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El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, explicó que se solicitó investigar la presunta omisión en la que habría incurrido el exgobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez en los hechos que rodearon las masacres de El Aro y La Granja en el municipio de Ituango (Antioquia) el 25 de octubre de 1997.
El jefe del ente investigador manifestó que existen testimonios que indican que las autoridades locales habían denunciado ante la Gobernación la presencia de grupos paramilitares en la zona, sin embargo no se tomaron acciones preventivas de fondo.
«En ese momento quien dirigía la Fuerza Pública en calidad de Gobernador era Álvaro Uribe Vélez. La Corte tendrá que decidir sí existe o no algún tipo de responsabilidad del exgobernador por no haber tomado las medidas necesarias para evitar la toma paramilitar», explicó.
En ese sentido también citó la condena emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en contra de Colombia en la cual se advierte que se presentaron omisiones por parte de la Gobernación. En estos hechos quedó un saldo trágico de 19 personas muertas y 15 familias desplazadas.
«Fue condenado por omisión porque la Corte Interamericana consideró que la Fuerza Pública en ese momento no había evitado no tomado las medidas necesarias para evitar las tomas de estas poblaciones», indicó.
Igualmente se compulsaron copias ante la Comisión de Acusaciones para que se investigue la presunta estrategia emprendida para desviar la investigación y acallar al desmovilizado paramilitar Francisco Villalba, quien fue asesinado por sicarios cuando se encontraba en detención domiciliaria.
La base de esa compulsa de copias es la declaración entregada el pasado 12 de agosto por el extraditado comandante paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’ quien aseguró que en una oportunidad intentó convencer a Villalba para que se retractara de sus declaraciones.
Igualmente se ordenó la creación de una comisión para investigar si existió algún nexo entre las muertes del exsecretario de la Gobernación de Antioquia, Pedro Juan Moreno, el defensor de los DDHH., Jesús Maria Valle, y el desmovilizado de las AUC, Francisco Villalba.
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