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La abogada y defensora de derechos humanos Ana Bejarano habló con El Espectador sobre la reciente decisión de la Corte Constitucional de una demanda presentada por la organización El Veinte, de la cual es codirectora, sobre el llamado Zero Rating. Esa política comercial daba a los operadores la potestad de elegir qué aplicaciones entregar de manera gratuita a los usuarios dentro de sus paquetes de datos de internet móvil. La decisión se fundamentó en la libertad de expresión y el pluralismo informativo, que es la variedad de opciones que pueda tener un ciudadano para consumir a información. El tema causó división, porque desde algunos sectores la consideraron perjudicial para las personas con menos recursos económicos, mientras que por otro, la ven como garantía de libertad.
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En palabras sencillas, ¿qué era lo que ustedes buscaban con la demanda que atendió la Corte?
Lo que esa demanda busca es que la gente tenga un acceso libre y suficiente a internet sin que otras personas determinen cómo lo tienen que usar.
¿La decisión sí quita realmente las aplicaciones supuestamente gratuitas que ofrecían los operadores en sus planes?
Gratuitas no son, porque en todo caso todo el mundo paga por un plan para asociarse a la telefonía móvil. Esos planes que supuestamente ofrecen aplicaciones gratis, lo que llevan es una cantidad de tratos e intereses comerciales para que el usuario crea que esas aplicaciones son gratis, para que supuestamente no le cueste datos, pero realmente no es gratis. Hay una cantidad de beneficios para el prestador de telefonía celular y para Meta, que son las aplicaciones que más se ofrecen gratis.
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Es importante señalar ahí que lo que la Corte está diciendo es que no se puede predeterminar el internet que una persona usa, porque esos son los ojos con los que hoy en día vemos e interactuamos en el mundo. Hay una cantidad de opciones que pueden solucionar la preocupación legítima que tiene muchas personas de que se acaben los planes que son de fácil acceso para las personas de escasos recursos.
¿Qué opciones habría?
Por ejemplo, Movistar ofrece una parrilla amplia de aplicaciones. No es lo ideal, porque no quisiéramos que hubiese parrilla, sino que le la gente pudiera acceder al internet en su totalidad. Pero eso es una opción intermedia que puede resultar beneficiosa. También, por ejemplo, hay planes en los que se ofrece internet más lento, pero uno puede acceder a toda la gama de aplicaciones y de servicios sin que le predeterminen unos.
¿Eso que buscan que pase en Colombia ya ha ocurrido en otros países o sería una propuesta pionera?
En todos los países del mundo que se tomaron ese tipo de decisiones, como Estados Unidos, Canadá, India, Chile, en todos esos países se amplió la cobertura, bajaron los precios de los planes y no hubo una desconexión de las personas de escasos recursos. No hay ni un solo caso en el mundo en el que haya pasado eso. Claro, tendrá que reajustarse el mercado para poder ofrecerle un mejor servicio de internet a las personas, pero eso de ninguna manera va a poner en riesgo a las personas de escasos recursos que requieren de la mínima conectividad. La idea, es que esas personas puedan acceder a un mejor internet, porque lo que tienen hoy en día con esa máscara de gratuidad son migajas.
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Durante el proceso ustedes también hablaron del tratamiento de datos en las aplicaciones supuestamente gratuitas. La Corte también al anunciar a decisión se refirió a este aspecto, ¿qué tiene que ver los datos personales en todo esto?
Hay dos cosas que son muy importantes ahí. Una es la del pacto implícito o explícito de que las personas, de los usuarios de telefonía celular, todos entregamos nuestros datos para obtener un celular, porque eso es lo que toca hacer cuando uno se inscribe. Los usuarios terminan siendo perfilados por estas empresas y por eso a Meta le queda perfecto que den sus aplicaciones supuestamente gratis, porque tienen la seguridad de que esa persona va a acceder solamente a esa parte del internet y que le vas a poder enviar toda la publicidad direccionada. Para ellos el negocio es tener a una persona y tener todos sus datos en una base de datos, porque con eso venden publicidad.
Los planes de Zero Rating sirven para eso. La persona cree que todo es gratis, pero en verdad ella y sus datos están siendo mercantilizados en el internet. Lo otro que es importante, es que una persona de escasos recursos o cualquiera que accede a estos planes tiene solamente acceso a una esquinita del internet, que además es gobernada por unos intereses económicos tan grandes como lo son los del señor Mark Zuckerberg, dueño de Meta.
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¿Cómo así solo a una esquina de internet?
Por ejemplo, durante la pandemia, a la gente le salía ‘tómate este remedio para curarte del Covid’. Una cosa que era falsa, que era peligrosa, que era dañina para la salud, y si uno se ponía a revisar la noticia y como no tenían internet, realmente no podía contrastar, ni verificar, ni entender nada. Entonces, lo que termina pasando es que para esas personas el internet es Facebook o la aplicación que les den gratis. El internet es una experiencia absolutamente cerrada que casi que puede conducir a consecuencias mucho más dañinas que las que tendría contribuir a ampliar la conectividad.
¿Entonces las aplicaciones gratuitas guían la información que consume una persona?
Claro, y esa es una de las consecuencias nefastas del Zero Rating en términos de desinformación. WhatsApp es el canal más poderoso de desinformación que hay en América Latina, seguido por Facebook y también Instagram. Entonces, si tú solamente tienes acceso a canales por los cuales transita libremente la desinformación sin ningún tipo de control, ¿cómo más vas a poder informarte de una manera que sea sensata también para ti? No es ni siquiera contrastar información, es que hay muchas cosas que están vedadas cuando solamente tengo acceso a tres aplicaciones.
¿Y la decisión, en términos prácticos, cómo le funciona a las personas?
Por ejemplo, una mamá soltera que trabaja muy duro para mantener a su hija dice, ‘bueno, yo lo que quiero es comprarle un plan de datos para poder saber, cuando yo estoy en el trabajo, que ella llega a la casa y que pueda hacer sus tareas, pero no quiero que entre a Instagram, no quiero que entre a Facebook, siento que eso le hace daño, me da miedo lo que pueda pasar por ahí’. Cuando los usuarios tienen la posibilidad de elegir, entonces esa persona va a tener un mejor servicio internet que respete realmente sus derechos humanos en el plano digital.
Otro ejemplo, un taxista que trabaja durísimo para pagarse un plan de datos, pues de pronto no le sirve tanto Instagram, de pronto le serviría más Waze. Entonces, poder tener acceso radica en que uno elija qué parte del internet usa, es muy importante, parece una cosa secundaria, pero realmente no lo es, y hace parte del ejercicio de muchos otros derechos, porque hoy día el internet realmente es la garantía de poder ejercerlos. Creer que el tema no importa mientras la gente tenga la posibilidad de hablar por WhatsApp o hacer un negocio por WhatsApp, aunque tengan restringido el resto, claro que importa.
La norma que tumbó la Corte daba a los operadores la potestad de elegir las apps gratuitas, ahora que se la quitaron, ¿quién se encarga de definir qué es gratis, qué de pago, y desde cuándo?
Todavía no se conoce el texto completo de la sentencia de la Corte, pero en el comunicado que sacaron sobre el tema dicen que la decisión va a entrar a regir en un año a partir de que se conozca. Eso quiere decir que seguramente hay unos mandatos de regulación en cabeza de las de las entidades que son las llamadas a regular ese tema, que es el Ministerio de las TIC y la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC). Nosotros tenemos algunas propuestas para presentarle a la Comisión sobre políticas públicas muy concretas de cómo se pueda regular este tema, respetando el texto de la sentencia y ante todo preocupándonos por la conectividad de muchísimos colombianos, cuya única conectividad son los planes en los que supuestamente les dan aplicaciones gratis.
Nosotros entendemos que ese es una necesidad de primer nivel y lo que queremos es que esa gente tenga más internet, no menos. Hay muchas soluciones de política pública que se pueden ofrecer y que vamos a plantear ante la CRC y esperamos que escuche a todos los actores involucrados para que se tomen unas decisiones regulatorias que sean justas y que garanticen ante todo una cosa que el Estado colombiano no ha podido garantizar: la conectividad real de la población.
¿Ya tiene propuestas pensadas para presentarle a la CRC?
Vamos a radicarlas apenas podamos estudiar la decisión de la Corte y vamos a pedirle a la CRC que haga un proceso informado, público, en el que se escuche a todos los actores involucrados en el que se hable también de cuáles son los acuerdos secretos y privados que tienen las empresas de telefonía celular con las plataformas. Especialmente en el caso de Claro y Meta. Vamos a pedirles y mostrarles las experiencias de tantos otros países del mundo en los que se ha regulado este tema en beneficio de los usuarios, de los consumidores de estos servicios. En Chile hay una cantidad de ideas, por ejemplo, de reciprocidad, te dan unas gratis y tú puedes elegir otras gratis también. El caso de Movistar que digo y es que hay una parrilla amplia y la gente elige cuál es el internet supuestamente gratis que va a tener, no lo eligen por él.
Hay también eh opciones de que el internet sea más lento. Entonces, pues tienen una garantía en el precio, pero va a ser más lento y vas a tener una un acceso de verdad libre y amplio al internet. Hay muchas soluciones regulatorias y ninguna de ellas pasa por incremento de precios y desconectividad entre la población.
Después de la decisión de la Corte sobre su demanda, El Veinte recibió distintos ataques por redes sociales por, supuestamente, haber atentado contra las personas de menos recursos. ¿Cómo han afrontado esos ataques?
Yo creo que hay unas preocupaciones legítimas, hay voces autorizadas y hay una conversación pendiente por tener sobre el internet y los límites que tiene el internet y para qué sirve en Colombia. Esa es la conversación hay que dar cuando las críticas son sustentadas y tienen preocupaciones sobre el alcance del fallo, sobre las diferentes opciones. Eso es muy válido. Pero lo que ha pasado es que vimos una cantidad de cuentas y de campañas orientadas a generar desinformación, en las que se repiten los mismos mensajes, en las que dicen cosas que son falsas, en las que no consultan ni el texto de la demanda ni nada de lo que ha dicho la Corte. Como una intención clara de satanizar un tema que además es tan complejo, que es muy fácil de satanizar, porque el vender la idea de ‘nos quitaron el internet gratis’ es muy fácil de vender, es algo que preocupa a muchas personas.
Creo que son ambas cosas, digamos, yo creo que hay unos esfuerzos coordinados para confundir a la gente para que haya nerviosismo y pánico frente a esta decisión y para que se culpe a alguien, por supuesto, a quien culparon este caso es a nosotros que somos los demandantes. Hay gente que dice, ‘sí, yo vivo de esto, yo necesito este servicio, ¿cómo es posible que lo vayan a quitar?’, y compran muy fácilmente esa idea. Se puede hablar de campañas de desinformación al mismo tiempo que surgen también personas informadas que tienen preocupaciones legítimas.
¿Van a tomar alguna medida judicial por los comentarios agresivos contra El Veinte?
Nosotros defendemos la libertad de expresión, la gente tiene derecho a defender las posiciones que quiera, incluso cuando lo hacen de manera no informada. Lo que sí nos preocupa es la seguridad de nuestra organización y del equipo. Hemos recibido bastantes amenazas concretas, hemos también recibido información de gente compartiendo la información de nuestra oficina, las fotos de nuestro equipo, como información concreta que permite identificarlos e identificar el lugar donde trabajamos y pues esos sí son todos delitos.
Eso sí lo denunciamos ya ante la Fiscalía, las cuentas que se tomaron en sus propias manos el trabajo de seguirnos y hostigarnos de esa manera. De resto, los insultos y eso, la gente tiene derecho a insultar y entendemos que esto es un tema difícil y la gente tiene derecho en este país tan desconectado a tener miedo de que algo pase que les genere más desconexión. Nosotros entendemos eso, pero por las amenazas a nuestra seguridad física, a nuestra vida y a la de nuestro equipo si no las podemos tolerar.
Dentro de esos ataques por redes se habló de una financiación a El Veinte por parte de Google que, supuestamente, influyó en que se presentara a demanda por el Zero Rating, ¿cuál fue la finalidad de esos dineros que recibieron y hasta qué punto tuvo que ver con el caso en la Corte?
La financiación de nuestra organización es pública, ha sido pública y lo fue durante todo el proceso. Tenemos el deber de informar que hace poco más de dos años un poco Google nos dio una beca porque todas las organizaciones de la sociedad civil viven de ese tipo de becas, de la cooperación internacional, de las embajadas, de organizaciones que dan dinero. En ningún momento hubo ningún redireccionamiento de nada por parte de Google de hacer nada de lo que hacemos, pero lo que es realmente gracioso de esta materia es que a Google, por supuesto, no le interesa que se luche por la neutralidad de la red. A Google lo han denunciado, lo han criticado, lo han sancionado por violar el principio de la neutralidad de la red y no solamente por violar eso, sino por tener una cantidad de prácticas anticompetitivas.
Entonces, si hay alguien a quien no le interesa esta demanda y este litigio es a Google y aún así la presentamos. La financiación de Google lo que muestra es nuestra independencia. Es que nosotros estamos haciendo las cosas conforme a los mandatos del de las organizaciones de derechos humanos en el mundo y no conforme a lo que nos digan los financiadores.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhordan C. Rodríguez
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