Se reanuda el juicio contra Andrés Felipe Arias por AIS

La diligencia judicial, se reanuda después de que el pasado 14 de diciembre, la defensa del exministro señalara que varios organismos y entidades, entre las que se encontraba el Ministerio de Agricultura, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), así como algunos medios de comunicación no le habían entregado la información solicitada por la entrega de subsidios de riego y drenaje del programa bandera de su cliente.

Razón por la cual no podía hacer de manera segura la solicitud de pruebas ante la Sala Penal en el proceso que se adelanta contra su cliente por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.

Se espera que después de este receso, la defensa de Arias presente la solicitud ante el altor tribunal de testigos y pruebas que necesitará para el desarrollo del proceso penal. 

Al exjefe de la cartera de Agricultura se le acusó formalmente de haber utilizado el programa bandera de su administración como plataforma política con el fin fundamental de encontrar apoyo entre un grupo de empresarios para su precandidatura presidencial por el partido Conservador.

Según la fiscal General, Viviane Morales Hoyos, el exministro manejó todas y cada una de las etapas del programa, incluyendo la entrega de los subsidios no reembolsables para programas de riego y drenaje que terminaron en manos de grandes empresarios de la costa.

Considerando así que su despacho contrató de manera directa con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) violando así los requisitos legales en materia de contratación en Colombia.

La gravedad del asunto en el caso de Arias radica en el hecho de que dichos contratos fueron fijados como de cooperación científica cuando en realidad era para la administración de recursos, por lo que era obligatorio convocar a licitación pública.

El excandidato presidencial permanece recluido en el Cantón Norte desde el pasado 29 de julio, cuando un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá lo cobijó con medida de aseguramiento al considerar que podría obstruir a la justicia.

El pasado 13 de diciembre la Procuraduría General le confirmó la destitución e inhabilidad por 16 años para ejercer cargos públicos debido a las irregularidades durante la entrega de subsidios y firma de contratos del programa de Agro Ingreso Seguro que no cumplían con los requisitos legales.