¿Seguridad democrática selectiva?

En junio de 2003, el presidente Uribe anunciaba en el prólogo a su política de Seguridad Democrática que su principal objetivo era lograr que el Estado, a través de sus Fuerzas Militares y de Policía, protegiera “a todos los colombianos por igual y sin distinción”. A seis años de lanzada la estrategia, cabe preguntarse, cifras en mano, si tomando el caso de una región como Córdoba, la política ha alcanzado esta meta, o si por el contrario, las cifras y entrevistas realizadas en terreno revelan una aplicación selectiva de la estrategia de Seguridad Democrática, con más protección para unos colombianos, mientras a otros los deja en total desamparo.

Como lo informó el general Óscar Naranjo a inicios de 2009, en los últimos años, a nivel nacional, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes conoció, hasta finales de 2008, una disminución importante. Según datos del Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, el país transitó de una tasa de 67 en 2002 a una de 35 en 2007 y de 33 en 2008. Esta tendencia es la que en 2009 se revierte en algunas ciudades. Medellín y Montería constituyen los casos más sonados en la prensa nacional.

Sin demeritar los logros alcanzados hasta finales de 2008, es necesario preguntarse si estas cifras implican desarticulación de las redes criminales asociadas al tráfico de estupefacientes o si, puestas en contexto, sólo están indicando un cambio en los repertorios de violencia y control de las organizaciones armadas, acorde al nuevo momento de la confrontación.

Soberanías en disputa

La disminución de la tasa de homicidios a partir de 2003 fue precedida por un ciclo de auge en la confrontación armada en el período 1998-2002. Estos años coinciden con un momento de tormentas políticas, pues al tiempo que en el sur del país se desenvolvían los diálogos del Caguán y las guerrillas seguían exacerbando los ánimos usando la extorsión y el secuestro como forma de financiación, en el norte las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) emprendían la conquista del territorio Caribe combinando asesinatos selectivos, masacres y destierros colectivos.

En 2002, mientras en el sur de Colombia los diálogos ya habían concluido en un inmenso descalabro, en el norte las Auc, luego de “limpiar territorio”, como eufemísticamente nombraron su ruta de terror, han establecido un orden donde han ido construyendo su soberanía. Esta conquista no es sólo militar. Para imponerse en las regiones, las Auc han contado con complicidades sociales, institucionales y políticas que les permiten establecer su dominio, como hoy lo relevan las investigaciones sobre la parapolítica.

Guerra privatizada o política

La negociación con la cúpula paramilitar y luego la extradición a Estados Unidos de los jefes acusados de narcotráfico no pasó en vano y produjo una reconfiguración en las redes criminales en Colombia. Los mandos medios de estas organizaciones y los grandes capos aún libres empezaron a buscar la derrota de sus rivales en los territorios clave para el tráfico de drogas y armas. La búsqueda de dominio se hizo esta vez recurriendo a prácticas violentas acordes al nuevo momento de la guerra.

Como la oposición política ya había sido en el mejor de los casos desterrada y en el peor aniquilada, y como los bloques y frentes guerrilleros habían sido diezmados y acorralados en el sur del país, los pequeños barones de la guerra y los grandes capos buscaron derrotar a los competidores y asegurar su soberanía en territorios estratégicos haciendo presencia en barrios marginales y de desplazados, allí donde suelen reclutar, con amenaza o sin ella, a muchachos desempleados.

De las grandes masacres con resonancia en la prensa, estos jefes y los nuevos relevos de las grandes familias narco-paramilitares ordenan a las redes bajo su mando cometer asesinatos desgranados, “discretos”, que sólo hacen noticia en los diarios regionales. En varios casos, los homicidios son antecedidos de panfletos que amenazan a distribuidores y expendedores de droga, drogadictos, vagos, atracadores o prostitutas porque, según los volantes, son personas que representan un peligro para “las personas de bien”.

Entre los amenazados aparecen nombres de líderes de izquierda, de organizaciones de víctimas o de derechos humanos, que han sobrevivido a los embates anteriores de “limpieza política”. Este tipo de asesinatos, en lugar de disminuir en los últimos años, ha ido en aumento. Por ejemplo, según la Policía y la Gobernación de Córdoba, el número de homicidios ocurridos en el departamento en los últimos años pasó de 158 en 2005, a 253 en 2006, y a 366 en 2007, para alcanzar la cifra de 512 en 2008.

En los últimos tiempos, a las víctimas anónimas se añade, como reactualizando la pesadilla, la persecución de una nueva generación de líderes, hoy principalmente compuesta por mujeres sobrevivientes del anterior ciclo de violencia, que venciendo el miedo han empezado a reclamar sus tierras. En Córdoba, en abril cayó asesinada Ana Isabel Gómez, líder campesina, y han sido amenazadas varias líderes que han logrado acceder a parcelas, ya sea a través del Incora, hoy Incoder, o de la reparación prevista en la Ley de Justicia y Paz.

Además de buscar detener la devolución de tierras a sus legítimos dueños, los asesinatos expresan una forma de comprender el orden social. La persecución viene acompañada del control social ejercido barrio por barrio a través de lo que los habitantes vigilados han venido a llamar ‘el poste’, aquel individuo encargado de alertar y señalar a vecinos sospechosos. Los colombianos estigmatizados por ciertos rasgos son abiertamente marcados, perseguidos y asesinados.

Además, las muertes semanales envían el mensaje a las autoridades locales y a la población en general de que son estas redes criminales las que realmente ejercen soberanía. El hecho de que las víctimas compartan ciertos rasgos señala que los responsables siguen un plan, que no hay aleatoriedad sino selectividad.

Naturaleza política

Esta persecución selectiva lleva un mensaje implícito: “nosotros somos ley”. La naturaleza política de esta dinámica tiene que ver con el hecho de que, para seguir actuando como lo hacen, estas redes criminales cuentan con apoyo y complicidad de autoridades y funcionarios públicos. Donde esta alianza se expresa de manera más cruda es en los juicios a los responsables de las masacres atroces.

Como lo demuestra el último informe del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación sobre la masacre de El Salado, la impunidad es evidente. La omisión y complicidad de algunas autoridades que tenían el deber de proteger a los ciudadanos no han sido investigadas y los responsables siguen libres.

Este grado de impunidad no indica que toda la institucionalidad regional sea cómplice, pero sí que porciones del Estado siguen en manos equivocadas. La batalla que se libra no es entonces entre unas redes sociales criminales y un Estado impoluto, sino entre unas redes conformadas por empresarios criminales y funcionarios y políticos corruptos y unas organizaciones civiles aliadas a algunas autoridades inspiradas en un proyecto democrático.

Los esfuerzos de la política de seguridad democrática de ofrecer cobertura universal seguirán siendo derrotados mientras esta iniciativa no venga acompañada de un compromiso firme por detener la impunidad y de llevar a los responsables, incluidos los altos funcionarios implicados, a los estrados judiciales.

 *Profesora de la Universidad de Los Andes