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La Sociedad de Activos Especiales (SAE) suspendió la recuperación del inmueble ubicado en la Calle 59A # 91 – 42, en Barranquilla, donde reside la empresaria Elince López Romero, más conocida como La Gata. Ante la solicitud de la SAE para que los ocupantes se comprometieran a entregar el inmueble de manera voluntaria, los abogados de López Romero accedieron a entregarlo en diez días hábiles sin dilaciones. Es decir, el 10 de mayo. (Le podría interesar: Sociedad de Activos Especiales, con licencia para desalojar a la «Gata»)
La SAE reanudará la diligencia ese mismo día, fecha en la cual López Romero deberá entregar el inmueble. Esta entidad, que administra los bienes del Estado, igualmente notificó que, en caso de no entregar el inmueble, retomará el operativo con la Policía, la Secretaria de Gestión Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el INPEC, la Procuraduría y la Secretaría de Salud y Secretaría de Gobierno, entidades que se hicieron presentes desde ayer cuando empezó el operativo.
“La SAE escuchó y atendió las consideraciones expuestas por la Secretaría Distrital de Salud sobre los riesgos para la salud de los ocupantes al realizar la diligencia, la información aportada por la Secretaria de Gestión Social advirtiendo la no disponibilidad de cupos en los hogares de atención para el adulto mayor, la oposición de la Personería Distrital para continuar con la diligencia y las consideraciones del INPEC frente al traslado de la señora Enilce López a su nuevo lugar de reclusión por su estado de salud”, precisó la entidad por medio de un comunicado a la opinión pública. (Lea también: «La Gata» tendrá que desalojar la mansión donde paga su condena)
La polémica inició con un cuestionamiento de la Fiscalía al revelar que López Romero se encontraba pagando su pena en un inmueble embargado desde el 22 de mayo de 2014. Aunque la defensa de la empresaria interpuso recursos evitando el desalojo del inmueble, petición a la que también se unía evitar el traslado a una cárcel alegando problemas de salud, un juez finalmente resolvió que ese predio puede ser ocupado por el Estado. Decisión que fue ratificada por el Tribunal Superior de Barranquilla al negarle una tutela en la cual pedía que le permitieran quedarse en su casa como una forma de amparo de los derechos fundamentales.
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