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En Colombia, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) es una de las condiciones mínimas para poder conducir cualquier vehículo por las vías del país. No es un documento menor, pues se expide, dentro de otras cosas, con el fin de asegurar la atención, de manera inmediata e incondicional, de las víctimas de accidentes de tránsito que sufren lesiones físicas o hasta la muerte. Aunque adquirirlo no es difícil, pues lo venden en supermercados, aseguradoras, bancos y en línea, se ha convertido en un dolor de cabeza para miles de ciudadanos que son estafados al comprarlo. Además, la justicia acaba de tomar una decisión en la que expuso que las autoridades estatales no están haciendo lo que deben para un problema que ya es de “seguridad nacional”.
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El Espectador conoció una reciente decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en una acción popular en la que quedó en evidencia, a los ojos de la justicia, que en el país se vive una “estafa masiva” en la adquisición del Soat. También, que las autoridades encargadas de velar por la seguridad de los conductores y peatones, se quedaron cortas a la hora de tomar medidas para evitar los fraudes en el seguro. La acción conocida por este diario fue presentada en contra del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el Ministerio de Transporte, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Superintendencia Financiera.
Aunque las autoridades demandadas son variadas y parecería que la mayoría de ellas no tienen nada que ver con el transporte y la seguridad vial, la justicia encontró que el problema va más allá de las competencias de la cartera de Transporte. Actualmente, la multa que imponen las autoridades de tránsito por no tener el Soat es de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, que equivalen a COP 1′750.000 aproximadamente. Adicional a esa sanción, el vehículo es inmovilizado y llevado a los patios, lo cual hace que aumenten los costos por cada día que el vehículo esté allí, además del valor de la grúa. Estas mismas sanciones pueden llegar a ser impuestas para aquellos conductores que tengan un Soat que sea falso.
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Sin embargo, cuando portan un seguro fraudulento también se exponen a consecuencias penales, como el inicio de un proceso por el delito de falsificación de documento. Ese riesgo no es solo para unos pocos. De acuerdo con cifras de la propia Superintendencia Financiera de Colombia, entre 2022 y 2025 se presentaron más de 2.800 casos de posibles fraudes o suplantaciones en la compra virtual del seguro. Esas cifras son ampliamente superadas por los registros que tiene la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda). Según sus números, solo en 2023 más de 20.000 colombianos fueron estafados al comprar seguros en línea. Ante ese panorama, el abogado Camilo Araque Blanco interpuso la acción contra las entidades estatales.
En su acción popular el abogado expuso la necesidad de “obtener la protección de los derechos colectivos a la seguridad nacional y de los consumidores y usuarios, por omitir acciones efectivas para prevenir la estafa masiva en la adquisición del Soat por medios virtuales”. Por eso, pidió que todas las autoridades demandadas debían identificar y eliminar “aquellas páginas web, teléfonos, aplicaciones, plataformas digitales y productos financieros por medio de las cuales se están suplantando empresas, aseguradoras y terceros autorizados de vender el Soat para estafar masivamente a usuarios con pólizas falsas o inexistentes”. También, pidió que se hicieran “campañas idóneas para evitar que esta defraudación masiva se siga presentando”.
De la misma manera, el abogado le pidió a la justicia que “se sancione efectivamente a los responsables (por acción y omisión) a través de grupos especializados para investigar estos delitos” y que “se permita y garantice algún método o vínculo totalmente fiable para que toda persona natural y jurídica pueda comprar su Soat de forma segura y confiable, sin ser objeto de estafa o defraudaciones”. Sin embargo, cuando cada una de las entidades fue confrontada, se echaron la pelota, diciendo que no era responsabilidad suya vender los seguros ni prevenir las estafas. En su momento, el Ministerio de Transporte, el Dapre, el Ministerio de Defensa, la Policía y el Mintic dijeron que no tienen competencia en la venta, expedición y comercialización del Soat, ni en la regulación de publicaciones electrónicas sobre el seguro.
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Por su parte, la Fiscalía dijo que sus competencias “se limitan a investigar y ejercer la acción penal frente a conductas presuntamente punibles cuando estas son puestas en su conocimiento mediante denuncia o querella”. Además, que “no le corresponde identificar o eliminar páginas web fraudulentas, implementar mecanismos seguros de comercialización del Soat ni ejercer funciones de vigilancia sobre plataformas digitales”. La respuesta de la Superintendencia Financiera de Colombia fue que solo le corresponde hacer “la inspección, vigilancia y control de las entidades del sistema financiero y asegurador” y que no tiene la facultad para “para identificar, bloquear o eliminar páginas web fraudulentas, ni para investigar o sancionar conductas delictivas relacionadas con estafas en la comercialización del Soat”.
Al revisar a detalle, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca encontró que el problema con el Soat falso es de una escala mayor y que las entidades no pueden solo escudarse en la falta de competencia para no hacer nada a respecto. Por ejemplo, durante el caso se comprobó que, especialmente desde 2022, se desató un “fenómeno de fraude masivo relacionado con la comercialización y adquisición del Soat” y que la mayor concentración de casos estaba en Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca. Además, se verificó que entre 2021 y 2025 la Fiscalía ha abierto 13.824 noticias criminales relacionadas con la “emisión ilegal del Soat”.
Con esas cifras, para el Tribunal fue claro que, pese a la gravedad de la situación, “las entidades accionadas, que tienen relación directa e indirecta con la expedición de la póliza, la seguridad informática, la protección de los derechos de los consumidores y la investigación de los delitos, alegaron que no era de su competencia realizar acciones efectivas para conjurar la situación de fraude masivo”. Para la justicia, ninguna de ellas demostró una mínima diligencia para hacerle frente a la problemática del fraude. A lo mucho, algunas, como la Superintendencia Financiera tomaron acciones reactivas, pero ninguna preventiva, como lo pedía el accionante.
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Por ejemplo, la Superintendencia sancionó administrativamente a aseguradoras como Mundial de Seguros, con COP 900 millones; Seguros del Estado y a Suramericana, cada una con una multa de COP 500 millones; y AXA Colpatria con una multa de COP 700 millones, a los ojos de la justicia esas acciones fueron “principalmente como medidas reactivas o correctivas, una vez evidenciada la materialización del fraude”. Esas sanciones fueron precisamente, porque las aseguradoras llevaron a cabo estrategias para vender los seguros por canales virtuales. Para el Tribunal, la Superintendencia no logró garantizar que las aseguradoras mantuvieran canales virtuales accesibles y seguros, y consideró que es ineficiente que la única solución segura para adquirir un seguro obligatorio como el Soat sea la comparecencia física del usuario.
Con ese panorama sobre la mesa, el Tribunal determinó que permitir la existencia de plataformas que estafan con pólizas de Soat afectan gravemente a la sociedad y que, pese a intentar demostrar lo contrario, las autoridades accionadas en el caso sí están obligadas a coordinar acciones contra la criminalidad en los entornos virtuales. Por eso, ordenó a la Superintendencia que, dentro de los próximos seis meses, “formule e implemente un plan para garantizar que las aseguradoras pongan a disposición de los consumidores canales digitales seguros de adquisición del Soat y adopten mecanismos de detección temprana de fraudes a través de tales canales”.
Asimismo, ordenó a la Fiscalía que “fortalezca las estrategias investigativas relacionadas con los delitos asociados a la comercialización fraudulenta del Soat y consolide información estadística periódica respecto de las investigaciones en curso sobre fraude en la comercialización de pólizas”. El ente investigador tendrá que presentar cifras y avances cada seis meses. En cuanto al Ministerio de Defensa y la Policía, ordenó que “a través del Centro Cibernético Policial fortalezca las labores de identificación y desmonte de páginas web, perfiles y canales digitales de comercialización fraudulenta del Soat y promueva la articulación permanente con la Fiscalía General de la Nación, las aseguradoras y la Superintendencia Financiera de Colombia para prevenir esas conductas”.
A la cartera de Transporte le ordenó que, “en coordinación con la concesión encargada de la operación del Runt, fortalezca los medios para que los ciudadanos puedan verificar de manera simple, inmediata y gratuita la autenticidad y vigencia de las pólizas Soat registradas en dicho sistema y realice campañas educativas permanentes para prevenir el fraude en la adquisición de los seguros”. Una de las principales órdenes fue para el Dapre. Al departamento le mandó a que “en ejercicio de sus funciones de coordinación gubernamental, convoque y lidere una mesa interinstitucional con el propósito de diseñar e implementar una estrategia nacional articulada para la prevención, detección y reacción al fraude en la comercialización del Soat”.
La decisión, aunque busca poner en cintura a las autoridades y hacerle frente a la problemática de la falsificación del seguro, no está completamente en firme. Es una sentencia de primera instancia que las distintas partes pueden apelar y llevarla a una instancia superior para que revise los hallazgos y las órdenes impartidas que podría confirmar o cambiar lo que determinó el Tribunal. Sin embargo, la determinación tomada sí puso de presente que las entidades estatales se están echando la pelota entre sí, pero ninguna ha tomado hasta el momento las medidas necesarias para prevenir el hecho que ha afectado a miles de colombianos en los últimos años.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhordan C. Rodríguez
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