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Gregorio Eljach, quien por 12 años fue secretario general del Senado, es el nuevo procurador general y sucederá en el cargo a Margarita Cabello a partir de enero de 2025. En diálogo para El Espectador, se refirió a su aplastante victoria, lo que le espera a la entidad con su llegada, lo que le pidió Petro para ternarlo y que ya adelanta conversaciones con las ramas del poder para que, reformando la Constitución, se defina el futuro y poder del Ministerio Público. Además, los proyectos que tiene en mente adelantar y los puentes que busca tender entre ramas del poder público. También, habló de su preparación para manejar el ente de control, lo que le pidió el presidente Petro a la hora de ternarlo y el diálogo que ya viene adelantando para entrar con toda propiedad a su nueva posición.
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¿Cómo se consigue ser elegido casi con el 100% de los votos en el Senado?
Creo que hay un factor definitorio y es la confianza. Confianza generada en el trato personal, en el conocimiento de temas de derechos parlamentarios, en los resultados positivos de las últimas legislaturas, en la articulación entre el trabajo de la Secretaría (del Senado), que es el trabajo Legislativo, y lo que hacen las UTL y lo que hacen las comisiones que es donde se tramitan las leyes. Tienen seguridad que hay una persona que tiene el conocimiento suficiente, sólido, la experiencia, que juega mucho, y el carácter para hacer la Secretaría General de 105 senadores y también la Procuraduría General para todos los colombianos.
Se ha puesto en entredicho es independencia que puede llegar a tener en la Procuraduría debido a su cercanía con los políticos en el Congreso. ¿Cómo garantizará que sí va a ser independiente en un ente de control que vigila precisamente a políticos?
Hay que distinguir dos escenarios. Uno, el apoyo abrumador y muy satisfactorio de a plenaria fue por haberme ternado el presidente Petro, pero hubiera sido el mismo o más si me hubiera ternado la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el apoyo, la credibilidad en Gregorio Eljach es la confianza de que lo va a seguir haciendo bien, es la confianza en su formación y en el carácter independiente. Precisamente dentro de tanta diversidad en la plenaria, con nadie, pero con todos. Eso hubiera sido igual con una o con la otra.
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Lo que hay que resaltar es que tenga uno voluntad. La Procuraduría es un órgano independiente, autónomo, de control, que no pertenece ni a la rama Ejecutiva, ni a la Legislativa, ni al poder judicial, pero es como una prolongación natural de toda la rama judicial hacia la sociedad. De manera que eso está bien diseñado así, creo que son riesgos que existen. No me parece que desde ya, a unas pocas horas de haber sido elegido, ya se esté tachando, negando, siendo fatalista, con la gestión de una persona a la que todavía no se le ha dado la oportunidad de ir a conocer la fachada del edificio.
Lo que yo sí le puedo ofrecer a los colombianos es que yo, además de mi experiencia y formación académica profunda y bastante consolidada, tengo carácter, personalidad, mi propia forma de hacer las cosas y defenderlas. Por lo tanto, puedo garantizar que la participación del presidente es solo para postular, y la participación de los congresistas es elegir, pero ahí la criatura crecerás y caminará sola y responderá ante Colombia entera. Tengo la convicción de que es un desafío grande, un reto inmenso, pero tengo la seguridad de que estoy con el equipaje necesario para salir adelante.
En su discurso de victoria dijo que esperaba responder a la confianza, pero también a la amistad. Habló de crear alianzas y tender puentes, ¿Cómo hacer todo esto al tiempo?
Es algo integral. Lo de la amistad es el relacionamiento de la función administrativa, legislativa que hace la Secretaría del Senado. Yo llevo 12 años en la Secretaría, pero me han tocado cuatro promociones de Congreso, de manera que no ha habido mucho tiempo para entablar algo muy cercano con cada quien, porque van llegando nuevos. Las cortes sí tienen permanencia, son periodos de ocho años, pero la formación de ellos es diferente, más refinada en términos de conocimiento jurídico, y eso es positivo.
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Lo que yo debo hacer como procurador, y ya he empezado a dar los primeros pasos, es buscar las cortes. La Suprema, en primer lugar, donde me sentí tranquilo, cómodo por unos señores que no había tenido la oportunidad de tratarlos a todos en la misma semana y me parecieron colombianos que quieren acertar y tienen el conocimiento jurídico y científico del derecho, pero también tienen el deseo de hacer lo mejor.
Mi concepción de la Procuraduría como prolongación de la justicia en general sigue siendo la misma. Me parece que debe haber, va a haber, y estoy construyendo una relación cordial, respetuosa de los roles, considerada en términos de la importancia que tiene cada uno de esos estancos del Estado de Derecho, porque compartimos una visión común de sociedad y compartimos una norma en común todos que es la Constitución Política.
Se ha cuestionado también si la Procuraduría debe desaparecer o no, y qué poderes debe tener realmente en cuanto a sanciones. A su parecer, ya como electo, ¿Qué es lo que debería hacer la Procuraduría?, ¿Cómo ponerle punto final a estas discusiones?
Sobre la existencia o no del Ministerio Público, para mí, no tiene sentido. Si yo aspiré y fui elegido y me voy a posesionar como procurador, no es como sepulturero de la misma, es para repotenciarla. Hago énfasis en que hay que reacomodarla y darle la fuerza y el galope que necesita hoy en día en esta sociedad tan resquebrajada. Que quede claro que Gregorio Eljach no está participando de la idea ni de un extremo ni del otro de acabar la Procuraduría, al contrario, hay es que fortalecerlo.
Sobre lo de la aplicación de la convencionalidad en punto a la sanción eventual a servidores públicos de elección popular (alcaldes, gobernadores, concejales, congresistas, entre otros) hay que precisar varias cosas. No estamos en el primer día de la creación de la decisión, porque esto se suscitó en el fallo del caso Petro. El mundo ha evolucionado, el derecho ha cambiado, las circunstancias no siempre son las mismas y ya hay manifestaciones y nuevos ladrillos en la construcción de ese edificio jurídico, conceptual, académico, científico, que, por ejemplo, fallos o autos en el Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, incluso divergentes.
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Hay normas genéricas para muchos Estados y cada uno debe aplicarla a su normatividad interna, de acuerdo con sus principios, valores y fundamentos constitucionales, pero también sobre sus costumbres y tradición jurídica, que la de Colombia es muy aquilatada, y las circunstancias materiales. Entonces el tema no es como una foto que se va repitiendo, sino que es como una película que va andando.
El Consejo de Estado está a punto de expedir una sentencia de unificación para ver cómo el contencioso-administrativo debe dar cumplimiento finalmente a la convención. Hay re recordar que la convención no está por encima de la Constitución, es dentro de ella, porque los tratados internacionales hacen parte de los textos constitucionales. La aplicación de ese texto importado, pero parte del bloque de constitucionalidad, hay que hacerla a la luz de las normas que dice la constitución, sobre la interpretación de normas que están dentro de ella. Eso es un avance en el derecho público colombiano.
Falta entonces que el Consejo de Estado determine lo que piensa y que se cumpla algo que tanto el Consejo como la Corte Constitucional le han dicho al Congreso “mire, esto se resuelve, por lo menos, expidiendo unas normas de tipo estatutario que le den garantías plenas a los funcionarios de elección popular, para que cuando se les discipline, no les vayan a vulnerar sus derechos”. Pero no dice que debe ser de determinada manera o con determinada norma. Señor Congreso, usted que es el soberano en materia de legislación, diga cómo Colombia va a aplicar de aquí en adelante estos elementos y estos instrumentos.
Lo que yo como procurador pienso es que lo mejor para Colombia es, conociendo ya la sentencia de unificación del Consejo de Estado, un acto legislativo que ponga punto final a la discusión y diga, al menos, “en Colombia la aplicación de disposiciones de derecho internacional a los que el país está obligado se harán con las siguientes reglas, criterios, principios”. Cuando el Congreso diga eso y sea norma constitucional, tendremos las respuestas a todas estas inquietudes.
¿Esta iniciativa que menciona la lideraría usted como procurador?
Eso hay que hacerlo en Constitución, no en Ley, desde arriba, en lo máximo. Lo que me propongo es tener una iniciativa, pero no solo. El procurador es un servidor público, no es Superman, y para eso también hay el acompañamiento y el interés de la Rama Judicial. Por ejemplo, la Corte Suprema, que es muy importante, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, que son indispensables, porque ahí todos somos actores. Al final lo que se va a resolver es apenas el tema disciplinario: garantía constitucional de los derechos disciplinarios del elegido popularmente. Es una tarea entre todos, yo no creo que sea sensato llegar con una iniciativa peregrina elaborada en un cubículo de una oficina, sino una en armonía con las cortes, el Congreso y la academia, y de cara a la Nación. Esa es una, no es la única.
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Hasta ahora, a unas pocas horas de haber sido escogido, es lo que vengo elaborando como una propuesta para llevar a las cortes, consultarlas, tratar de concertarlas, ver si les parece así. Si quieren tomar ellos el liderazgo, yo no tengo ningún inconveniente, lo importante es el resultado para que Colombia supere estas discusiones y trabas que lo que hacen es perturbar el normal funcionamiento del Estado.
Consensos y la iniciativa constitucional es lo que dice que va a llegar a hacer, ¿Qué otros enfoques tiene?
La Procuraduría tiene unas funciones muy complejas, abundantes, que entre ellas se estorban para cumplirlas a cabalidad todas. Lo que creo es que hay que ser sensatos y escoger lo que la Constitución dice como prioridad. Lo disciplinario, la prevención y la intervención judicial. Esta última hay que refinarla mucho. Pienso que ha venido en desmedro la participación de la Procuraduría en los procesos penales por el cambio del sistema inquisitivo al acusatorio y no hubo suficiente adaptación de la intervención. Por ejemplo, que sea obligatoria o que no haya la misma persona en la primera etapa de instrucción y en la segunda etapa, en el juicio, porque entonces el criterio ya viene comprometido desde el principio.
Además, que haya más eficiencia en el trabajo, en la calidad del trabajo de los que representan a la Procuraduría y se gane el respeto y el acatamiento de los demás actores del proceso civil, penal, administrativo, de familia, agrario, etc. Es un tema a mediano plazo, pronto no se va a lograr, pero hay que empezar a hacerlo. Lo mismo en el talento humano de la gente que trabaja allí. Ese mejoramiento de la capacidad de rendimiento pasa porque haya condiciones para que se desempeñen, las condiciones laborales en las que se desempeñen, los derechos laborales que tienen, que se vuelvan una realidad.
Cuando el presidente Petro se reunió con usted para ternarlo, ¿Cómo fue la conversación con él?
Fue una conversación breve y cordial. Recordemos que el presidente permaneció varios periodos como senador y yo como secretario del Senado, y del Congreso, y de allí pude servirles, ayudarles, conocerlos y tratarlos. A él y todos los que han pasado por allá. Desde lo parlamentario y lo político no éramos un par de extraños sino más bien dos viejos conocidos, que manejábamos lenguaje de demócratas. Me dijo: “Gregorio, no quiero impunidad para nadie, así sea del gobierno”. No tenía que pedírmelo, pero es un gesto noble de su parte y que indica un talante de no incurrir en los viejos vicios de ejercicio de lo público.
Lo segundo que me dijo es que no quiere que la Procuraduría se convierta o siga siendo una policía política, una institución de persecución a otros funcionarios, servidores o gente que no participe de la ideología del procurador. Para un socialdemócrata como yo esa es una petición que sobra, que me sorprendió, pero que la entiendo. Colombia me conoce y lo sabe, yo jamás de los jamases, en ningún cargo público o en la vida privada, he podido caer en esa trampa y esa arena movediza de andar persiguiendo y arrinconando al que no piensa igual que uno. Al contrario, yo soy un hombre de libertades, convicciones y de avanzada, si se quiere. Para mi ese tema de la izquierda y la derecha, esa división que fracciona, que nos enfrenta, que polariza, eso se inventó fue cuando surgió el parlamento inglés. Eso fue superado hace tiempo. Yo no caigo en esa trampa.
Creo que tenemos demasiado territorio y poco Estado, poca institución. Hay que llevar las instituciones a los territorios. Es una idea de hace tiempo. En el Estado tenemos mucho presidencialismo institucional y poca participación de la comunidad. Eso hay que irlo corrigiendo en el tiempo. Se escuchan propuestas de reorganización. Yo soy un experto consumado en el tema de la organización territorial del Estado, que abordaré en el ejercicio. Colombia debe entrar decididamente en una etapa de redefinición de su organización territorial. Hay un déficit de democracia. Uno no puede decir que la hay, cuando la gente no tiene la posibilidad de alimentarse o educarse. Con que criterio de escogencia van a ir unas personas a votar, cuando el Estado mismo no les ofreció la posibilidad de educarse para poder discernir.
Se habló de que no lo podrían elegir senadores por la cercanía que tenían con usted, ¿le preocupa que demanden su elección y la tumben?
No me preocupa y tengo la seguridad de que van a llegar múltiples demandas y de múltiples sectores, algunos menos interesados que otros en malograr la decisión del Congreso. Eso es inevitable. Y eso en Colombia se ha vuelto como una especie de deporte. Tratar de tumbar las cosas por que sí. Esto se estudió mucho. Yo no me voy a someter a un proceso de estos solo por un afán de farándula.
La verdad es que no hay ningún asomo de inhabilidad, de incompatibilidad. No existe régimen de conflictos de intereses. Lo dice la ley orgánica de la disciplina interna, la ley 2003 de 2019, es que cuando se trata de elegir funcionarios, para los congresistas no hay conflictos de intereses. No se tienen que declarar impedidos y tampoco son recusables, salvo que se trate de un parentesco, y no lo tengo.
En esto hay un mercado de ideas, un poco subterráneo, de querer poner en entredicho las decisiones de las autoridades para buscar que se genere una polémica y de ahí seguramente también que se derive trabajo para mucha gente que no tiene trabajo. Lo doloroso de esto es que se presente gente académica y que son ejemplo para muchas personas que van allá a ver el conocimiento que los maestros le deben enseñar y, luego, los hagan incurrir desde chiquitos en esta forma tan torticera de querer demostrarlo que no es demostrable.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhordan C. Rodríguez
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