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José Ignacio Rojas fue uno de los vecinos que, con sus propias manos, construyó el sector de Tacaloa, en el Carmen de Bolívar. Aquel “cachacho” fue de los primeros en crear caminos y sembrar una zona que, con el tiempo, se convirtió en un epicentro de la despiadada guerra entre armados por el territorio y las rutas de narcotráfico. En 1993, seis hombres armados y encapuchados lo asesinaron frente a su esposa, quien llevaba a su hijo de un año en su mano. Con el tiempo, los paramilitares doblegaron el territorio con masacres, lo que obligó a ocho vecinos de Tacaloa a salir desplazados, en 1997. En marzo pasado, tras 27 años, esas víctimas lograron que un juez de restitución les devolviera la tierra. Pero, ya es imposible. Lo que eran sus hogares, ahora hacen parte un campo minado. Donde pusieron la primera piedra de un proyecto de vida, terminó siendo propiedad de la guerra.
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Un juzgado de restitución del Carmen de Bolívar decidió compensar a los ocho vecinos de Tacaloa con un predio de similares características en otra zona del país. Ello debido a semejante presente del predio, que, de ser restituido, significaría poner “en peligro la integridad de los solicitantes y sus núcleos familiares”, señala la sentencia, de marzo pasado. El Espectador da a conocer que, así como este expediente, son más de 14.000 y cada vez más los casos en los que el objetivo central de la política pública de restitución de tierras, hija de la Ley de Víctimas de 2011, no puede cumplirse: lograr el retorno de las víctimas a la misma tierra de donde fueron despojados o desplazados. En su lugar, están aumentando las compensaciones en otros predios y las indemnizaciones económicas, lo que se considera medidas suplementarias de la restitución.
La Ley de Víctimas se anunció como una medida para restablecer “la situación anterior a las violaciones” sufridas por los desterrados y para ello se han invertido recursos por $218 billones desde 2012. Según información de la Fundación Forjando Futuros, que hace veeduría al proceso de restitución en Colombia, en principio, en 2012, se cumplía cabalmente aquella idea de que se puede volver al predio solicitado. Aun así, debido a la permanente guerra, la inseguridad en los territorios, el desarraigo de quienes duran años esperando una sentencia de restitución, la desilusión de aquellas víctimas que ya no desean retornar a la tierra por miedo y la informalidad misma de los predios rurales colombianos, la balanza está cambiando hacia la compensación. A corte de mayo de 2024, Forjando Futuros registra 14.850 sentencias de restitución con medidas subsidiarias.
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La estadística muestra que la curva de las compensaciones es ascendente. Mientras en 2012 solo se decretaron 51 compensaciones, en 2013 creció a 882 y en 2014 a 1.056. El año en que más compensaciones se ordenaron fue 2018 con 1.953. Aunque en 2019 bajaron a un total de 1.074 medidas suplementarias, desde entonces no han parado de crecer. La última estadística anual es de 1.719, correspondiente a 2023. Para entender la dimensión de lo que sucede, según información aportada por la Unidad de Restitución, desde 2022 se han restituido 868 predios a víctimas, pero se han ordenado 445 compensaciones. Es decir, una medida suplementaria por cada dos entregas a víctimas que solicitaron su predio.
Para Ilhan Can, investigador de Forjando Futuros, entre las principales razones para compensar está la permanente violencia. ¿Cómo van a regresar con garantías las miles de víctimas del Urabá, si la zona es controlada por el Clan del Golfo? Lo mismo sucede en las regiones en permanente disputa de grupos armados organizados. De hecho, recién hasta 2023, la URT pudo focalizar Arauca para adelantar procesos de retorno. Hasta este año, la entidad recibió y dio trámite a solicitudes del Guainía, históricamente controlada por las FARC y, ahora, bajo el mando de criminales que le sacan oro y coltán. Para hablar sobre la violencia, está el caso de Olga Lucía Álvarez, a quien un juzgado de Montería favoreció con un predio en compensación este año, pues el hogar del que tuvo que salir en 2018, en El Bagre (Antioquia), es zona de guerra entre guerrilleros y reductos paramilitares del Clan del Golfo. En su proceso de restitución, le asesinaron a su esposo, Yovan David Bailarín.
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Otra de las causales de compensación la protagonizan la familia de Zoila Hurtado y Jesús Heriberto Mosquera, a quienes el mismo juez de restitución, por solicitud de la regional Córdoba, le negó su regreso al barrio El Porvenir, también de El Bagre. La justicia no solo determinó que era una revictimización llevarlos al lugar donde Mosquera fue secuestrado y frecuentemente extorsionado, sino que ya la familia tenía un nuevo arraigo en el Chocó, donde viven una vida en alto grado más pacífica y donde tienen, ahora, acceso a un trabajo formal. Echaron raíces en otro lugar y, ahora, el predio abandonado en El Bagre quedará en manos del fondo de la URT para reparación de víctimas. Probablemente, este predio no podrá ser adjudicado a otra víctima, pues lo que era el hogar de Hurtado y Mosquera, ahora es frente de batalla del ELN, el Clan del Golfo y los Caparrapos.
“Lo interesante de lo que está pasando, y que muestran nuestras estadísticas, es que los solicitantes no quieren volver a su tierra porque ellos mismos dicen que perdieron el arraigo con su predio reclamado. Ahí se evidencia un espíritu contrario de la ley que dio vida a la restitución. De hecho, ese no es un argumento que esté en la Ley de Víctimas para compensar y ahora los jueces y magistrados de restitución están flexibilizando las normas para hacerlo, quizás viendo que los procesos se están tardando mucho. La compensación no es negativa, lo que pasa es que le genera muchos problemas a la Unidad de Restitución, porque es muy dispendioso encontrar predios con características equivalentes en el mercado y en el fondo de tierras con el que cuentan”, agrega el investigador Can.
Sobre ello, la directora jurídica de la URT, Paula Villa, adhiere en el sentido de que “el mercado de tierras está en la informalidad y la URT no puede comprar informalidad. Cuando la gente se agota por no encontrar la compensación con un predio, porque no hay tierras similares, optan por el dinero, que es la medida más excepcional de todas. Aparte de que tenemos un mercado escaso, hay competencia con otras políticas públicas interesadas en la compra de tierras”. Por si eso fuese poco, el último informe de seguimiento a la Ley de Víctimas, de la Procuraduría, Contraloría y Defensoría, establece que el déficit habitacional de la población víctima en Colombia está en el 77%. De hecho, el 96% de las personas clasificadas como tal vive en vulnerabilidad. Datos alarmantes, teniendo en cuenta que la restitución busca que los beneficiarios accedan a proyectos productivos, y vivan de ello.
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Para Ernesto Caicedo, defensor experto en tierras y exrepresentante de la Comisión Colombiana de Juristas, la intensión reparadora de la restitución de tierras también incluye la compensación. Para que ello suceda, “depende de otras variables, como el envejecimiento de los solicitantes de restitución de tierras y de la poca vocación campesina de los núcleos familiares de éstos; pero también de factores externos de exclusión consolidados en lo rural tales como el acceso a la educación, salud y justicia, los cuales aportarían fortalecer la vocación y el arraigo campesino”, dijo en entrevista.
Y cita la investigación del profesor Francisco Gutiérrez Sanín, quien en “Un trancón fenomenal: un análisis de las demoras en el proceso de restitución”, explica que “es necesario reconsiderar la restitución predio a predio, y modular el principio de gradualidad con el de masificación, correspondiente a las especificidades del despojo (ampliamente documentadas) que tuvo lugar en Colombia”. Por ello, para Caicedo, “la compensación en especie es plausible porque es otra forma de retornar al campo”, pero la económica no es precisamente un camino para “consolidar una reforma agraria, con seguridad y soberanía alimentaria”.
La directora Villa concluye que una propuesta, si acaso fuese un problema el crecimiento de las compensaciones, es la restitución colectiva. Es decir, lograr el regreso de comunidades enteras a los territorios, que por sí mismas tengan mecanismos de autoprotección en el marco de la ley y articulación con los entornos naturales. Al final, el despojo fue una estrategia que “quiso acabar con una forma de organización de la vida en el sector rural, contra las organizaciones, las economías campesinas y la relación territorial de los pueblos indígenas y negros”. Y qué mejor manera de volver al estado natural antes de la guerra, que hacerlo junto a la misma comunidad que resistió y padeció la llegada de los criminales.
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