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El Ministerio Público le solicitó a la Corte Constitucional que no siga dando vía libre a la norma que ampara la inmovilización sobre las motos que sean objeto de comparendos cuyos infractores se nieguen a pagar la multa.
El procurador Alejandro Ordóñez considera que es inconstitucional recurrir a este tipo de medidas para asegurar la cancelación de la obligación, y de ahí que le haya pedido al alto tribunal que resuelva la demanda a favor de los accionantes y la declare inexequible.
"En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito", dice la disposición sometida a discusión.
Según el organismo de control, la norma es discriminatoria, toda vez que el Código no contempla el mismo tipo de sanción para los conductores de automóviles, aún cuando los infractores persistan en su condición deudora.
Ordóñez sostuvo que existen mecanismos para garantizar la exigibilidad del pago de las multas y que no se puede dar trámite a una medida de especie cautelar, que es contraria, dice, a los pilares de la Carta Política.
"La inmovilización de las motocicletas, al limitar de manera significativa la libertad de circulación y, en aquellos casos en los cuales el vehículo se usa para trabajar, el derecho al trabajo y a la libre escogencia de profesión u oficio, de sus conductores, constituye para el Ministerio Público una medida desproporcionada para el fin que persigue", sostuvo el organismo.
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