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“Dichas acciones delictivas, que coartan la independencia de la Corte Suprema, entorpecen el normal cumplimiento de sus funciones constitucionales como máximo tribunal de la justicia ordinaria, y quebrantan la libre expresión y el ejercicio de los derechos fundamentales de los colombianos”, reza la comunicación en la que el alto tribunal también exige resultados breves del Fiscal General de la Nación, sobre los autores, partícipes y determinadores de los hechos.
La Corte aseguró que las interceptaciones fueron realizadas “con un designio criminal”, y destacó que desde hace más de un año ese tribunal viene formulando denuncias públicas por similares acontecimientos. “Tales comportamientos punibles constituyen una degradación del Estado de Derecho”.
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