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Estas personas fueron calificadas como auxiliadoras de la guerrilla por tener estrechas relaciones con Gerardo Antonio Aguilar.
La acusación en contra de estas personas fue proferida en julio de 2008 por un fiscal de la Unidad Nacional contra el Terrorismo y cobija a los médicos Alejandro Rico Cuervo y Luis Alfredo Moreno García; a Emilio Muñoz Franco, optómetra de origen cubano; Juan Carlos López Medina, Ana Leonor Torres, Luz Mery Gutiérrez Vergara, Ana Isabel Peña Arévalo, esta última dueña de una central de radiocomunicaciones en Villavicencio.
Además, Yanith Gaona Molano, María Vilma Ovalle de Chavarro y Abel Salazar Escobar.
Esas personas fueron capturadas junto con otras 29 hace más de un año, en el marco de varias operaciones que se llevaron a cabo en Cúcuta, Villavicencio, Palmira y San José de Guaviare y donde se logró la desmantelación de comunicación satelital, radioteléfonos, equipos médicos y medicamentos al citado frente guerrillero.
La investigación inicia el 24 de febrero de 2004 con la incautación de cajas con material quirúrgico que serían enviadas a Barranquillita, Guaviare, desde donde se harían llegar a esa estructura insurgente.
A partir de ese hallazgo se planifica una operación de inteligencia coordinada por la Fiscalía en la que intervienen DAS, Policía y Ejército.
Los procesados están privados de la libertad en reclusorios de varias ciudades del país.
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