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Diana Patricia viajaba en un bus de Coopetrán hacia Cartagena. En algún punto entre los municipios de Pailitas y Curumaní, en el Cesar; el conductor, de 22 años de edad, invadió el carril contrario y su pequeña ‘copevan’ de 15 pasajeros se vio reducida a un montón de metales retorcidos debajo de las llantas de una tractomula.
De todos los que viajaban ese día, sólo dos personas quedaron vivas, entre ellas Diana Patricia. Desde entonces, el próximo 21 de enero hace catorce años, ha pasado sus días entre juzgados, tribunales y la misma Corte Constitucional, a la espera que alguien ampare sus derechos.
"Mi caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, pasó a la Corte Constitucional a revisión pero no salí favorecida en el sorteo. El motivo por el que yo me declaro en huelga de hambre es porque yo siento que se me están violando mis derechos, el derecho a la igualdad, al debido proceso, a la salud, como madre cabeza de familia", relató Franco, que planea amanecer encadenada al Alto Tribunal, hasta ser escuchada.
Ahora debe asumir los gastos de la demanda por haberla perdido, lo que le va a significar la pérdida de una casa que todavía no paga. Asegura ser madre cabeza de hogar con dos hijos de 17 y ocho años, vive de ser estilista, trabajo que cada vez le cuesta más trabajo ejercer porque las piernas le fallan y se cansa con facilidad.
Le niegan la demanda porque el abogado erró al instaurarla, "¿prima más una norma que la vida de un ser humano?", se pregunta. Además de eso, los Tribunales de Bucaramanga la obligan a pagar los costos de los honorarios de todo el proceso, que ya cumple 14 años.
"Me encadeno como símbolo de la incapacidad con la que me dejaron", indica la demandante que asegura quedó con artrosis progresiva, le deben hacer reemplazo de cadera y de rodillas en ambas piernas, lo que le impide, a sus 38 años, a trabajar como estilista y mantener a sus dos hijos.
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