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Los afectados por la medida son: María del Carmen Escobar Villalobos, sargento viceprimero del Ejército; Jarol Renzo Guzmán, funcionario y Wilson Durán Quintero y Andrés Felipe Rhenals.
A estas personas un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento por su presunta participación en el desfalco y a los dos funcionarios, por peculado por apropiación.
Estas personas se habrían apropiado de anticipos de dinero girados por el Ejército a los municipios de Nilo (Cundinamarca) ; Socorro y Bucaramanga (Santander) y que fueron depositados en cuentas distintas a las del Ejército.
Esos dineros hacían parte del rubro destinado para el pago del impuesto predial en esas regiones del país.
Estas personas se encuentran actualmente recluidas en las cárceles la Picota y el Buen Pastor.
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