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Édgar Ramírez Martínez, dicen quienes conocen el caso Cemex, es una pieza angular para las investigaciones por este episodio de posible corrupción en el sector privado. Prófugo de la justicia, Ramírez lleva tiempo hablando con agencias estadounidenses, tratando de que lo acepten como testigo protegido en contra de la multinacional mexicana, una de las que más comercializa cemento en el mundo. Asimismo, ha tocado la puerta de la Fiscalía colombiana para tramitar algún tipo de cooperación que reduzca el tiempo que podría pasar tras las rejas. En busca de ese propósito, hace unos meses, entregó una matriz de colaboración en la que detalló nombres y hechos de los cuales quiere hablar.
En la matriz, que reposa en el despacho del fiscal 35 de la Dirección contra el Lavado de Activos, aparece un tema relacionado con un nombre familiar para la opinión pública: el del penalista Jaime Granados, defensor de políticos como el expresidente Álvaro Uribe; de oficiales de alto rango, como el general (r) Nicacio Martínez, excomandante del Ejército; y conocido por casos mediáticos como el de Luis Andrés Colmenares, en el que asesoró legalmente a Laura Moreno. Es uno de los abogados de Cemex para los asuntos penales que derivaron del episodio de posible corrupción y, según Édgar Ramírez, la oficina de investigadores que trabaja con Granados se prestó para cometer una irregularidad en favor de Cemex.
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La razón por la que los caminos de Ramírez y Granados se cruzaron se remonta a septiembre de 2016, cuando Ramírez, vicepresidente de Planeación de Cemex para Colombia y América Latina, resultó desvinculado de la compañía en medio de una grave acusación: que, al parecer, se prestó para que Cemex comprara un terreno en Maceo (Magdalena Medio antioqueño) a pesar de que el lote tenía problemas legales. Cemex pagó más de $42.000 millones, pues quería la tierra para explotar una mina de piedra caliza y construir una planta que aumentara en más de un 20 % su producción local. Pero el lote estaba “envenenado”, pues tenía un proceso de extinción de dominio a cuestas.
En 2016, tras culminar una auditoría interna, Cemex divulgó la suspensión de Ramírez. En 2017, la Fiscalía anunció imputación de cargos en su contra por administración desleal, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado, pero de Ramírez ya no había rastro. Él, sostiene la Fiscalía, llevó a que Cemex pagara más de $42.000 millones por una tierra en Maceo, Magdalena Medio antioqueño, para dar dinero a terceros y quedarse él mismo con una tajada, con la cual habría comprado un apartamento. En 2018, la Fiscalía solicitó su captura, avalada por un juez de la república —la orden de arresto sigue vigente—. Ahí mismo fue declarado en contumacia; es decir, en rebeldía para comparecer ante las autoridades.
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Pero Ramírez sostiene que tiene mucha información privilegiada para aportar en contra de Cemex, por irregularidades que van más allá del caso del lote en Maceo y quiere ser testigo en contra de la multinacional. Con ese propósito en mente le entregó a la Fiscalía una matriz de colaboración en la cual enumeró los temas sobre los cuales, asegura, podría declarar. Y uno de ellos involucra a la empresa Investigaciones Estratégicas & Asociados, que subcontrata el bufete de Jaime Granados para hacer sus propias indagaciones y recaudar evidencia. Ramírez consignó que esa compañía había hecho dos “vueltas” para favorecer a la multinacional Cemex.
La primera, que trabajadores de la empresa “suplantaron personal del CTI de la Fiscalía utilizando prendas de dicha entidad en las instalaciones de Cemex”. Y la segunda, que empleados de la misma empresa se prestaron para movilizar armas sin salvoconducto. Ramírez dijo a la Fiscalía que estaba dispuesto a convertirse en testigo de cargos en contra de cuatro personas: Carlos Fernando Salazar, gerente de Investigaciones Estratégicas & Asociados; Jaime Muguiro Domínguez, español, presidente de la junta directiva de Cemex Latam; Javier Velázquez Córdova, venezolano, un director regional; y Hugo Ricardo Acuña Ramos, gerente en Colombia.
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De acuerdo con la versión de Ramírez, Salazar, bajo la coordinación de Muguiro Domínguez, diseñó y ejecutó “todos los detalles para ocultar información e inducir a error con respecto a la veracidad de los hechos, suplantando e induciendo al error a la autoridad judicial”. Muguiro, dijo, “ordenó la contratación de Investigaciones Estratégicas para llevar a cabo la manipulación de información”. Velázquez Córdova “ejecutó las instrucciones de Jaime Muguiro, por lo que organizó todo lo necesario para realizar los hechos” y Acuña Ramos “fue enlace con Investigaciones Estratégicas”. De esa manera, aseguró el exejecutivo de Cemex, se llevó a cabo el plan de la suplantación del CTI.
“Es un absoluto mentiroso”
El Espectador habló con el abogado Jaime Granados, quien, de entrada, rechazó la versión de Ramírez. “Es un contumaz, un prófugo y un absoluto mentiroso”, expresó el litigante sobre Ramírez. Granados explicó que esta es la primera entrevista que da en cuatro años con respecto al caso Cemex y que lo hace para defender el buen nombre de su oficina y de la empresa de investigadores con que trabaja. “Es falso todo lo que ha dicho el señor Édgar Ramírez. Es falso que se hayan adelantado procedimientos donde se haya suplantado al CTI o a las autoridades para obtener entrevistas o materiales probatorios. Es falso que se haya suplantado al CTI para hacer requisas y ocultar armas”.
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Granados asevera que Investigaciones Estratégicas & Asociados es de las empresas más antiguas en el sector y trabaja con transparencia, ajustada a los protocolos. Sobre las armas, cuenta que cuando Ramírez fue desvinculado de Cemex, en su oficina fueron halladas dos pistolas, lo cual iba en contra del código de ética de Cemex. Una, al parecer, estaba al día en tema de salvoconducto, la otra no. Los investigadores se la llevaron a su bodega de evidencias, porque Cemex no cuenta con un espacio de esa naturaleza, y allá fue luego Ramírez a recuperarlas. Ellos se las devolvieron, pues “no somos autoridad para retener armas”, añadió el abogado Granados.
“Sobre su supuesta colaboración con la Fiscalía, no hay en este momento ningún avance. Esa matriz fue rechazada durante la audiencia de acusación, que se hizo recientemente. El tipo todo lo que dice es mentira. Y ahora pretende usarlos a ustedes, un medio de comunicación prestigioso, con información falaz”, refutó Granados. El Espectador trató de verificar de manera independiente si es cierto que la matriz fue rechazada, pero no lo pudo establecer. Le preguntó a otra persona que estuvo en la lectura de la acusación si el fiscal hizo tal referencia, pero respondió: “No me suena”. La pregunta se trasladó a la Fiscalía, pero la oficina de prensa advirtió que la directora es nueva y, por ende, tardaría en responder.
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Así las cosas, este enredado caso avanza lenta y sigilosamente, incluso en la coyuntura de la pandemia por el COVID-19, en la cual la mayoría de procesos judiciales están varados. La Fiscalía no ha pedido aún luz verde sobre algún preacuerdo o principio de oportunidad con Édgar Ramírez. La audiencia preparatoria (en la que se determina qué pruebas y testigos se admiten para juicio) comenzó el pasado 28 de abril y continuará el 14 de julio próximo. “No me sorprende que alguien que está huyendo de la justicia, con orden de captura que se renovó hace poco y con tantas denuncias en su contra, diga estas cosas. Lo único que hace es decir mentiras”, insistió Granados.
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