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Las cárceles en Colombia son un universo difícil de analizar a detalle, en el que flagrantemente se vulneran derechos humanos, como lo ha reiterado la Corte Constitucional desde 1998. La magnitud de la problemática se evidencia en la eficiencia – o ineficiencia – en los servicios de salud, alimentación, resocialización o acceso a la justicia. El conjunto de servicios se les presta a reclusos que, se supone, están pagando con años de su vida el precio de infringir la ley y cuyo paso por la cárcel debería ser un peaje hacia una nueva vida en sociedad. Del objetivo a la realidad hay una buena distancia. Por eso, por primera vez, un gobierno realizó una radiografía de cómo están las cárceles a través de indicadores. Los datos son agridulces para las autoridades penitenciarias.
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Los indicadores de vida en reclusión fueron elaborados por el Ministerio de Justicia y están a corte de mediados de 2023. Entre los datos preocupantes está que al 67 % de los internos, más de 101.000 en las 125 prisiones del país, se les suministra alimentación acorde con óptimas condiciones de nutrición. Que los internos se alimenten bien es una tarea compartida entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios del sistema (Uspec). Esta última, en noviembre pasado, firmó un contrato por más de $800.000 millones para alimentar integralmente a la población privada de la libertad. Los nuevos operadores tienen una gran tarea: superar la estadística que indica que solo el 38% de los reclusos recibe el menú que se contrata.
El profesor de derecho de la Universidad Javeriana, Norberto Hernández, explica que los recursos son limitados con respecto a la demanda. “En la medida que los contratistas de alimentos ven que hay poco control y poco interés en la población privada de la libertad, eso es un incentivo para reducir costos y dar alimentación con menor calidad. Los prestadores del servicio saben que no va a pasar nada, porque no se hace un seguimiento adecuado”. El profesor de Derecho de la Universidad de Los Andes, Manuel Ituralde, agrega que la aversión de ciertos sectores de la sociedad con respecto a los derechos de los reclusos hace que la reacción de las autoridades sea lenta y la veeduría de la sociedad escasa.
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El Espectador consultó la directora de Atención y Tratamiento del Inpec, Martha Gómez, quien aseguró que los contratos de alimentación son responsabilidad de la Uspec, y que el instituto se enfoca en verificar el cumplimiento del contrato y crear mesas de trabajo para superar los problemas. Entre ellos, que el 74% de las personas que manipulan alimentos cuentan con formación en educación sanitaria o principios de buenas prácticas de manifactura. De otro lado, ¿ustedes comerían en un restaurante que no les garantiza 100% las condiciones de conservación de sus alimentos? Seguramente no. Pues en las cárceles de Colombia esa es la realidad para más de 15.000 internos.
“La salud tampoco es contratada por el Inpec, pero ciertos procesos, como las remisiones de los reclusos enfermos, sí son responsabilidad nuestra”, reconoce la directora Gómez, quien agrega que la entidad no cuenta con los recursos suficientes para garantizar la atención en salud de los presos. Aunque el Ministerio de Justicia encontró que el 100% de los privados de la libertad cuentan con planes de salud, los datos adicionales son preocupantes. Solo el 27% de los presos identificados como fuente de contagio o infección están en espacio de aislamiento. “La incidencia de la tuberculosis o el VIH es mucho más alta en las cárceles. Formalmente, el Inpec certifica que sus presos fueron atendidos, pero ellos nos indican que van a las enfermerías y les prescriben un acetaminofén”, agrega el profesor Iturralde.
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Por otro lado, se tiene que solo ocho de cada 100 mujeres que necesitan una cita urgente por ginecología reciben atención oportuna (tres días hábiles) en los centros de atención dispuestos en los centros penitenciarios. De los internos que necesitan ser hospitalizados por salud mental, tan solo el 33% logra obtener atención por fuera de la cárcel. Otros indicadores de salud están altos, aunque no se cumple la totalidad de las exigencias. Por ejemplo, el 83% de los internos presentó atención de urgencias dentro de las 24 siguientes a la presentación de las dolencias. El 91% de las mujeres en etapa avanzada de embarazo logran controles médicos en sus establecimientos penitenciarios.
Los presos pueden redimir su pena trabajando, pero solo el 10% es afiliado al Sistema de Riesgos Laborales. Sobre ello, el Inpec le respondió a este diario que a finales de 2023 se firmó un decreto que regula este tipo de afiliación y los resultados podrían verse en los meses siguientes. Uno de los datos que significa la mayor preocupación de estos indicadores es que solo tres de cada diez internos culminan sus programas de estudio, trabajo y enseñanza. Sobre ello, Nataly Rincón, subdirectora de Educación del Inpec, explicó que “hay múltiples maneras en las que se interrumpen los procesos, por ejemplo, pasar de estudiar a trabajar en la cárcel. En el transcurso, puede ser que el privado de la libertad cumpla las 3/5 partes de su condena y salga a prisión domiciliaria”.
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Sin embargo, el profesor Norberto Hernández profundiza en que al Inpec se le sale de las manos intentar resocializar a tal cantidad desbordada de personas y que los programas laborales que les brindan no les asegura un futuro prometedor. “Pensemos en las manillas y los talleres. Hacen una actividad, pero no necesariamente será su proyecto de vida. Podrían ser más atractivos proyectos en tecnología”. A esa idea adhiere el profesor Iturralde, quien aparte pone de presente una pregunta por la que ninguna entidad del Estado responde: ¿Qué hacen los presos una vez salen de prisión? “Los programas de resocialización se convierten en una forma de pasar tiempo, pero a nadie le preocupa si tienen un impacto en la reinserción a la sociedad”, concluyó.
Por último, uno de los datos más llamativos, pero que hay que tomar con pinzas tiene que ver con el acceso a la justicia. El informe establece que el “porcentaje de asignaciones de defensor público a personas procesadas que requieran el servicio” es tan solo del 1%. La Defensoría del Pueblo le respondió a este diario que la cifra, en realidad, es del 100%, pues a todos los presos que no pueden pagar un abogado se les asigna uno. La respuesta de la Defensoría incluye que el Estado solo cuenta con 4.011 profesionales. Pongamos un ejemplo: Si la mitad de los presos no tuvieran dinero para contratar un abogado, a cada defensor público le corresponderían 12.5 personas. Eso, sin tener en cuenta, que también defienden a quienes están en URI’s y estaciones de Policía.
“El Defensor Público tiene una carga abrumadora de trabajo. Por estos excesos, quizás esa cifra indique que hay un abogado por cada 100 internos”, señaló el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate. Y agregó: “Tienen contratos de prestación de servicios, con vigencia de un año, y pasan por todo tipo de dificultades para renovar”. El profesor Norberto Hernández de la Javeriana considera que su carga laboral es tal que, incluso, lleva a estos defensores a buscar la salida más fácil y rápida para sus defendidos: la aceptación de cargos. Este problema de acceso a la justicia se suma a los otros indicadores que hacen de las prisiones centros de violación de derechos humanos y no, como debería ser, peajes para la resocialización.
Nota de la editora:
El título de esta nota inicialmente era “Solo el 1 % de los presos en Colombia tiene acceso a un abogado: Minjusticia”, teniendo en cuenta el indicador con respecto a las “asignaciones de defensor público a personas procesadas que requieran el servicio”, que está en el 1%.
Sin embargo, el informe se refiere al número de solicitudes a las que se les asigna un defensor público en las prisiones. Y no, al número de personas a las que se les asigna un defensor público.
En ese sentido, las solicitudes se ubicaron en 263.994 y se les asignó defensor público por parte de la Defensoría solo a 2.736. Lo que corresponde al 1%. Es decir, solo una de cada 100 solicitudes de internos que no pueden pagar un abogado tienen asignado un profesional del Estado.
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