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El pasado 16 de mayo, el sistema penitenciario de Colombia sufrió un golpe crítico a su institucionalidad, con el asesinato del entonces director de la cárcel La Modelo, de Bogotá, el coronel en retiro Élmer Fernández. Sicarios lo persiguieron hasta la localidad de Barrios Unidos, donde lo balearon sin ningún tipo de protección estatal. Fernández no contaba con un esquema de seguridad, a pesar de tener a cargo uno de los servicios públicos más delicados del sistema judicial y de haber reportado las serias amenazas en su contra durante todo 2024. Entre las autoridades que iniciaron investigaciones está la Procuraduría, la cual ya cuenta con pruebas de que la burocracia fue mortal en el caso de Fernández.
Las pistas de esa mortal burocracia están en el auto de apertura de investigación disciplinaria de la Procuraduría contra el director encargado del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el coronel Daniel Gutiérrez, y su director de Custodia y Vigilancia, también encargado, Rolando Ramírez. En el documento de ocho páginas, conocido por El Espectador, el Ministerio Público devela detalles de las respuestas que el Inpec les ha enviado, para el esclarecimiento del crimen de Fernández. Con la información recolectada, el ente de control concluye, preliminarmente, en que el expediente se enmarca en un escenario de presunta omisión de funciones, dado que “la desprotección total del coronel Fernández Velasco pudo incidir en su muerte”.
Para empezar, el Inpec le respondió a la Procuraduría que Fernández ya había recibido amenazas de muerte antes de su llegada a La Modelo en abril pasado. Y no era una situación de poca relevancia, dado que la intimidación llegó en un panfleto firmado por el Bloque Norte Tolima del Clan del Golfo. Según lo indicado por el instituto, nunca se inició el trámite de seguridad ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), dado que la documentación “no fue allegada por parte del funcionario (Fernández)”. Al momento de la amenaza, la víctima era director de la cárcel de Guaduas (Cundinamarca), un municipio considerado de “alto riesgo” por la Defensoría del Pueblo, por la presencia de reductos de las Autodefensas, las cuales comúnmente integran el Clan del Golfo.
Fernández fue trasladado de Guaduas a Bogotá y en la capital apenas cumplió funciones por un mes. Cumpliendo esas labores en La Modelo, criminales balearon la puerta del penal y le hicieron llegar un cartel intimidatorio presuntamente firmado por alias Pedro, el líder del patio 4A de reincidentes, quien terminó trasladado a otro penal tras el acto sicarial. La Procuraduría descubrió, a través de oficio enviado por el Inpec, que Fernández denunció esa amenaza ante la subdirección del Cuerpo de Custodia. Allí, diligenció el formulario de inscripción a los programas de protección de la UNP, y anexó su denuncia ante la Fiscalía y copia de su documento de identidad. No obstante, no llevó su acta de posesión como director de La Modelo. Solo por eso, no lo protegieron de inmediato.
Las pruebas que tiene la Procuraduría, dan cuenta de que la subdirección del Cuerpo de Custodia solicitó al área de hojas de vida del Inpec la copia del acta de posesión de Fernández, el martes 14 de mayo. Sin embargo, solo hasta “el 16 de mayo (jueves), se recibió el acta de posesión y, la dependencia encargada procedió a enviar el oficio remisorio a la UNP”. Es decir, entre la subdirección y el área del Inpec, tardaron dos días para invocar a la UNP y, así, proteger la vida de Fernández. Tan demorado fue el trámite, que el acta de posesión llegó una hora después del asesinato del hombre que, en solo 2024, había estado bajo la mira de los criminales al menos dos veces.
La información recolectada por la Procuraduría no se queda ahí. Según otro de los oficios, en 2023, funcionarios del Inpec radicaron 290 informes de amenazas, de los que se tramitaron ante la UNP un total 167, por “ser las únicas que aportaron la documentación requerida”. A corte de mayo de 2024, el Inpec recibió 164 informes de amenazas, de los cuales solo se reportaron 97 a la UNP, porque cumplían con el papeleo. Es decir que, a la fecha, el 40% de las situaciones de amenaza son rechazadas en el Inpec por falta de documentos, como, por ejemplo, un acta de posesión. Desde 2020, funcionarios de todas las áreas y rangos, desde guardias hasta administrativos, han denunciado más de 500 amenazas a su misma entidad.
El Espectador consultó al director del Inpec sobre la apertura de su investigación, pero no obtuvo respuesta. En un diálogo previo a la decisión disciplinaria, de junio pasado, el coronel Gutiérrez reconoció fallas en la protección de Fernández por razones burocráticas. “Lo que me dicen es que faltaba una que otra documentación, que él no tenía a la mano”, señaló. Por ello, la Procuraduría le pide que responda, no solo por qué el trámite del acta de posesión se demoró dos días, sino también por qué no se adoptaron medidas urgentes. Asimismo, el órgano de control solicita nombres, cargos y documentación para fortalecer su expediente, mientras la dirección de Gutiérrez permanece bajo la lupa.
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jcote@elespectador.com
@SebasCote95
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