Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Ciento veintisiete víctimas de secuestro de la exguerrilla de las Farc están a punto de quedarse sin quién las represente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La razón: las denuncias de que la propia jurisdicción ha vulnerado su derecho a la participación en el macrocaso 01 —que investiga el secuestro y otros crímenes cometidos por esa guerrilla— y que ha estigmatizado a gran parte de las víctimas por haber hecho parte de la fuerza pública. El Espectador habló con representantes, víctimas y conoció los documentos que enviaron al presidente de la JEP, Procuraduría y a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, advirtiendo los problemas internos que están marcando su salida.
Podría interesarle: JEP ordenó al Consejo Nacional Electoral habilitar a exfarc para ser candidato al Senado
Desde 2017, la Corporación Mil Víctimas se enfocó en la representación jurídica de civiles, militares y policías víctimas del conflicto armado y sus familias. Durante estos nueve años ha representado a 127 víctimas acreditadas en el macrocaso 01, de las cuales 90 son víctimas directas y 37 indirectas. El apoyo que ha brindado la organización no es solo jurídico, sino también psicosocial, como parte de la participación activa de sus representados en los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Sin embargo, ese trabajo no lo harán más y señalan directamente a la JEP de haber puesto toda clase de barreras para impedir la labor que ahora sueltan.
Esta corporación ha estado presente en audiencias de versiones voluntarias, en la presentación de observaciones, ante la JEP, en preparación psicosocial y otros espacios de participación para sus 127 representados. Todo de manera gratuita. Los recursos que usan para lograrlo han sido en su mayoría donaciones que no siempre alcanzan y el respaldo que les ha dado la JEP, según dicen, ha sido nulo en los años que llevan trabajando. Esa es una de las principales razones por las que la organización decidió “tirar la toalla”, como se lo dijo a este diario la abogada Giovanna Ortega, directora ejecutiva de la Corporación Mil Víctimas, que está dando lo último que tiene por los uniformados y sus familias.
El pasado 11 de febrero la corporación envió tres documentos claves que fueron su último intento para que les prestaran atención para poder seguir haciendo su trabajo de representar militares y policías víctimas del conflicto armado. La primera, al presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli; la segunda, a Fernando Antonio Burgos Támara, procurador delegado ante la JEP; y la tercera, a Miroslav Jenca, secretario general de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas. En esas misivas, señalaron que “pese a múltiples solicitudes de ayuda a todos los entes, entre ellos a la SeRVR, el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) Víctimas, hemos enfrentado serias limitaciones institucionales que afectan gravemente nuestro ejercicio”.
Lea también: El expediente por el que expulsaron a Santoyo de la JEP y que la justicia aún no resuelve
Esas dificultades han estado en “la convocatoria y concentración de las víctimas, la entrega oportuna de información, el acceso a espacios adecuados de socialización y el acompañamiento logístico mínimo”. Además, esas problemáticas “se ven agravadas por un fenómeno persistente de estigmatización hacia las víctimas de la Fuerza Pública, quienes continúan siendo asociadas al rol de perpetradores, desconociendo su condición de víctimas y profundizando procesos de revictimización institucional”. Por eso, dijeron a las autoridades, “la ausencia reiterada de respaldo institucional, el desgaste organizativo, la falta de garantías reales y la persistente estigmatización han generado una situación insostenible”.
En este macrocaso, la JEP acreditó un total de 4.324 víctimas y 795 de ellas participaron en audiencias de observaciones sobre lo que dijeron comparecientes de las Farc. La jurisdicción trató de escuchar a la mayor cantidad posible. Sin embargo, por el vasto universo de personas afectadas, muchas de ellas no contaron sus historias ante la jurisdicción especial. Además, el diseño del sistema tampoco obligaba a los magistrados a individualizar cada uno de los hechos, por lo que la solución fue investigar patrones macrocriminales y recoger testimonios representativos de cada uno de ellos. En septiembre del año pasado, la JEP emitió la primera sentencia en esta investigación contra el Secretariado de las Farc.
Su renuncia “no obedece a falta de compromiso, sino que constituye una consecuencia directa de la vulneración sistemática del derecho a la participación efectiva de las víctimas militares y policiales”. Además de despedirse, lanzaron una nueva advertencia: “Esta renuncia forzada dejaría en estado de indefensión a más de un centenar de víctimas, si no se adoptan medidas urgentes por parte de las autoridades competentes”. Por eso, su última petición a la Jurisdicción Especial fue “garantizar condiciones reales de participación, adoptar medidas contra la estigmatización, fortalecer la articulación institucional, reconocer el trabajo de las organizaciones sin financiación, garantizar trato digno y diferencial”.
Conozca más: La masividad del secuestro supera lo que puede hacer la justicia: magistrada Lemaitre
Aunque al final de las misivas expresaron su “disposición permanente al diálogo y a la construcción conjunta, siempre que existan garantías institucionales reales que respeten plenamente los derechos fundamentales de nuestras víctimas”, no han recibido respuesta de ninguna de las tres cartas. Ante el silencio, dijo la abogada Ortega a El Espectador, la esperanza se acabó. El dolor de los miembros de la organización y de las víctimas es tan grande porque, en palabras simples, “la corporación ha hecho el trabajo que debió haber hecho la JEP en cuanto a la representación. Los militares requieren un trato especial por haber sido siempre reacios a la JEP, pero nosotros los acercamos”.
Tener que desistir del trabajo que adelantaron por pasión en los últimos años es frustrante, dice Ortega, sobre todo, porque “no se les estaba pidiendo plata para nuestros profesionales, solo se les solicitaban las garantías de representación para nuestras víctimas”. En diálogo con este diario, la directora ejecutiva de la corporación manifestó que pese a intentarlo por años “no podemos más, les entregamos a las víctimas, señores de la JEP, para que ustedes hagan el trabajo. Para nosotros ha sido muy duro, lo que más nos duele es que no se reconozca el trabajo que se ha hecho, se ha logrado que se reconozcan los derechos de las víctimas militares y policías”.
Las víctimas que representan, pero que dejarán en contados días, también sufrieron el conflicto armado, resalta Ortega. “Tenemos militares que han sido secuestrados más de siete años, otros por 10 meses y que fueron torturados. La discriminación no es aislada, es institucional. Lo que decimos en la JEP parece un eco vacío”. Según cuenta la abogada, al interior de esa jurisdicción se piensa que “el militar siempre es el perpetrador y no la víctima. Cuando esa estigmatización está tan institucionalizada nos duele. Crean una brecha que se abre y no se compadece con un proceso de paz”. Esa visión de una brecha invisible también la notan las víctimas.
El coronel retirado del Ejército, Raimundo Malagón, víctima reconocida en el macrocaso 01 y representado por la Corporación Mil Víctimas, habló con El Espectador sobre el futuro de las 127 personas que esperan todavía justicia en la JEP. Malagón fue secuestrado por la guerrilla el 4 de agosto de 1998, en inmediaciones del municipio de Uribe (Meta), en medio de un combate. Por años estuvo con una cadena al cuello, sin poder moverse, aguantando el hambre y soportando tratos inhumanos. Así vivió hasta el 2 de julio de 2008, cuando fue rescatado en la “Operación Jaque”. Aunque ahora se dedica a dictar conferencias, reconoce que la JEP no ha sido el mejor lugar para los militares víctimas.
“La corporación no tiene el apoyo de ninguna organización nacional, internacional ni de empresas privadas, les toca trabajar con las uñas y, a pesar de eso, sus resultados son buenos para nosotros como víctimas”, le manifestó a este diario el militar en retiro. Malagón sabe que la renuncia de sus representantes los deja en un limbo ante la JEP y lamenta la renuncia “por falta de garantías de la mal llamada justicia para la paz”. Por ahora, mientras resuelven quién los representará, el militar lo único que pide es que “cumplan lo pactado en La Habana, la atención integral a las víctimas y sus familias, que pasen del diálogo a los hechos, porque para las víctimas no ha habido una verdadera reparación”.
La corporación espera que para el 11 de marzo haya alguna respuesta sobre las cartas que enviaron. Si nada llega para ese día, sabrán que todo terminó y no habrá más intentos de permanecer como representantes de los miembros de la fuerza pública víctimas del conflicto. Lo único que podrán hacer es ser veedores del caso en el que por años batallaron y en el que no encontraron garantías, según sus denuncias. El Espectador consultó a la JEP sobre la misiva recibida y manifestaron que están preparando la respuesta a la carta de la corporación, pero todavía no tienen fecha definida para contestar. Por su parte, las víctimas están concertando reuniones para definir qué rumbo tomar ante la eventual falta de representación que tendrían en menos de un mes.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhordan C. Rodríguez
Conoce más