aquí no hay que olvidar que la JEP no puede, por mandato constitucional, investigar a un exmandatario.
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¿Qué particularidad tiene el caso Uribe y los que se investigan de otros países?
Una regla que generalmente se da en este tipo de causas es que cuesta mucho investigar. En el caso español referente a los crímenes del franquismo, en el cual todos estos años hubo trabas, las respuestas llegaban muy tarde. Por ejemplo, una exhumación, que es la única exhumación que se logró concretar en el caso español, duró cuatro años. Entonces uno tiene que trabajar y luchar contra el reloj, porque lo que puede ocurrir es que, tanto la víctima como el victimario, fallezca y no pueda llegar a ver el resultado de una estrategia jurídica. También lo que ocurre, y es comparable con el caso Uribe, son los crímenes del régimen venezolano. No se llega a investigar a fondo, porque hay una imposibilidad o una prohibición, como en el caso colombiano, a las altas esferas, y más al máximo responsable, que es el comandante en jefe de las fuerzas. Entonces, esta suma, en mi opinión, tiene este desafío que es la máxima figura en cuanto a responsabilidad en los hechos. Este será el desafío en este caso.
¿Qué casos similares han llegado a Argentina?
Argentina tiene un largo recorrido en la investigación, juzgamiento y sanción de sus propios crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, y después dio un paso más adelante, a partir del año 2010, en el cual se empezaron a juzgar, a través de este mismo principio, crímenes internacionales, como casos de franquismo en España, luego se sumó Nicaragua, luego se sumó Birmania, Venezuela y por último Colombia. En todos uno encuentra varias similitudes. Se escucha a las víctimas, se avanza sobre la investigación y se requieren distintas medidas: exhumaciones, pedidos de indagatoria, pedidos de extradición, de información, declaraciones testimoniales. Como muchas veces el testigo no puede declarar en Argentina, el juez puede ir al país requerido a tomar la declaración. En fin, hay un montón de medidas que se van tomando dentro de la investigación.
¿Cómo llega a sus manos el caso del expresidente Álvaro Uribe y por qué decide aceptarlo?
Los querellantes me contactaron a través de organizaciones sociales colombianas e internacionales. Estuve motivado, creo yo, por la experiencia en el tema de la jurisdicción universal. He interpuesto con abogados españoles el primer caso de jurisdicción universal en el año 2010, que es el caso español. Y siempre he colaborado también en las otras investigaciones con mucho gusto y placer me he sumado a esta iniciativa.
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¿Ya tienen alguna respuesta de las autoridades judiciales o de la defensa del expresidente Uribe?
Se han dado pocos pasos. La única resolución que ha tomado el juzgado es la de requerir información de la Corte Penal Internacional (CPI). Son procesos muy lentos, lamentablemente. Además, se suma que estamos en una causa en la que un Estado va a requerir información de otro. Muchas veces pasa que el Estado requerido no contesta, tarda en contestar, y cuando contesta, lo hace deficitariamente. Ahí va a estar el rol del querellante en avanzar y suministrar pruebas. Por eso, lo que se hace generalmente es preparar muy bien y ser sólido en la demostración del caso, de acompañarlo con la mayor cantidad de pruebas. De momento, hasta donde yo sé, las únicas expresiones del expresidente Uribe han sido a través de redes sociales, pero no hay presentación jurídica en la causa.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhordan C. Rodríguez
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