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La definitiva eliminación del Consejo Superior de la Judicatura es la principal propuesta que presentó la Comisión Nacional de Reforma a la Justicia al Gobierno, en el propósito de transformar la Rama, dentro de una postura que, para el ex presidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, no toca aspectos fundamentales de la estructura que requieren una urgente revisión.
La función de la Sala Administrativa, en lo que atañe a la administración de los recursos del poder judicial, sería suplida por un comité especial integrado por los presidentes de las altas cortes y tres magistrado más.
Entre tanto, las facultades de la Sala Disciplinaria, en lo concerniente a la vigilancia de la actuación de jueces, magistrados de tribunales y abogados, sería asumida por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia; la primera de las colegiaturas se encargaría de los representantes de los operadores penales, en tanto que la restante estudiaría los casos propios de los despachos contencioso administrativos.
Frente a la propuesta entregada por la Comisión al Gobierno Nacional este lunes, el ex magistrado Hernández señaló que lo fundamental es "que haya, hasta donde se pueda, una forma idónea de evitar que la política incida en la composición del órgano judicial".
Agregó que, a su juicio, no se han analizado aspectos sensibles acerca de la composición de la Justicia y que están generando graves consecuencias en su administración, toda vez que afectan directamente a la ciudadanía, que se ve perjudicada por la falta de eficacia y eficiencia en muchos procesos.
"Los problemas de la administración de justicia no necesariamente están arriba en las altas cortes. Tenemos problemas de congestión en los juzgados, en los tribunales; tenemos el formalismo excesivo en la tramitación de los procesos; tenemos unos procesos demasiado largos, que duran años, y respecto a ello no veo que haya una propuesta", precisó, en diálogo con ElEspectador.com.
En lo referente a la elección del Fiscal General de la Nación, la Comisión considera que es conveniente que sean los magistrados de la Corte Suprema e Justicia los que elijan la terna de aspirantes y que, en contraste, le corresponda al Presidente de la República su nombramiento definitivo, a partir de dicha preselección.
De la misma manera, se buscará que el período de permanencia de los magistrados en sus cargos sea de 12 años y no de ocho, como en la actualidad, al tiempo que se solicitará una ampliación en la edad de retiro forzoso, que sería partir de los 70 años de edad.
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