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Durante 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad anunció que alrededor de 18.677 menores de edad fueron víctimas de reclutamiento forzado por parte de las extintas Farc. No obstante, un nuevo auto emitido el pasado 11 de febrero y conocido por El Espectador da cuenta que esa cifra ascendió entre los 19.253 y 23.811 víctimas. La diferencia en las cifras obedece, según la JEP, a un subregistro que se halló en más de cinco informes que hoy reposan sobre los despachos del tribunal y que serán, no solo analizados por la justicia transicional, sino expuestos ante los demás afectados por ese delito y por sus entonces victimarios.
“La Sala puso de presente la existencia de un subregistro de hechos de reclutamiento de niños y niñas que no había sido estimado”, resaltó el tribunal y añadió que, para tener una aproximación más completa frente al registro de esta conducta, es necesario analizar el motivo que derivó ese subregistro. La Sala encontró una serie de patrones que los llevaron a concluir la causa por la cual ese delito tuvo un alza tras conocer los nuevos informes. Se trata específicamente de la extensión del conflicto armado en el tiempo.
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Del mismo modo, tienen en el radar que el delito de reclutamiento ilícito solo fue tipificado hasta 1997 y esa situación empezó a ocurrir desde 1971. También documentaron la falta de denuncia de los casos por temor a represalias del grupo armado; la débil presencia institucional en los territorios en los que ocurría el reclutamiento y las limitaciones de los sistemas de registro de información que, con el pasar del tiempo no disponían de las mismas herramientas de recolección de datos que se tienen actualmente.
Así las cosas, en este caso, el actual proyecto destinado a poner en evidencia cuántas niñas y niños fueron reclutados forzosamente, integró 115 archivos con más de 21 millones de registros de 47 instituciones y organizaciones sociales, de las cuales 34 aportaron información sobre víctimas de reclutamiento. “Este proceso de integración de datos incluyó registros que tuvieran al menos un nombre y un apellido válido, año y departamento del reclutamiento. La metodología empleada permite observar el comportamiento del reclutamiento en el país con estimaciones de la población víctima que incluyen el subregistro y su evolución en el tiempo”, expone el documento.
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Previo a ese extenso análisis, la Sala de Reconocimiento ya había documentado e identificado alrededor de 324 víctimas de las cuales 240 se encuentra en un reporte puntual de los bloques guerrilleros de los que hicieron parte. “De esta manera se tiene que el Bloque Oriental acumula el mayor porcentaje de víctimas con el 42% de los casos, es decir, 140 víctimas. Le siguen el Bloque Sur con 48 casos (14% de los registros), el Bloque Comando Conjunto Central con 14 casos (4%), el Bloque Occidental con 12 personas (4%), el Bloque Noroccidental con 11 casos (3%) y el Bloque Magdalena Medio y el Bloque Caribe, con alrededor del 2% de los reclutamientos acreditados asociados”, dice el informe.
Por estos hechos, en octubre de 2019 la Sala vinculó a 37 antiguos miembros de la guerrilla de las Farc como comparecientes en el caso e hizo el primer llamado a versiones voluntarias. En agosto pasado, el tribunal llamó a versión voluntaria a 26 comparecientes que integraron el Bloque Oriental del grupo guerrillero. Así mismo, en diciembre, la Sala también llamó a versión voluntaria a 47 compareciente más pertenecientes a los antiguos Bloques Sur, Occidental, Noroccidental, Comando Conjunto Central, Magdalena Medio y Caribe.
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Según el tribunal, existe evidencia que esos bloques son los responsables de cuantiosos reclutamientos. Lo que reposa en el documento de 13 páginas da cuenta que hubo cuatro picos de ese flagelo en el país que se presentaron en 1999, 2002, 2007 y 2013. Estos datos hacen parte del Universo Provisional de Hechos (UPH) que condensa el macrocaso numero 7 que investiga el reclutamiento y la utilización de niños durante el conflicto armado.
Sobre este proceso, la Sala ha recibido 45 informes que siguen alimentando los ejercicios de contrastación entre las partes. Esto equivale al 8% de los informes recibidos en total por la JEP, de un total de 532 informes recibidos al 31 de enero de 2021. En estos relatos de las organizaciones de víctimas, de las instituciones del Estado y de algunas universidades, la Sala ha encontrado un énfasis especial en la experiencia violenta vivida por los niños y niñas en el marco de la vida en las extintas Farc.
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