Sigue polémica por condena a Plazas Vega

El Poder Ejecutivo, parte del Judicial, el estamento militar, algunos congresistas, la Procuraduría y, por supuesto, muchos generadores de opinión, llevan 72 horas formulando todo tipo de comentarios adversos a la decisión judicial del magistrado Pareja, quien fue apoyado por su colega Alberto Poveda. En contraste, los defensores del fallo argumentan que la lluvia de críticas en su mayoría surge de personas que no conocen el caso o no se han leído la sentencia de 968 páginas, incluido el salvamento de voto del magistrado Hermens Lara.

Lo cierto es que el revuelo dio este miércoles para una especie del carrusel de peticiones de perdón. Inicialmente, a la solicitud del Tribunal Superior de Bogotá de que el Ejército les pida perdón a las víctimas por las desapariciones en el Palacio de Justicia, respondió el presidente Juan Manuel Santos argumentando que a quien se le debe pedir perdón es al Ejército, porque el país no ha sido lo suficientemente enfático para demostrarle respeto y gratitud. De paso, también le pidió perdón a Betancur por la solicitud del Tribunal de que sea investigado por la Corte Penal Internacional.

A su vez, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, planteó una fórmula genérica: que todos pidan perdón: el Ejército, el Gobierno y el M-19. Del otro lado de la controversia, los abogados de las víctimas del Palacio de Justicia se limitaron a comentar que no le hace bien al país que sus altos funcionarios decidan asumir la defensa de oficio de personas que están procesadas por la ejecución de crímenes contra la humanidad. Una clara crítica a las reiteradas intervenciones del Gobierno en este espinoso asunto.

Lo cierto es que, más allá de la polémica y las interpretaciones políticas y jurídicas, es en el terreno del Poder Judicial donde se tendrá que digerir la decisión del Tribunal Superior de Bogotá. En primer término, porque Plazas fue condenado por la desaparición de dos de las 11 personas que estaban en el interior del Palacio de Justicia, el día de los hechos.

La otra implicación que no se ha mirado en detalle es que la sentencia ordena que todos los integrantes del Consejo de Ministros den sus explicaciones a la justicia sobre lo que sucedió en la Casa de Nariño para que se tomaran las decisiones militares. De la misma manera, el fallo plantea que se investigue cómo murió el comandante del operativo del M-19 Andrés Almarales, pues todo indica que tanto él como otros guerrilleros, así como varios rehenes, habrían muerto por tiros a quemarropa. Así como ya existe el caso del magistrado Carlos Horacio Urán, hoy en averiguaciones.

Aunque la decisión argumenta las razones por las cuales se insiste en la investigación del expresidente Betancur, El Espectador supo que ante la reiterada crítica de que la Corte Penal Internacional no tiene competencia para examinar un caso ocurrido en 1985, el argumento del Tribunal Superior de Bogotá está sustentado en la misma razón que permitió la reapertura del expediente del Palacio: que por tratarse de un delito de desaparición forzada, hasta tanto se sepa qué pasó con ellos, es obligación de la justicia nacional e internacional seguir indagando.

Fuentes allegadas al Tribunal Superior de Bogotá comentaron que para tranquilidad del país todos los colombianos deberían leer la sentencia y advertir, por ejemplo, la forma como se alteró totalmente la escena de los hechos después de los combates del 6 y 7 de noviembre de 1985, y los errores en que se incurrió respecto al levantamiento e identificación de los cadáveres. “Hay situaciones tan inusuales como dos cuerpos que quedaron relacionados como uno solo o el cadáver de un magistrado que realmente correspondía a los despojos mortales de una mujer”, observó la fuente consultada.

Por lo pronto, mientras cesa la tempestad de la controversia política, el magistrado Fernando Pareja se limitó a comentar que obró en derecho y a conciencia, y que después de leer 54 mil folios y de muchas horas de ver videos y escuchar audios, su convicción lo lleva a plantear por anticipado que si llega a recibir algún otro de los procesos que se han abierto por los desaparecidos del Palacio de Justicia se declarará impedido, pues sus conclusiones sobre el tema son las expuestas en la sentencia que se conoció en la tarde del pasado 30 de enero.

La trayectoria de Fernando Pareja

El abogado Fernando Pareja Reinemer es hijo de uno de los más brillantes juristas de Cartagena, Rafael Pareja Jiménez, y durante muchos años juez de la capital de Bolívar. A mediados de los años 80, justo en tiempos en los que el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, Pareja se graduó como abogado y ofició como notificador de un juzgado. Luego se especializó en Bogotá y hacia 1990 pasó por el Ministerio Público, se aventuró al mundo del litigio, de nuevo a la Personería, y de allí saltó al Tribunal de Bogotá. Por casi un año fue también vicefiscal. En ese cargo fue la segunda instancia de los casos de parapolítica, revivió un expediente contra el exvicepresidente Francisco Santos y acusó al exministro Sabas Pretelt por el escándalo de la yidispolítica.