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Once mujeres que estuvieron privadas de la libertad en la cárcel de El Cunduy, en Florencia (Caquetá), le ganaron hace poco un pulso al Estado colombiano: lograron que el Consejo de Estado ordenara indemnizarlas por las condiciones precarias en las que vivían. Cuando el fallo le dio la razón a las reclusas se habló de las órdenes al Gobierno y la millonaria reparación que recibirían ellas. Pero en el trámite de la demanda, a su vez, el alto tribunal alertó sobre una posible irregularidad que pasó de agache: que el Instituto Penitenciario (Inpec) podría estar manipulando las cifras de ocupación que publica en su sitio web para hacer ver menor el problema del hacinamiento.
Las mujeres que instauraron esta acción de grupo estaban recluidas en el pabellón que sólo tenía capacidad para 25 personas, pero alcanzaron a estar 150. Entre todas, compartían un área social, dos baterías sanitarias funcionales, dos duchas y una sala de televisión. Ahora, tras corroborar los daños que vivieron las reclusas en este penal, el Consejo de Estado entró a calcular los montos de la reparación. Uno de los factores es el hacinamiento y en esa parte del proceso es que los magistrados encontraron las banderas rojas que indicarían que las cifras podrían estar siendo alteradas.
“Entre enero 2012 y el 14 de junio de 2013, el pabellón de mujeres de la Cárcel del Cunduy tuvo distintos niveles de ocupación y hacinamiento. La Sala cuenta con certificados aportados al proceso y con información oficial publicada por el Inpec (en los tableros estadísticos de su página web) para todos los meses excepto para junio de 2013. Este vacío de información fue reemplazado con un valor esperado, obtenido por la Sala mediante una línea de tendencia”, dice el fallo. Con esos 25 cupos, para mayo de 2013, el hacinamiento del pabellón alcanzaba el 353%. Pero de una manera que la entidad no pudo explicar, aumentó la capacidad del patio de mujeres, por lo menos en el papel.
“La Sala revisó los índices publicados por el INPEC en sus páginas oficiales, con el fin de precisar el hacinamiento para el último mes indemnizable de 2013. Encontró que para 2017, el INPEC calculó el índice de hacinamiento sobre una capacidad instalada de 40 cupos, que sólo mantuvo hasta mayo de 2018 cuando volvió a un cupo de 28, muy cercano al certificado para los años anteriores”, continúa la sentencia. Y remata: “No deja de sorprender que, en un pabellón con una capacidad instalada constante para 25 a 28 internas, puedan aparecer y desparecer 12 cupos en cuestión de unos meses”. (Lea también: Consejo de Estado dice “basta ya” a las penas desproporcionadas a mujeres)
Así las cosas, el Consejo de Estado advirtió: “la prevención de violaciones masivas de derechos humanos en el sistema penitenciario no depende de la manipulación de los datos o de la asignación de valor a las variables de una ecuación, sino de la adecuación real de las condiciones y el respeto efectivo de los estándares vigentes”. Es decir, para el caso concreto, que la entidad hubiera supuestamente cambiado las cifras para disimular el hacinamiento, no la exime de responsabilidad en las violaciones de derechos. Además, según personas cercanas al proceso, el cambio en los cupos se habría dado justo cuando el Inpec tenía que reportarle las cifras de hacinamiento a la Corte Constitucional.
Y es que, en virtud de la constante violación de derechos fundamentales que se vive en las cárceles de Colombia, ya desde hace un tiempo esa alta corte declaró que hay un estado de cosas inconstitucional en las prisiones. Para revertir esa situación, las entidades encargadas de la política penitenciaria tienen que enviarle informes constantes de su gestión a la Corte y una de las reglas que pusieron los magistrados es que en las cárceles tiene que haber un “equilibrio decreciente”. Es decir: el hacinamiento nunca puede crecer, como ocurrió en El Cunduy hacia 2017, sino que solo puede decrecer.
Estos hechos los trasladó el Consejo de Estado a la Procuraduría para que investigue si en efecto hay tales irregularidades y si merecen ser sancionadas. En el numeral 11 de la parte resolutiva de la sentencia, el alto tribunal ordenó: “compulsar copias a la Procuraduría para que, si lo considera oportuno, investigue lo de su competencia en relación con el manejo de datos sobre capacidad instalada e índices de hacinamiento entre enero de 2017 y mayo de 2018”.
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