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¿Cómo afecta la casa por cárcel de manera diferencial a las mujeres? Esa fue la pregunta que quisieron responder las investigadoras Corina Giacomello y Teresa García Castro del grupo de investigación Mujeres, Política de Drogas y Encarcelamiento. Esta iniciativa de Dejusticia, el Consorcio Internacional de Política de Drogas (ICDP) y otras organizaciones mide cómo las políticas represivas contra las drogas han incidido en el encarcelamiento masivo de las mujeres y, en esta oportunidad pusieron el ojo en la prisión domiciliaria o arresto domiciliario, que en muchos lugares es visto como un beneficio.
El Espectador habló con García Castro, quien además es asociada de proyectos de la Washington Office for Latin America (WOLA) sobre las conclusiones del informe, que apenas están lanzando esta semana. Encontraron, por ejemplo, que hay barreras económicas, estructurales, y hasta de género para que las mujeres puedan acceder a la prisión domiciliaria. En un caso en Brasil, por ejemplo, no le concedieron la medida a una mujer porque, al ser consumidora de drogas, el juez consideró que era mejor mantenerla alejada de sus hijos, en lugar de brindarle algún tipo de apoyo.
¿De dónde sale la idea de poner el foco en los efectos de la prisión domiciliaria en las mujeres?
Este informe de arresto domiciliario decidimos hacerlo porque es una de las alternativas al encarcelamiento que, definitivamente, es mejor que estar privado de la libertad en una prisión, pero sigue siendo de las medidas más gravosas para la persona que la recibe. Llevábamos meses trabajando en el informe. Sin embargo, el contexto de la pandemia aceleró un poco todo y reforzó la importancia de este informe, por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque los riesgos sanitarios en las prisiones han provocado que los gobiernos tomen medidas alternativas al encarcelamiento. Y, por otra parte, las medidas que se han tomado alrededor del mundo de quedarse en casa nos parecen una oportunidad para sensibilizar un poco y generar más empatía sobre lo que significa estar encerrado, más si es una medida de privación de la libertad.
Usted dice que, entre las medidas alternativas a la prisión, la prisión domiciliaria es la más gravosa, ¿por qué?
Consideramos que es de las más gravosas porque las medidas alternativas al encarcelamiento deben estar orientadas a la reintegración de las personas a la sociedad, que puedan reconstruir sus vidas y sus familias. Muchas veces, si el arresto domiciliario no está acompañado de medidas reintegradoras, puede ser más punitivo. Es decir, si no tiene acompañamiento, puede ser peor que la cárcel. En ocasiones, el arresto domiciliario está acompañado de medidas coercitivas como el monitoreo por brazaletes electrónicos, visitas o llamadas telefónicas. Esto hace que se impongan algunos pesos extras a las personas, particularmente a las mujeres.
Por ejemplo, las personas de bajos recursos, muchas veces tienen que pagar por el monitoreo electrónico y eso les supone un aumento en sus responsabilidades económicas. Muchas veces, las personas que están en situaciones de calle o, por ejemplo, personas extranjeras que están privadas de la libertad, no tienen un domicilio fijo y, así, el arresto domiciliario se hace imposible. En otras ocasiones, como es el caso para muchas mujeres, tienen que regresar a sus casas donde pueden verse expuestas a violencia doméstica. Otro ejemplo es el testimonio de una mujer que incluimos en el informe, que estaba embarazada y a punto de dar a luz pero, como está en arresto domiciliario, tuvo que pedir permiso por escrito a un juez para poder dar a luz.
Ustedes recomiendan, por ejemplo, la importancia de que las mujeres tengan acceso a comida y servicios básicos, ¿cómo materializar estas recomendaciones en la realidad del sistema penitenciario latinoamericano?
Como se dice, el diablo está en los detalles. Muchas veces algunos impedimentos o excusas que ponen los gobiernos de la región es: ¿de dónde pueden salir los presupuestos o el dinero o los recursos para implementar estas medidas? Y, realmente, lo que nos ha mostrado la evidencia y la historia misma, e incluso los testimonios de las personas que están en domiciliaria, es que, si se implementan bien estos programas y si se apoya a las mujeres con medidas alternativas: en primer lugar, se reintegrarán a la sociedad de una mejor manera, se disminuyen los índices de reincidencia y criminalidad.
Por ejemplo, en nuestro reporte ponemos el estudio de caso de Argentina, donde, el arresto domiciliario lo estaban acompañando de otros programas de acompañamiento psicosocial u otras iniciativas que garanticen su acceso al trabajo. Allí, con números, demostraban cómo pudieron reducir la reincidencia y otros índices. Una vía para implementar estos modelos sería hacer enlaces con organizaciones de la sociedad civil que están trabajando esos temas. También recomendamos colaboraciones con empresas del sector privado que puedan promover capacitaciones. Es que estas personas lo que necesitan es acompañamiento. Cuando hablábamos con mujeres de la región, muchas nos decían que, por lo menos en la cárcel tenían su comida asegurada, pero en casa se sienten más desprotegidas, por eso necesitan programas que las acompañen.
¿Qué impide que la prisión domiciliaria sea una forma efectiva de resocialización para las mujeres?
Nosotras identificamos algunas tendencias en los diferentes países y estos retos de la aplicación del arresto domiciliario lo agrupamos en el orden estructural, institucional y de roles tradicionales de género. A nivel estructural muchas veces nos encontramos con resistencia para otorgar estas medidas porque la domiciliaria es percibida como un «beneficio» y se piensa que quien accede a ella logró la impunidad. Y, al contrario, son medidas punitivas. De hecho, creemos que se deben flexibilizar y permitir, por ejemplo, que las detenidas lleven a sus hijos a la escuela o puedan trabajar y ganen un salario.
Ahora, entre las dificultades institucionales encontramos que los operadores de justicia (los jueces) tienen limitaciones de recursos o de personal para implementar las medidas de buena manera. Y el tercer grupo de dificultades tiene que ver con los roles que se le asignan a las mujeres: ¿es una buena o una mala madre? Eso influye, por ejemplo, para que a usuarias de drogas en algunos países solo por su condición de consumidoras les nieguen la domiciliaria, en lugar de darles un acompañamiento y apoyo, como sucedió en un caso en Brasil que citamos en el informe.
¿Encontraron dificultades que tengan que ver con la desigualdad económica?
Por supuesto, hay personas que viven en barrios considerados más marginales, donde el crimen y la violencia es mayor. Y, a veces, si se vive en esos barrios, no se puede recibir la medida de arresto domiciliario, entonces es una carga punitiva doble: por ser pobre, o de bajos recursos, no tienes derecho a la medida. Es un doble castigo.
¿Qué elementos positivos encontraron de cómo se está aplicando?
Hicimos varios estudios de caso y entrevistamos a varias mujeres. Con los testimonios de las mujeres es impresionante que, no importa si se es de Argentina, de República Dominicana o de Colombia, muchas concordaban en los principales retos: el rol de su familia, la necesidad de apoyarse en otros miembros de la familia porque no tienen cómo sostenerse. Y, como elementos positivos, encontramos que en Brasil en 2018 el Tribunal Supremo aprobó un habeas corpus, que luego se convirtió en ley, para concederle arresto domiciliario a las mujeres que recién han dado a luz, están embarazo, tienen hijos menores de edad o con alguna discapacidad. Realmente, sí hemos visto que es una tendencia a lo largo de la región que se beneficia a personas vulnerables.
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