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Sílaba Editores tiene en el mercado un libro que se busca posicionar como toda una revolución ante el expediente que la justicia y los órganos de control han construido por más de una década por la caída de la que llegó a ser la EPS más potente del país: Saludcoop. Aunque Carlos Palacino, su expresidente, ha sido condenado, sancionado disciplinaria y fiscalmente, y señalado públicamente de enriquecer a el grupo empresarial Saludcoop con el dinero de la salud para los colombianos, la editorial, a través de una investigación del reputado periodista Alberto Donadio, titula todo lo contrario. “Palacino es inocente”, dice.
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Saludcoop llegó a controlar hasta el 30 % del mercado de aseguramiento de la salud, según La Silla Vacía. Pero, en 2011, el imperio de lo que era una empresa privada quebró luego de varias denuncias periodísticas y políticas que señalaron a Palacino de favorecer al conglomerado economico que representaba a través de Saludcoop Eps de la plata que el Estado le entregaba para que funcionara como empresa de salud. En su momento, fue de amplio conocimiento que el empresario habría accedido a lujosos automóviles y que la EPS invertía en infraestructura que nada tenía que ver con la salud, como en campos de golf. Aunque Donadio sostiene, con prueba en mano, que no hay pruebas para condenar a Palacino, la justicia, por ahora, ha dicho lo contrario.
La decisión penal
En abril del año pasado, la Fiscalía logró la sentencia condenatoria contra Palacino y que lo inhabilitaran de por vida para ocupar cargos públicos. Fue hallado penalmente responsable por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros (Grupo Empresarial Saludcoop) y castigado con 10 años de prisión. Según esta línea investigativa de la Fiscalía, Palacino, entre 2000 y 2004, se habría apropiado ilegalmente de hasta $400.000 millones, en favor del conglomerado económico, provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el valor que se les reconoce a las EPS, cada año, por cada uno de los afiliados al sistema de seguridad social en salud. Ese dinero está destinado para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud.
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No obstante, como lo encontró probado el Juzgado 49 de Circuito de Bogotá, según comunicó a Fiscalía a la opinión pública, por directriz de Palacino, Saludcoop utilizó dineros públicos dispuestos para atender la salud de sus afiliados para comprar bienes raíces en Colombia, México y Ecuador. Así como para adquirir edificios y oficinas, realizar préstamos a socios y trabajadores, y hasta para costear viajes personales y vehículos de alta gama. Las irregularidades dentro del sistema de Saludcoop se evidenciaron en el censo poblacional, como descubrir que 240.000 afiliados reportados como mayores de edad, en realidad tenían menos de 18 años. O que 3.713 filiados fallecidos continuaban activos en el sistema.
Ahora bien, lo que sostiene Alberto Donadio es que todos los negocios que hizo Palacino y otros funcionarios de la EPS fueron completamente legales porque se trataba de una empresa privada con ánimo de lucro que nunca utilizó dinero público que hacer sus inversiones. El periodista, además, explicó en su libro que la excontralora Sandra Morelli, la funcionaria que arrancó la investigación, nunca tuvo pruebas para llevar a juicio fiscal a ninguno de los trabajores de Saludcoop, mucho menos a Carlos Palacino. Asimismo, Donadio señaló que, pese a que en los primeros meses del escándalo se dijo que el expresidente había comprado autos de lujo y otras propiedades de alto valor, esto nunca lo probó la justicia y, entre otras cosas, por eso mismo Palacino nunca fue condenado por delitos como estafa, falsedad en documento público o fraude procesal.
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La sanción disciplinaria
La Procuraduría sancionó y confirmó la decisión contra Palacino en un par de fallos disciplinarios que están plenamente vigentes desde 2015. Tras hallarlo responsable por cargos relacionados con la economía y la hacienda pública, está suspendido para ejercer cargos públicos por 10 años y en su contra tiene una multa por $23 millones. La investigación de la Procuraduría se centró en los periodos 2007 y 2008. En ambos años, Saludcoop recibió billonarios recursos del Sistema General de Seguridad Social, de los cuales reportó excedentes por $22 millones (2006) y $21 millones (2007). Hasta ahí todo dentro de lo normal. El problema fueron los reportes de inversión.
Como lo explicó la Procuraduría en su fallo disciplinario de segunda instancia, “con arreglo a la información suministrada por la propia EPS, y antes de que fuese intervenida, la entidad realizó inversiones en 2007 por la suma de $116.270′921.115, y en 2008 por $97.499′547.449. Al comparar estas cifras con los excedentes producto de los ejercicios 2006 y 2007, era claro que los sobrepasaban. Por lo que la inferencia a la que se arribó en el momento en que se profirió cargos fue que Saludcoop EPS había destinado recursos diferentes a dichos excedentes para realizar las inversiones relacionadas, en contravía de las normas constitucionales, legales y decisiones jurisprudenciales”.
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Los primeros problemas
La primera autoridad en pronunciarse de fondo por el escándalo de Saludcoop fue la Contraloría, la cual, desde sus anuncios de responsabilidad fiscal, de 2012, y su posterior fallo de primera instancia, de 2013, advirtió casi que en primicia al país de las irregularidades en la EPS. En la decisión de primera instancia, confirmada meses después, Carlos Palacino y otros quince exfuncionarios de Saludcoop fueron encontrados responsables de haber desviado recursos públicos para la salud y les ordenaron devolver al Estado $1,4 billones. En síntesis, que con la aprobación de Palacino, la EPS financió diversos proyectos del grupo empresarial “Grupo Saludcoop”, que a su vez era dueña de Cruz Blanca EPS y la extinta Cafesalud EPS.
La investigación contó, según Portafolio, con más de 700 medios de prueba entre documentos propios de la EPS, soportes contables, testimonios e información contractual de Saludcoop. Los dineros desviados, según el fallo, pararon en donaciones a empresas del grupo empresarial y hasta a La Equidad, equipo de la primera división del fútbol colombiano, ante la cual se gastaron hasta $115 millones en afiliaciones como lo prueba el acta 101 del 26 de marzo de 2003. La Contraloría constató que dinero destinado a la salud de los colombianos fue usado para invertir en sociedades nacionales y extranjeras, pagar bonificaciones extraordinarias y sueldos sobreelevados a funcionarios. Con dinero del Sistema de Seguridad Social, incluso, se pagaron amortizaciones, intereses y costos de endeudamiento del “Grupo Saludcoop”.
La cura fue peor que la enfermedad
En 2011, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes y negocios de Saludcoop EPS, con lo cual el Estado asumió una intervención forzosa de la entidad, prometiendo salvarla. Esto, desde luego, jamás ocurrió. Y entre los responsables de ello está el médico especialista en gerencia de Salud, Guillermo Grosso, quien en 2013 fue designado por la Superintendencia como Agente Especial Interventor de la EPS. Como representante del Estado en la salvación de Saludcoop, tenía la tarea de ayudar a recuperar la liquidez de la entidad, con tareas como restituir los bienes muebles e inmuebles, vender acciones y recuperar la cartera y los aportes de los asociados.
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Sin embargo, como lo determinó la Contraloría en noviembre pasado, Grosso también debe responder por la corrupción que rodeó el ocaso de Saludcoop. El órgano de control emitió un fallo de responsabilidad fiscal de $1.067 millones en su contra, “por autorizar el giro de los dineros parafiscales para cubrir conceptos ajenos a su destinación como fueron: eventos culturales, conferencias y arriendo de vehículos blindados”. Aunque su tarea era salvar Saludcoop, con dineros del Sistema de Seguridad Social pagó, en 2014, un evento cultural de final de año, olimpiadas deportivas, un día de la familia y hasta un torneo de bolos.
Los chanchullos de Grosso pudieron realizarse a cabo, entre otras cosas, con la ayuda de quien se suponía debería vigilarlo: la Superintendencia de Salud. Ahí entra al expediente Eva Carrascal, exdelegada para la supervisión institucional, a quien Grosso y otros socios le entregaron hasta $300 millones para favorecerlos en decisiones administrativas. Con esa plata, aceptó Carrascal a la justicia, se compró un apartamento. Por estos hechos, en los que Grosso resultó favorecido, fue condenado a seis años de prisión. Carlos Palacino también está tras las rejas y pronto conocerá la resolución de su segundo juicio. Alberto Donadio, no obstante, publicó su verdad del expediente Saludcoop y no le tembló la pluma para firmar que, en todo este embrollo de corrupción, Palacino es inocente.
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