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La lucha antidrogas de Colombia estará bajo estricto examen del Departamento de Estado estadounidense hasta septiembre y de esos los resultados dependerá mantener la certificación norteamericana en esa batalla. El “ok” podría significar la entrada de millonarios recursos que serán invertidos en los objetivos más relevantes para el gobierno de Gustavo Petro y de la administración de Donald Trump, entre ellos, la prevención del consumo, la interceptación de cargamentos, la erradicación de cultivos y la lucha contra el negocio del narcotráfico. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, explica cómo se está avanzando para lograr la certificación y señala que Colombia no es el único que pierde en caso de que se raje.
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¿Cuáles son las preocupaciones del Departamento de Estado expuestas en su último informe sobre Colombia?
El tema en particular son las nuevas líneas antidrogas que tiene como preocupación el nuevo presidente Donald Trump. Líneas que se identifican muy bien con las que tenemos nosotros. Si uno revisa el documento, él habla de campañas de prevención para que las personas no sean adictas. Y ese es un punto que hemos venido trabajando junto con el Ministerio de Salud. Además, entre sus preocupaciones está la lucha contra el narcotráfico, que para ambos países es vital. En tercer lugar, consideran prioritario combatir al crimen organizado. Por tanto, no le veo distancia entre lo que ya se está haciendo en Colombia.
¿Las tres preocupaciones están en el mismo nivel para Estados Unidos?
Así las plasma el documento, pero las tres son transversales. Sin énfasis en una línea, no se puede lograr el efecto en las demás. En el documento de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca se indica que la administración Trump se centrará en seis áreas clave durante su primer año. Entre sus prioridades está, para empezar, reducir el número de muertes por sobredosis, con especial atención al fentanilo; otra es asegurar la cadena del suministro global contra el narcotráfico; también está detener el flujo de drogas a través de las fronteras.
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Es prioridad prevenir el consumo antes de que comience; brindar tratamiento que conduzca a la recuperación a largo plazo; e innovar la investigación para respaldar las estrategias de control de drogas. Y esos, de hecho, son los mismos niveles que tenemos nosotros: prevención, lucha contra el narcotráfico y combate contra el crimen organizado. Eso está dentro del Plan Nacional de Desarrollo y en la Política de Drogas del ministerio. En detalle, entre las prioridades de Trump está perseguir redes y atacar a proveedores, intermediarios, distribuidores y financiadores. Esto se relaciona con nuestros niveles de interdicción e interceptación de drogas, que en estos dos años han sido los más altos de la historia.
En materia de incautaciones, por ejemplo, ¿cuáles son las cifras más recientes que le han entregado las autoridades?
Los datos que tenemos, a corte de marzo de 2025, con información de las fuerzas de policía y militares, es que durante este gobierno se han incautado 2.562 toneladas de hoja de coca y 2.104 toneladas de cocaína. También se logró la incautación de 233 toneladas de pasta base de coca, 1.134 de marihuana prensada y una de heroína. Se han destruido 13.797 laboratorios de pasta o base de coca y 514 cristalizaderos, donde se realiza la etapa final. Además, hemos erradicado más de 53.000 hectáreas de cultivos de coca. Y, desde agosto del año pasado, hasta hoy, hemos extraditado a casi 400 personas, de las cuales el 70 % son por investigaciones por tráfico de drogas, de muchas nacionalidades.
¿El país tiene márgenes mínimos, números que alcanzar, que Norteamérica solicite?
Hasta ahora no. Lo que dice Estados Unidos es “combata al narcotráfico” y eso es lo que estamos haciendo. Aquí caen alijos de droga por mar, tierra y aire, de todos los grupos, narcotraficantes y extranjeros. Aquí hay carteles mexicanos, que también son requeridos en Estados Unidos. Y les destruimos toneladas de droga y una gran cantidad de laboratorios. Yo no puedo decir qué puede pedir Estados Unidos, yo puedo decir lo que nosotros entendemos de las prioridades que se tienen. La prevención, por ejemplo, para mí es fundamental, porque la demanda es lo que genera la oferta.
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Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a corte de 2023, Colombia tiene 253.000 hectáreas de hoja de coca. ¿Estados Unidos no espera un número exacto de hectáreas erradicadas, por ejemplo?
No. El margen que ha puesto el presidente Gustavo Petro es erradicar 30.000 hectáreas este año. Pero también le estamos apostando a la sustitución de cultivos y a que no salga la mercancía. Nosotros podemos reducir el nivel de hoja de coca, pero si no hacemos interdicción e incautación, pues todo el material sale del país. Nosotros evitamos que ese material salga y que ya, producido, haga mucho más daño. La hoja de coca no es el problema, es el producto transformado. Y también estamos evitando que precursores, los químicos con los que se produce la cocaína, lleguen a determinados sitios. Tenemos priorizados 10 departamentos.
Es decir que nunca llegaron memoriales a través de la Embajada relacionados con una posible descertificación, ni nada por el estilo…
A mí, como ministra de Justicia, no me ha llegado un solo documento de ese estilo. A nosotros nos ha llegado la información clara de las nuevas políticas de ese país, pero por medios públicos.
Aun así, ¿van a intensificar el trabajo de aquí a septiembre en algunos de los aspectos?
La prevención ya es un fenómeno muy importante y una realidad. Tenemos proyectos de sustitución voluntaria en donde ya tenemos zonas azules, donde se ha liberado totalmente de hoja de coca. Eso es un esfuerzo grandísimo, sumado a los departamentos que llevan meses libres de la hoja. Ahora, si bien es cierto que las plantaciones han crecido en los márgenes del país, eso no quiere decir que toda esa hoja de coca sea procesada. Y la que se ha procesado, se le hace interdicción.
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En Colombia no podemos entender que la única victoria sea inundar los campos quién sabe de qué químico. Las acciones deben ser completas. Y, de hecho, hasta el 2023, el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos, mediante Aspersión Terrestre con Glifosato (PECAT), funcionó con erradicación manual, voluntaria y forzosa. Ahora el presidente quiere apuntar más al mecanismo de sustitución voluntaria, entendiendo que las comunidades ya hoy son conscientes de que la coca es una maldición porque los grupos armados organizados cooptan el territorio para acabar con las poblaciones.
¿De cuánta es la asistencia de Estados Unidos y en cuanto podría verse reducida en dado caso de que nos descertifiquen?
Yo no me atrevo a especular. Lo único que me atrevo a decir es que hay una asistencia importante y que es necesaria. No es un claroscuro sobre si se presta la asistencia o no, sino las repercusiones de que no haya asistencia. Esto es una colaboración mutua. La asistencia ayuda a que se genere un control mayor. Si Estados Unidos no nos certifica, grupos criminales internacionales presentes aquí podrían verse favorecidos. Desde luego que la descertificación trae consecuencias para el mundo, no solo para Colombia
La asistencia se invierte, entre otros rubros, en capacidad técnica. Mucha de la ayuda para el tema del control del tráfico y del combate con organizaciones criminales, también viene de esa cooperación con Estados Unidos. Cuando nosotros hablamos de la contención de la expansión de estos grupos, toca tener la visión de que son transfronterizos. Si eventualmente no le dan la asistencia a este país, el problema no es solo nuestro: es mundial. Al final pierden todos, porque el narcotráfico es un veneno que acaba con las poblaciones enteras en todas las fases de la cadena. El tema es cómo unimos esfuerzos. El profesor no es bueno porque raje al alumno. Es bueno porque le enseña a llenar las carencias a ese pupilo.
La Policía adelanta una licitación para la compra de glifosato para erradicación por vía terrestre, en un contexto en el que la aspersión aérea está prohibida. ¿El ministerio participó de ese proceso?
La máquina que se usa para la erradicación terrestre tiene una configuración diferente a la aérea. Cuando utilizamos la máquina que denominamos “cacorro”, que es la fumigadora que se utiliza en campo, tiene una concentración menos amplia, más dirigida a la mata y no al contexto general. Aquí hay una confusión mortal porque jamás se ha pensado la aspersión aérea. El ministro de Defensa anterior, Iván Velásquez, dejó firmada la autorización para la utilización de la aspersión terrestre. Esa cartera ha explicado que ese mecanismo se necesita y que será, en todo caso, la última opción. Esos contratos no están ocultos, están públicos desde el año pasado.
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Ahora bien, el Ministerio de Justicia no tiene decisión en los contratos de la Policía sobre glifosato, porque no está adscrita a esta cartera. Sin embargo, el tema me parece importante en el sentido de aclarar que la aspersión que se está previendo en estos contratos es terrestre, con una clase de glifosato diferente y como última opción.
Pero el Ministerio de Justicia debería tener voz y voto como cabeza de la política nacional de drogas…
Pero nosotros no somos operadores de ese programa. Lo tiene el Ministerio de Defensa. Nosotros no participamos y no aprobamos contratación. Lo que nosotros podemos pedirle a la Policía es que se haga PECAT en determinadas regiones.
¿Al menos le van a hacer seguimiento?
El presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas de Policía y Militares. Sobre la base de lo que autorice, el ministro de Defensa y la cúpula de la Policía se mueven. En el momento en que defina el presidente, miraremos el desarrollo del PECAT bajo este nuevo contrato. Pero si miramos el panorama completo, la interdicción, la incautación, el control de los precursores, todo de la mano, lo que va llevando es a que vayan desapareciendo los elementos que puedan procesar la coca.
¿Viajará a Estados Unidos para hablar sobre la certificación?
Estamos pendientes.
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