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Una juez de control de garantías de Bogotá decidió mandar a la cárcel al fiscal del caso después de que éste no llevara a la audiencia a unos policías que habían realizado una captura, esto el 15 de febrero de 2006.
La juez quería ver a los policías porque quería verificar que hubiesen hecho correctamente la captura de uno de los sujetos que era acusado de haberse robado un camión y de haber disparado a la Policía cerca de una escuela.
El hombre estaba con un ojo morado, y por eso la defensa alegaba que la captura había sido ilegal.
Los policías nunca llegaron a la audiencia, y el Fiscal anunció abiertamente que él no los quería llamar y no los necesitaba porque en su poder estaban las pruebas para constatar la legalidad de la captura.
La juez ordenó su arresto por 24 horas, en vista de la desobediencia del Fiscal.El hombre, por su parte, decidió demandarla por el delito de privación ilegal de la libertad, pero la Corte le dio la razón a la juez.
"La sanción no fue desproporcionada, pues ante la entidad de la obstrucción frente a una orden que se consideraba en ese momento vital para despejar si existió agresión a garantías y derechos fundamentales de los justiciables, la impuesta fue la mínima prevista en el Código Penal", dijo la Corte.
Con eso absolvió a la Juez 47 penal Municipal de Bogotá con Funciones de Control de Garantías, Jacqueline Díaz, que había sido también absuelta por el Tribunal Superior de Bogotá.
"Controlar garantías implica constatar el estricto respeto a los derechos de los distintos intervinientes en especial del capturado, por lo que insólito sería que frente a evidencias de maltrato físico propiciado a uno de los indiciados, el juez permaneciera en silencio cómplice tolerando posibles abusos policiales. Por eso es legítimo que se tomen decisiones e impartan órdenes con ese objetivo", recordó la Corte Suprema.
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