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Este martes se llevaba a cabo la primera audiencia preparatoria en contra de el presidente de la comercializadora DMG a quien la Fiscalía acusa de captación ilegal de dinero, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Sin embargo, la diligencia fue suspendida porque el ente investigador aún no ha entregado la totalidad del material probatorio a la denfensa.
El abogado penalista Fredy Gutiérrez señaló que sólo han conocido el 60% de las pruebas porque los constantes cambios de juristas que ha sufrido el proceso no les ha permitido ponerse al día en su totalida.
Contrario a lo que se pensaba en esta audiencia Murcia fue asistido por Gutiérrez y no por Aloson Salázar, más conocido como el abogado de la mafia, y de quien se rumoraba iba a asumir la defensa de DMG para este juicio.
Gustavo Salazar Pineda, abogado defensor de Murcia, dijo que hasta que no se revise todas las pruebas, contenidas en documentos y audio, contra su defendido, no se reanudarán las audiencias.
En el proceso, la Fiscalía asegura que cuenta con más de 90 pruebas que comprometen al dueño de DMG con lavado de activos.
El problema, según manifestó el nuevo abogado, es que el expediente es bastante grade y el grupo de abogados encargados de su defensa no ha tenido tiempo de revisar todo el expediente.
Sin embargo, el nuevo abogado ha sido una persona cercana al proceso, pues su hermano Carlos Mario es socio de otro de los juristas que tuvo a cargo el proceso, Freddy Gutiérrez, y quien nunca descartó la posibilidad de pedir asesoría a Salazar.
"Desde el punto de vista penal, él va a hablar y hemos tomado la determinación de que trastoque su silencio en el testimonio que debe presentar en el juicio (…) a David Murcia le están cobrando ser un banquero venido de abajo", manifestó Salazar en diálogo con Caracol Radio.
Según Salazar , para conocer el curso real del proceso se deben esperar por lo menos siete meses, ya que el caudal probatorio es bastante extenso.
Salazar Pineda nació en El Santuario (Antioquia) en 1953, es abogado de la Universidad Libre de Colombia, fue defensor de varios de los más conocidos capos de las drogas y del M-19 por la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.