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Alexánder Vega Rocha inició sus funciones como registrador nacional del Estado Civil el pasado 6 de diciembre y ya tiene sobre sus hombros el peso de una demanda que cuestiona su elección, producto de un proceso que realizaron los presidentes de las altas cortes, y que pide suspenderlo del cargo. El caso está en manos del Consejo de Estado que, antes de decidir si admite la demanda, pidió a cada parte que se defendiera en una decisión que será crucial para el futuro de la Registraduría.
Vega fue elegido el pasado 10 de octubre luego de superar con un puntaje de 732.423 un proceso de selección por méritos que fue creado este año por los presidentes de Altas Cortes, quienes por ley son los encargados de hacer esta elección. El concurso incluyó la evaluación de la hoja de vida, una prueba de conocimientos y entrevistas personalizadas. Los abogados y analistas Iván Velásquez, Camilo Enciso, José Roberto Acosta, León Valencia, Ariel Ávila y Catherine Juvinao dicen que el proceso tuvo vicios.
(Contexto: Alexander Vega fue elegido como nuevo registrador)
Por ejemplo, que las entrevistas se realizaron en un espacio privado que supuestamente fue cambiado a última hora, sin la suficiente publicidad, sin la presencia de terceros imparciales que ejercieran control, entre otros. “Se privó a la sociedad civil de la posibilidad de ejercer control sobre la calidad, pertinencia e idoneidad de las preguntas realizadas a los aspirantes, de tal forma que resulta imposible verificar si las entrevistas cumplieron de manera efectiva con su principal objetivo, esto es, evaluar las aptitudes e idoneidad profesional de los aspirantes”, dice la demanda.
También aseguran que los presidentes de las Altas Cortes “irrespetaron de manera abierta las reglas establecidas para la evaluación de los aspirantes” porque justo después que terminaron las entrevistas, anunciaron el resultado que entregaron a cada uno de los diez aspirante de manera consensuada, cuando -en su criterio- la calificación debía ser individual. El caso lo tiene la magistrada Rocío Araujo de la Sección Quinta, quien solicitó a los presidentes de Cortes que se pronunciaran sobre la petición de suspender de manera provisional al registrador Vega.
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“La medida cautelar ordinaria no es procedente, toda vez que no hay una leve brizna de duda sobre la actuación o sobre la forma como esta se desarrolló o sobre el proceder de los organizadores y ejecutores del concurso que empañe la constitucionalidad o la legalidad de la elección, y porque bajo esas circunstancias no existe manera de considerar algún perjuicio generado a partir de ella y, menos aún, que el mismo sea irremediable”, dice la respuesta conocida por El Espectador.
El documento firmado por Lucy Jeanette Bermúdez, presidenta del Consejo de Estado; Gloria Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional; y Álvaro García, presidente de la Corte Suprema, alega igualmente que la elección de Vega se hizo con “plenas garantías” legales y que suspenderlo no es una medida ni urgente o inmediata “pues ella no impide que se configuren los derechos adquiridos del candidato electo para el cargo”.
Sobre las entrevistas, los presidentes de las Altas Cortes indicaron que para su realización se envió un correo electrónico a cada candidato y adjuntaron las copias de cada uno. Y explicaron que, si bien estaban planeadas para hacerse en el Palacio de Justicia, se trasladaron al Club de Suboficiales de la Policía Nacional ya que el 10 de octubre se iban a realizar manifestaciones. “La variación fue publicada en las páginas web de las tres corporaciones, por las redes sociales y vía correo electrónico y telefónica a cada uno de los participantes”, dice el recurso.
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El registrador Alexander Vega señaló al Consejo de Estado en un documento de 12 páginas que no hay lugar a suspenderlo del cargo porque la demanda no cuenta con la suficiente argumentación para ello, y porque -en su criterio- no hubo irregularidades en el proceso que adelantó y en el cual obtuvo la mejor votación. “La supuesta vulneración a los principios de publicidad, transparencia y participación ciudadana no se materializó”, dijo.
Vega asegura que supo con el debido tiempo del cambio de lugar de la entrevista y que, “en épocas actuales, la publicidad desplegada a través de internet, redes sociales y páginas web, está llamada a ser más divulgada y efectiva que la que se surte a través de los canales tradicionales del siglo pasado”.
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Sobre la forma de calificación de su entrevista, el registrador dijo que en el formato de calificación que utilizaron los presidentes de las Altas Cortes no se evidencia si fue conjunta e individual y que, en todo caso, esto no afectó su calificación. “Además, estas reglas y formas fueron idénticas para todos los preseleccionados. Así, la entrevista se desarrolló de la misma forma para todos, y, en el mismo sentido, todos fuimos calificados de igual manera”.
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