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Esta semana, el Gaula de la Policía dio a conocer el primer caso de un político regional relacionado con las disidencias de las Farc, en Caquetá. El Espectador habló con el general Fernando Murillo, comandante de esta unidad, sobre ese tema, pero también sobre la realidad del secuestro hoy en el país y los problemas de extorsión que persisten.
¿Cuál es el panorama del secuestro en Colombia?
A los colombianos no se nos pueden olvidar épocas difíciles del secuestro en nuestro país, como fue el año 2000, que tuvimos 3.572 secuestros. Eran 10 personas secuestradas diariamente. En el transcurso de estos 20 años y, a través de la dirección antisecuestro de la Fiscalía, que ha nombrado fiscales especializados Gaula, y, también con nuestros Gaulas militares, hemos tenido una reducción importante. En el año 2019, cerramos con 92 casos, bajamos, como un hito histórico, a dos cifras, porque el 2018, aunque también hubo reducción, hablábamos de 176 casos. Es decir, entre 2018 y 2019 hubo una reducción del 48 %: 67 casos extorsivos y 25 simples.
¿Desde cuándo no se veía una cifra de dos dígitos en el secuestro?
Estamos hablando de más de 40 años viviendo este flagelo del secuestro y, desde esa época no se había visto una reducción tan importante como la que se vio este año.
¿Desde la desmovilización de las Farc ha habido más secuestros «políticos»?
El secuestro político (ya) no se da, pero el Eln como grupo terrorista ha secuestrado a varios ciudadanos durante este tiempo. Se hacen las negociaciones a través del CICR, de la Iglesia. Han dado resultados, pero también entendemos que detrás de las liberaciones, como las dos últimas que se dieron en diciembre, siempre hay un factor económico. Estos delincuentes (el Eln) exigen sumas económicas para dejar a las personas en libertad.
¿Y en extorsión cómo vamos?
En Colombia se volvió cultura pagar una extorsión. Es difícil que las víctimas de extorsión denuncien. Hace unos años hablábamos de un 10 % de víctimas que denunciaban y a través de esa concientización del no pago hemos alcanzado un 33 % de víctimas que denuncian el caso, pero queremos seguir creciendo esa cifra. La modalidad que más nos preocupa es la llamada carcelaria, en la que sigue cayendo muchísima gente y es grave porque un solo preso puede hacer hasta 250 llamadas en un día. Utilizan las redes sociales, que tienen toda información personal, para llamar y amedrentar al ciudadano con toda una película que parece creíble.
Pero, ¿cómo es posible que estas personas que están bajo la tutela del Estado puedan seguir delinquiendo?
Lo que está pasando con las cárceles es una preocupación, no solo de Colombia, sino de varios países de América Latina. En cárceles de Salvador y Chile, por ejemplo, ya están llamando a ciudadanos de otros países a extorsionar. Hoy la estrategia es allanar las cárceles: el año pasado allanamos 84, donde encontramos más de 1.600 celulares, que sometemos a pruebas para hacerles un estudio forense.
¿Esos 1.600 celulares a cuántas investigaciones llevó?
Nos dieron mucha información para identificar estructuras de delincuencia al interior de las cárceles dedicadas al microtráfico, al homicidio, y enfocadas a nuestro tema, pues fueron tres estructuras que se judicializaron. Realizamos 2.700 capturas en todo 2019 e identificamos a siete guardianes del Inpec involucrados en estos hechos.
¿Sería justo decir que no solo el pago de la extorsión se volvió cultura sino que la extorsión misma se volvió cultura?
Sí, desafortunadamente. El ciudadano prefiere pagar antes que denunciar y hay que decirlo: el que paga una extorsión una vez, va a tener que pagar toda la vida, porque cuando deja de pagar, llegan las amenazas y los ataques.
Si el 70% de los extorsionados prefiere pagar, ¿cómo está manejando el Gobierno esta desconfianza en las instituciones?
El aumento del 10 % al 33 % de denuncias demuestra que las campañas sí han sido efectivas, estamos llegando a través de los líderes comunales, a través de los gremios económicos, para demostrar que, cuando un ciudadano denuncia tenemos la capacidad de resolverle el problema de más del 90 %. Y, para mejorar esa confianza, organizamos la línea 165, que respeta absolutamente la reserva y que se maneja desde Bogotá. Asimismo, gracias a inteligencia, tenemos identificadas en este momento 281 bandas dedicadas al secuestro y la extorsión.
¿Por qué destaca que la línea se maneje desde Bogotá?
La estrategia de la línea 165 se hizo por lo siguiente: primero, porque los ciudadanos justifican el no denunciar con que desconfían del policía de su ciudad; segundo, el tema de control de calidad. Somos seres humanos, cometemos errores y antes no existía un seguimiento sobre cómo les respondíamos a los ciudadanos. Esto nos ha ayudado a mejorar el servicio y mejorar la confianza de los ciudadanos en nuestra Policía.
El año pasado ustedes identificaron 281 bandas dedicadas al secuestro y la extorsión. Es un número alarmante…
Ahí tenemos estructuras económicas de los GAO-r (disidencias de las Farc), del Eln, de los Pelusos, del Clan del Golfo, y de delincuencia común dedicada a la extorsión o al secuestro. El año pasado desarticulamos más de 247 bandas, pero lastimosamente la extorsión es un delito que permite que los delincuentes financien su organización: les permite comprar armas, reclutar.
En escala del 1 al 10, ¿esto cuánto le preocupa al Gobierno?
Nueve, por no decir que diez. La extorsión y el secuestro son dos delitos de impacto y están en la agenda del presidente y del Gobierno. Somos 1.500 hombres y mujeres Gaula Policía; 3.000 hombres del Gaula Militar; somos el único país con una fuerza dedicada a combatir estos fenómenos con ese número tan importante. Es más, tenemos la única escuela antisecuestro del mundo por la que han pasado más de 1.000 extranjeros en 12 años que lleva la escuela. A pesar de que el delito persiste, también hay que mostrar los éxitos, especialmente con capturas. El año pasado fueron más de 552 secuestradores capturados y más de 2.900 extorsionistas.
¿Cuántas condenas?
Todas las investigaciones que hacemos son de la mano de la Fiscalía y nosotros estamos seguros de que, cuando desarticulamos una estructura, los llevamos a juicio y buscamos que haya condenas. No podría darle un número exacto, pero en la gran mayoría de capturas que hacemos, logramos que se envíe a los delincuentes a la cárcel.
El año pasado murió «Chucho Mercancía», una de las figuras más visibles de la extorsión, pero el comercio en Magdalena sigue asediado por Los Pachenca. ¿Cómo está el panorama allá?
Chucho Mercancía era un individuo que venía de tiempo atrás dedicado al narcotráfico, que realmente es lo fuerte de esta organización. Obviamente, la extorsión también está conexa a ese tipo de delitos. Los Pachenca años atrás eran mucho más fuertes, ahora hay gente que ha dejado de pagar y lo digo con propiedad teniendo en cuenta el último hecho que nos tocó vivir en carne propia: el secuestro de Melisa Martínez. Ese caso nos llevó a hablar con el comercio, con los ciudadanos. A raíz de eso, pues no solo desarticulamos la banda que secuestró a Melisa, sino que a su vez atacamos todo lo que hacían Los Pachenca. Obviamente, tenemos un objetivo claro ahora, que es Alias 80 y el Gaula del Magdalena precisamente está enfocado en eso.
En esa región hay unos resultados bastante importantes: la plaza de mercado de Santa Marta era la más agobiada por la extorsión, desde ahí se planeaban las extorsiones. Hoy por hoy, estamos sin extorsiones, se recuperó esa plaza y es el símbolo de que sí se puede y queremos llegarles a todos los ciudadanos de todo el Magdalena. Es tanto, que la estrategia ahorita con Magdalena fue crear un grupo de comando especial antiextorsión (Ceaes) que está constantemente patrullando. Eso lo ideamos porque, desarticulábamos una banda de extorsionistas y al otro día llegaba alguien más a cobrar y la gente seguía pagando. Lo que hicimos fue: apenas se desarticula la banda, se queda el Ceaes allá patrullando, haciendo presencia.
Esa es una de las formas de presencia institucional que le preguntábamos…
Ese es el tipo de presencia que queremos tener y es muy disuasivo. Nos ha dado muy bueno resultados, la gente nos ha pedido que no se vaya a ir el Ceaes de esa zona. Siempre aparecerán más delincuentes buscando las finanzas a través de la extorsión, pero insisto: lo más importante es la denuncia.
¿Cómo entran las disidencias en la dinámica de la extorsión y el secuestro?
El frente sexto en el Cauca es una de la estructuras que más ha secuestrado últimamente. Allí tenemos un Gaula élite y una capacidad de fuerza y de policía muy fuerte, buscando neutralizarlos. También se da la extorsión, sobre todo en el norte del departamento. A la gente le da mucho miedo denunciar, pero hemos capturado a varios sujetos al servicio de Mayimbú, o alias Barba, por ejemplo. También en Tumaco (Nariño), se ha reducido muchísimo la extorsión a partir de un trabajo de inteligencia del Gaula. Por otro lado, tenemos el Catatumbo, con el Eln; y en Arauca, el Eln y el GAO-r 10. Asimismo, en la zona de Guaviare y Meta, donde operan el GAO-r 40 y el 7.
¿Qué les preocupa en las ciudades capitales?
Bogotá, Medellín y Cali son ciudades a las que afectan principalmente con la llamada telefónica y el sexting. A nivel de extorsión, también el Valle y Antioquia son los departamentos que más se ven afectados.
¿Cómo ha visto que se ha comportado la extorsión en modalidad sexting?
Especialmente vemos con preocupación que ha aumentado en Bogotá. Esta modalidad consiste en que una persona envía una foto o video íntimo a otra persona y empiezan a extorsionarla diciéndole que si no envía un dinero van a volver ese contenido público. En su gran mayoría, los extorsionistas son personas que tuvieron alguna relación con las víctimas. Nos preocupa porque hoy por hoy cualquier niño tiene un celular y están cayendo muchos menores, sobre todo niñas entre 10 y 15 años que les ofrecen pertenecer a empresas de modelaje.
Sobre el secuestro por el que fue capturado el exguerrillero “Martín Sombra”, ¿se sabe algo del ganadero secuestrado o del paradero de “Kavir”, su socio?
Desde el 31 de diciembre del 2017 que sucede el secuestro llegamos allá a San Vicente del Caguán. Empezamos labores de inteligencia, identificamos que Kavir estaba involucrado, junto a otras tres personas. Durante las negociaciones nos sorprendió que citaron a la familia del secuestrado en Arauca, donde se reunieron con una persona que, resultó ser Martín Sombra. Creemos, por inteligencia, que el hombre secuestrado pudo haber muerto, pues se encontraba en un delicado estado de salud.
¿Y de los otros dos?, ¿ni más?
Los otros dos miembros de la organización no aparecen, por ahora. Tenemos ya un trabajo de inteligencia desde 2017. En este momento estamos ofreciendo una recompensa de $50 millones para dar con el paradero de este delincuente.
A propósito de la captura del concejal de Caquetá, ¿hay más investigaciones a políticos potencialmente vinculados con extorsiones de disidencias?
Dentro de la investigación que estábamos realizando, contra alias Calarcá, identificamos fue a esta única persona, a este concejal que capturamos (Jorge Iván Suaza).
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