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En escrito radicado en la Unidad de Lavado de Activos, Pabón y Ángel señalaron que están dispuestos a llegar a una conciliación y a colaborar con la justicia, aun cuando no puedan ser cobijados por el principio de oportunidad que había ofrecido en días anteriores el propio fiscal Mario Iguarán Arana.
Tanto Daniel Ángel Rueda como Pabón, considerados por los investigadores como dos de las piezas angulares de la organización de David Murcia, manifestaron que no renuncian a recibir los beneficios contemplados en la ley y que les permitirían recibir una rebaja de la pena impuesta, superior al 30%. Sin embargo, si la Fiscalía acepta realizar el preacuerdo, deberán entregar valiosa información a las autoridades sobre las maniobras financieras de DMG, sus socios ocultos, el funcionamiento de varias empresas de papel, cómo operaba la firma captadora y si detrás de los altos rendimientos que eran entregados a los tarjetahabientes, había una gigantesca operación de lavado de activos.
Con la formalización por parte de Ángel y Pabón de su intención de revelarle a la justicia todo cuanto conocen del holding empresarial de DMG desde su creación hace tres años, en 2005, la Fiscalía cree que tiene los elementos suficientes para probar que el detenido propietario de la firma, David Murcia Guzmán, constituyó un emporio comercial de fachada a través del cual, según los organismos de seguridad, blanqueó miles de millones de pesos ilícitos provenientes al parecer de las Farc y de otros grupos de narcotraficantes asentados en el sur de Colombia.
Precisamente, la fiscal de la Unidad de Lavado de Activos que adelanta el expediente en contra de Murcia y sus socios radicó el viernes el escrito de acusación ante un juez especializado de Bogotá. En esencia, el documento señala a David Murcia de los delitos de lavado de activos y captación ilegal de dinero, mientras que a Margarita Pabón y Daniel Ángel Rueda se les sindica de lavado. Los tres fueron detenidos el 19 y 20 de noviembre últimos. Y mientras los tiempos avanzan en el proceso en contra de Murcia, la última palabra sobre el eventual preacuerdo de Ángel y Pabón con la Fiscalía la tendrá un juez especializado, quien en audiencia pública deberá determinar si las condiciones del acercamiento entre las partes se ajustan a la Constitución y la ley.
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