Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Ante la Secretaría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue radicada una solicitud para que se tomen medidas cautelares de protección para la familia del dirigente político Efraín Ovalle, registrado el 25 de febrero de 2012 en Valledupar.
El documento firmado por el abogado Jaime Granados, se indica que en los últimos meses la hija de Ovalle ha denunciado una serie de mensajes amenazantes.
“Los autores intelectuales han realizado reuniones con organizaciones criminales que delinquen en La Guajira, Cesar y Venezuela, donde han pagado grandes sumas de dinero para atentar contra uno de nosotros”, precisa uno de los apartes de la solicitud.
En este sentido se presentan las acciones radicadas ante la Sijín en la que se ha solicitado que se adelanten las pesquisas con el fin de identificar a los autores de estas amenazas que van dirigidos a varios miembros de la familia del dirigente político de La Paz, Cesar.
En la denuncia se señala que pocos días después del asesinato de Ovalle se presentaron una serie de amenazas por parte de integrantes de la familia Oñate.
“(…) Además se informa del robo acaecido en su residencia al poco tiempo del crimen de su señor padre que ella vincula al proceso penal”, precisa uno de los apartes conocido de la solicitud de protección.
Se manifiesta además que el pasado 19 de junio se presentó el asesinato de un testigo de cargo de este crimen, por lo que la Corte Suprema de Justicia ordenó el cambio de radicación del proceso de un juzgado especializado de Valledupar a Cundinamarca.
“La Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en la oportunidad de solicitarle al Estado colombiano la protección para los integrantes de la familia Ovalle Oñate de las evidentes amenazas que se ciernen en su contra y que –como se señaló- han aumentado en los últimos días”.
Conoce más