Se reactivan amenazas por caso del Palacio de Justicia

Nuevas amenazas contra su vida habría recibido el hermano de Cristina del Pilar Guarín, una de las desaparecidas del holocausto del Palacio de Justicia, denunció públicamente el mismo afectado, René Guarín Cortés.

Señaló que, tras recibir varias llamadas en las que se le advierte el riesgo de muerte ante el cual se está exponiendo, se vio avocado a cambiar de número de móvil, volviendo a vivir el viejo drama que le obligó a dejar el país en 2009, luego de años de ser víctima de ese tipo de persecución.

Para Guarín, es evidente que lo se busca es crear un manto de impunidad, respecto a lo ocurrido hace más de 24 años en el Palacio, sin que se haya producido hasta ahora la primera condena.

Así parecen evidenciarlo el recrudecimiento de la persecución sobre la Juez Tercera Penal Especializada de Bogotá, María Stella Jara, quien está próxima a emitir la sentencia en el caso del coronel (r) Luis Alfonso Plazas, acusado de la desaparición de nueve civiles durante la retoma.

La alta funcionaria judicial se vio avocada a solicitar un refuerzo de su ya imponente cuerpo de seguridad, ante las crecientes amenazas que pesaban sobre ella y sus familiares, que se han recrudecido tras la proximidad del fallo.

Como Jara, el abogado Jorge Molano y su compañera se vieron obligados a solicitar el auxilio de los organismos multilaterales, víctimas de las persecuciones y hostigamientos que llevaron a la Corte Interamericana a instaurar medidas cautelares sobre ellos, para invocar su especial protección por parte de los organismos del Estado.

Idéntica situación ha vivido el abogado Rafael Barrios, otros familiares de los desaparecidos, así como los de los magistrados asesinados y hasta el presidente de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, Ovidio Claros, al resolver un conflicto de competencias en el que se denegó la competencia de la Justicia Penal Militar en el proceso que enfrenta el coronel (r) Plazas.

Guarín se muestra poco esperanzado en los resultados que los administradores de Justicia colombiana le puedan entregar al país, teniendo en cuenta que ya son más de dos décadas de impunidad, mentiras y persecuciones que, muchas veces, han sido promovidas por la oficialidad, en contra de quienes siguen en la búsqueda de la verdad de esa tragedia.

Sin embargo, el hermano de Cristina del Pilar Guarín considera que esa luz de justicia por la que propugna podría estar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual ya fue radicado el proceso, con el propósito de que ese tribunal conozca el caso e imponga las sanciones que considere prudentes en contra de los agentes estatales responsables de las desapariciones y la sangre derramada en esa luctuosa jornada.

René Guarín dice tener fe en que el organismo multilateral proferirá una condena en contra del Estado colombiano, como responsable de los vejámenes que sufrieron empleados, transeúntes y algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado en noviembre de 1985.