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Tras más de siete años de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la instancia judicial creada con el Acuerdo de Paz de 2016, está alistando todo para emitir las primeras sentencias restaurativas a máximos responsables de crímenes cometidos en el marco del conflicto armado interno. Un parteaguas en la historia jurídica de Colombia, por ser la primera decisión que, en lugar de castigar con cárcel o multas económicas a responsables de delitos, los sancionará con medidas de restauración a las víctimas.
Pero el cumplimiento de las sentencias no está del todo garantizado por cuenta de los problemas fiscales y los recortes al presupuesto de la Nación, lo que tiene en alerta a varios entes de control.
Son dos las sentencias que, según dijo hace una semana el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, saldrán aproximadamente el próximo 15 de septiembre. Según el togado, en este momento, los proyectos de fallo de ambas sanciones están siendo estudiados por la justicia transicional. La primera sanción es la del macrocaso 01, que investiga los secuestros cometidos por integrantes de las antiguas Farc.
La otra es la del macrocaso 03, que busca esclarecer asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, puntualmente los 127 casos de falsos positivos ocurridos entre los años 2002 y 2005, en el Batallón La Popa, de Valledupar (Cesar).
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El ojo sobre las finanzas
El asunto de los recursos para financiar la correcta implementación de las sanciones restaurativas de la JEP, especialmente de las dos ya mencionadas, empezó a sonar hacer menos de una semana, el 26 de agosto, cuando el magistrado Ramelli anunció que el Gobierno ya había girado los primeros $20.000 millones para la implementación de las sentencias.
Pero agregó que aún faltan $30.000 millones que deben ser consignados a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Esa es la entidad del Ejecutivo que estará al frente de llevar las cuentas y manejar los recursos que se destinarán a los proyectos restaurativos, que son la columna vertebral de las sanciones restaurativas de la JEP.
La Contraloría General fue la primera en levantar la mano y lanzar una alerta por los problemas fiscales a los que podría enfrentarse la implementación de las sanciones restaurativas. El 28 de agosto, dos días después de anunciarse el reembolso de los primeros $20.000 millones, el ente de control señaló que, en realidad, son $500.000 millones los que el Estado necesita para el cumplimiento de las sentencias y la reparación de las víctimas.
La entidad aseguró que ese monto todavía no se ha asignado dentro del Presupuesto General de la Nación para el próximo año y varias entidades están al borde del asiento esperando decisiones que destraben esta ejecución presupuestal.
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“La Contraloría observa que presupuestalmente no se encuentran los recursos para los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (de donde saldrán las sanciones restaurativas) y no se vislumbra la financiación ni la sostenibilidad a mediano y largo plazo de las mismas. Así mismo, no se tiene certeza de la financiación de los proyectos que las entidades tienen definidos para la implementación y ejecución de las sanciones propias”, indicó el ente de control en su pronunciamiento.
También hizo un llamado de atención a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) pues, en su concepto, la baja monetización de los bienes de las antiguas Farc que ellos administran ha sido parte del palo en la rueda para reparar a las víctimas.
Para el contralor, Carlos Hernán Rodríguez, “la falta de articulación y coordinación puede conllevar a una implementación ineficaz de las medidas e impedir que las sanciones y los procesos restaurativos asociados tengan un impacto real y positivo en las víctimas, las comunidades afectadas y en los procesos de reincorporación, reintegración y definición de la situación jurídica de los comparecientes, afectando su seguridad jurídica”.
Además, Rodríguez advirtió que, un fracaso financiero en la implementación de las sentencias que la JEP está a punto de emitir, tras siete años de espera por parte de las víctimas, llevaría “a la revictimización, frustración de la comunidad y la afectación reputacional de la justicia transicional en Colombia”.
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Las cuentas del gobierno
No solo los organismos de control advirtieron que, dentro del Presupuesto para 2026, hay un vacío relacionado con los recursos para la paz. Gloria Cuartas, directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, le dijo recientemente a El Espectador que, para la vigencia del próximo año, los recursos de funcionamiento e inversión de las entidades relacionadas con el cumplimiento del Acuerdo se quedan cortos.
Se refirió específicamente al Fondo Colombia en Paz, que administra, coordina y ejecuta los dineros destinados a ese fin. Aunque pidió $1,10 billones para su funcionamiento y $2,73 billones para inversión, el gobierno solo planteó darles $611.105 millones y $84.648 millones, respectivamente.
“Estas cifras evidencian una reducción significativa en comparación con la asignación correspondiente a la vigencia de 2025, la cual asciende a la fecha a $1,53 billones”, dijo la directora Cuartas.
Y agregó: “En términos porcentuales, esta disminución representa un 46,33 %, lo cual impacta de manera directa la implementación del Acuerdo de Paz que se ejecuta a través de entidades como Renovación del Territorio, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Agencia Nacional de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Programa de Sustitución de Cultivos, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad para las víctimas, entre otras”.
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El ejemplo más evidente de la situación presupuestal puede estar en el presupuesto de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Esta entidad fue la que hace unas semanas recibió los $20.000 millones de los $316.000 millones que prometió gobierno para ejecutar las sentencias de la JEP.
Tania Rodríguez, directora programática de la Agencia, señaló a este diario que hay una explicación de por qué fue tan escaso ese desembolso. Todo ocurrió en una reunión hace unas semanas en la que participaron Alejandra Miller, directora de la ARN, el magistrado Alejandro Ramelli y representantes de entidades del gobierno como el Ministerio de Hacienda.
Allí, el Ejecutivo lanzó la advertencia: ante la crisis fiscal que vive el país, es imposible entregarles todo el dinero que pidieron (los $316.000 millones). En consecuencia, solo pueden darles la cifra que pueden ejecutar en lo que resta de este año. Por eso, después de hacer cálculos, llegaron al monto de los $20.000 millones. En ese sentido, para optimizar recursos dentro de la crisis, esa sería la suma que se consignaría en principio.
“Esos $20.000 millones ya tienen resolución de distribución, pero todavía no están disponibles para ejecución”, agregó la funcionaria. Aunque los recursos para este año ya están asegurados, en concepto de Rodríguez, lo problemático del asunto es que aún no se sabe de dónde saldrá el dinero que falta para que en 2026 la implementación de las sanciones puedan seguir adelante y no se queden estancadas.
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Preocupaciones y gestiones en la JEP
El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, le dijo a El Espectador que han mantenido un diálogo con entidades de todos los niveles en el Gobierno Nacional, con el objetivo de garantizar que haya dinero para financiar el cumplimiento de las dos sentencias que se conocerán este mes y de las otras que la justicia transicional empezará a expedir progresivamente, a medida que avanzan las investigaciones de sus macrocasos.
“Tratándose del Fondo Colombia en Paz, pese a las dificultades, gracias a la coordinación entre la JEP y la ARN, se logró este primer desembolso que, según nos ha dicho el Gobierno se complementará con otros, cuyo monto y fecha debe definir el Fondo. La entrega de los recursos restantes depende del Ejecutivo”, dijo el magistrado. Además, hizo énfasis en que será la ARN la entidad encargada de adminsitrar esos recursos.
El togado también se refirió a la incertidumbre sobre el riesgo que los problemas de caja del gobierno podrían plantear para el cumplimiento de las sanciones propias. En ese sentido, señaló que la JEP está buscando caminos para garantizar el su aplicación: “Al ver cuán difícil ha sido lograr la financiación gubernamental, la JEP ha entablado conversaciones con cooperación internacional y con el sector privado nacional e internacional”.
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Señaló que la preocupación por los problemas de financiación para implementar las sentencias sí existe, pues no son solo los $20.000 millones que se deben ejecutar en lo que queda de este año y que ya fueron consignados, ni los $316.000 millones que dice la ARN que se deben depositar, en total, para ser ejecutados de aquí al final de 2026. “Lo que resulta preocupante es que se requieren recursos para el cumplimiento de sanciones que tomarán entre cinco y ocho años y éstos no se han previsto aún”, le dijo Ramelli a este diario.
“Pese a la Circular Externa Número 012 de 2025, en la que el Ministerio de Hacienda les recomendó a las entidades del Gobierno que en su presupuesto se atendieran los gastos priorizados para el cumplimiento de las sentencias, el actual proyecto de presupuesto no prevé esos rubros”, señaló el magistrado. Y agregó: “Esto es muy preocupante, confiamos en que las entidades corregirán este vacío, pues sin esos montos a futuro para la ejecución de las sanciones será muy difícil la materialización de las sentencias con las que se busca la garantía de los derechos de las víctimas”.
A los problemas financieros se suma otra situación que también ha sido planteada en las últimas semanas, especialmente después de las audiencias de verificación en los casos de falsos positivos en el Batallón La Popa y de secuestros cometidos por exintegrantes de las antiguas Farc. Se trata de la postura de una parte importante de las víctimas, que han dicho que no se sienten completamente reparadas con los proyectos que harán parte de las sanciones restaurativas.
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“Entendemos y respetamos las opiniones de las víctimas; hacemos lo posible por tramitar sus peticiones. Sin embargo, en un escenario tan complejo, con miles de víctimas muy diversas entre sí, es imposible lograr el consenso”, dijo el magistrado. “Insisto en que las críticas de las víctimas a los proyectos de sanción son prueba de que las estamos teniendo en cuenta. El riesgo no está en las voces disidentes, éstas enriquecen el proceso, el peligro sería no escucharlas”, concluyó.
Miedo al elefante blanco
Tanto la propia JEP, como la Contraloría, la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Pa y, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, coinciden en lo mismo: aunque en principio estaría asegurado el cumplimiento de las sentencias en lo que queda de 2025, especialmente en materia de acciones para la construcción de memoria histórica y obras de infraestructura comunitaria, la disposición de recursos para que eso siga adelante en 2026 es una incógnita.
La directora Rodríguez explicó que, de los $500.000 millones que se requiere el Estado (según la Contraloría), hay acciones que se adelantarán a través de ministerios y entidades del gobierno, tal y como quedó establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Eso podría disminuir el nivel de incertidumbre.
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Camilo Fagua, coordinador nacional de la defensa de los firmantes de paz, le dijo a este diario que los exintegrantes de las antiguas Farc sí tienen disposición de cumplir las sentencias. Puntualmente con la del caso de secuestros, que se conocerá este mes.
“Los firmantes del acuerdo siguen cumpliendo sus compromisos, independientemente de las ausencias y la falta de planificación por parte de la JEP y la ausencia en la oferta estatal real que permita generar un compromiso y fortalecer los procesos restaurativos que se vienen realizando”, señaló. Mientras se conocen las sentencias y en medio de la crisis fiscal, será el gobierno el que tendrá que exponer las acciones concretas para evitar que las sentencias se conviertan en elefantes blancos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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