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En la tarde hubo fútbol. Soldados y habitantes del caserío de Las Delicias, en Puerto Leguízamo (Putumayo), disputaron un último partido antes de que llegaran los abastecimientos enviados desde a sede principal del batallón en el corregimiento de La Tagua. Mientras un pelotón descargaba los víveres, decenas de guerrilleros de las Farc se acercaron sin ser advertidos al perímetro de la base. Todo estaba listo para perpetrar un ataque a las 10:30 pm que marcaría la historia del conflicto armado colombiano. Pero uno de los guerrilleros fue visto por uno de los centinelas de la base y, minutos después de las 2:30 pm del 30 de agosto de 1996, comenzó la balacera.
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Hoy se conmemoran 30 años de esa toma guerrillera en la que murieron 27 militares, 16 resultaron heridos y otros 60 fueron secuestrados. Cuando el centinela se dio cuenta de la presencia de hombres armados, gritó en alarma para pedir refuerzos y abrió fuego. Casi al mismo tiempo, una granada cayó en la plaza de armas, donde se encontraba buena parte de la tropa. Los soldados corrieron hacia las trincheras mientras la base comenzaba a ser golpeada con morteros, granadas, bombas incendiarias, fusiles y ametralladoras. Lo que siguió fueron cerca de 17 horas de combate.
De un lado estaban 110 integrantes de la Compañía C del Batallón de Selva número 49, comandados por el capitán Orlando Mazo. Del otro, alrededor de 500 guerrilleros pertenecientes a los frentes 2, 14, 32 y 48, la columna móvil Teófilo Forero y la guardia especial del Bloque Sur de las Farc. La diferencia no solo estaba en el número de hombres. La guerrilla conocía la ubicación de las trincheras, los puestos de vigilancia, el centro de comunicaciones y los depósitos de armamento.
Una operación preparada durante meses
La toma de Las Delicias no fue improvisada. Investigaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, así como fallos judiciales, han documentado que el plan comenzó a tomar forma el 17 de diciembre de 1995, más de ocho meses antes del ataque. Tres guerrilleros fueron enviados a la zona para infiltrarse entre los cerca de 150 habitantes del caserío y recopilar información sobre la base. Se presentaron como trabajadores de una finca cercana, se ganaron la confianza de la población y lograron aproximarse a los soldados.
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Uno de ellos, conocido como alias “Camilo”, aprovechó su afición por la pesca para acercarse al capitán David Zambrano, quien entonces comandaba la base. Otros integrantes de la guerrilla ingresaron haciéndose pasar por vendedores de productos agrícolas e incluso participaron en actividades deportivas organizadas dentro de la guarnición. Así pudieron grabar imágenes de las instalaciones y establecer las rutinas de los militares, los tiempos de abastecimiento, el tipo de armamento disponible y los caminos por los que podían ingresar.
Con esa información, las Farc construyeron una réplica de la base en las riberas del río Suncilla, al occidente de Remolinos del Caguán. Allí concentraron a sus hombres y ensayaron la operación. Para cuando comenzó el ataque, la guerrilla llevaba meses estudiando una posición militar que tenía trincheras deficientes, un sistema de comunicaciones precario y serias limitaciones para recibir apoyo aéreo. Días antes de la toma, la compañía que estaba en Las Delicias fue relevada por los 110 militares al mando del capitán Mazo. El oficial ya había estado seis meses antes en esa base y había pedido su retiro del Ejército. De acuerdo con las reconstrucciones del caso, fue enviado nuevamente a esa guarnición después de solicitar la baja.
Una noche bajo fuego
Los primeros puestos de vigilancia fueron destruidos al comienzo de la incursión. Los guerrilleros ocuparon parte de las trincheras y concentraron el ataque sobre los puntos de defensa ubicados en la entrada de la base. Los soldados respondieron y obligaron a los primeros grupos de asalto a retroceder, pero la intensidad del fuego fue destruyendo paulatinamente la guarnición. En medio del combate, un uniformado logró recuperar el radio de comunicaciones y entregárselo al capitán Mazo, quien solicitó refuerzos a La Tagua. Cerca de la medianoche, dos aviones OV-10 llegaron a la zona, iluminaron y atacaron los alrededores de la base.
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Sin embargo, no consiguieron comunicarse con los militares que permanecían en tierra y finalmente tuvieron que retirarse. Para entonces, la guerrilla ya controlaba el campo de fútbol y varios puestos de vigilancia. Cerca de 50 soldados resistían alrededor de tres posiciones, dirigidos por el capitán Mazo y apoyados desde la retaguardia por el subteniente Torres. Durante la noche, los militares recogieron las armas y municiones de quienes habían muerto o resultado heridos para sostener la defensa.
Los refuerzos que salieron desde Puerto Leguízamo tampoco pudieron llegar a tiempo. Un grupo de infantes de marina fue emboscado en Puerto Boy, a unos 20 minutos de Las Delicias, por guerrilleros apostados en las dos orillas del río. La operación quedó detenida mientras el combate avanzaba hacia su desenlace dentro de la base. Al amanecer del 31 de agosto, después de una breve pausa, comenzó un nuevo asalto. Los militares lograron rechazar inicialmente a la guerrilla y causarle varias bajas, pero sus municiones empezaron a agotarse. Cerca de las once de la mañana, los hombres que defendían la retaguardia fueron capturados. Solamente dos puestos permanecían bajo control del Ejército.
El capitán Mazo ordenó entonces intentar una salida hacia el río Caquetá. La idea era atravesar las instalaciones, alcanzar la ribera y resistir con la munición disponible o lanzarse al agua para llegar a la otra orilla. Mazo salió de la trinchera acompañado por tres soldados, pero fue alcanzado por el fuego de una ametralladora. Otros uniformados que intentaron seguirlo también fueron abatidos. Según las reconstrucciones del ataque, el capitán fue rematado cuando se encontraba herido.
Con casi todo el parque agotado, los últimos soldados destruyeron parte de su dotación y dejaron de disparar. La base quedó en manos de las Farc. El saldo fue de 27 militares muertos —dos oficiales, siete suboficiales y 18 soldados—, 16 heridos y 60 secuestrados. Siete uniformados que estaban fuera del perímetro al comenzar el ataque lograron salir ilesos. Al menos nueve guerrilleros murieron durante los enfrentamientos.
Diez meses de cautiverio
Cuando los primeros refuerzos llegaron a Las Delicias, en la tarde del 31 de agosto, la guerrilla ya se había retirado. Además de llevarse a los 60 uniformados, había incautado 99 fusiles. Los militares capturados fueron trasladados por los ríos Putumayo y Piñuña Blanco y posteriormente divididos en tres grupos. Durante el primer mes permanecieron en una zona selvática del norte de Ecuador, a varias horas de la frontera con Colombia.
El secuestro se prolongó durante diez meses. Los uniformados fueron liberados el 14 de junio de 1997, después de que el gobierno de Ernesto Samper aceptara desmilitarizar Cartagena del Chairá, en Caquetá. La decisión produjo un enfrentamiento público entre el Ejecutivo y la cúpula militar, entonces encabezada por el general Harold Bedoya, quien rechazó las concesiones otorgadas a la guerrilla para facilitar la entrega.
Las Delicias dejó al descubierto una cadena de fallas: una base vulnerable, información militar obtenida durante meses por la guerrilla, comunicaciones insuficientes, refuerzos que no llegaron a tiempo y una enorme desigualdad entre las fuerzas enfrentadas. También anticipó una etapa en la que las Farc pasaron de la guerra de emboscadas a operaciones de gran escala contra instalaciones militares.
Lo que determinó la JEP sobre Las Delicias
Casi tres décadas después del ataque, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconstruyó lo ocurrido con los 60 militares capturados en Las Delicias. Los antiguos integrantes de las Farc reconocieron que la operación fue ejecutada por estructuras del Bloque Sur y entregaron información sobre sus comandantes y propósitos. Fabián Ramírez Cabrera, uno de los antiguos jefes de esa estructura, también habló de su participación en la liberación de los uniformados.
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La JEP estableció que los militares permanecieron bajo vigilancia de los frentes 32, 48 y 49 hasta junio de 1997. Para que fueran entregados, las Farc solicitaron el despeje militar de Cartagena del Chairá. El gobierno de Ernesto Samper aceptó bajo varias condiciones, entre ellas que no existiera un canje. Según la jurisdicción, la liberación se produjo unilateralmente y sin exigir una contraprestación.
Esa conclusión llevó a la Sala de Reconocimiento a hacer una distinción jurídica. La captura de los 60 soldados, al haberse producido durante una operación militar, fue considerada una aprehensión de combatientes susceptible de amnistía. Para la JEP, en ese caso específico no se reunieron los elementos necesarios para calificar la privación inicial de la libertad como el crimen de guerra de toma de rehenes o como el crimen de lesa humanidad de privación grave de la libertad.
La posible amnistía, sin embargo, no cobijó lo ocurrido durante los casi diez meses de cautiverio. En el proceso fueron acreditados como víctimas 43 integrantes de la Fuerza Pública y 22 familiares y allegados. Seis uniformados relataron que padecieron torturas, golpes, paludismo, leishmaniasis y picaduras de insectos. También denunciaron que los guerrilleros utilizaron una misma jeringa para tratar a varios cautivos, lo que habría provocado enfermedades como hepatitis.
Otros testimonios señalan que algunos militares permanecieron amarrados y fueron obligados a cumplir extensas jornadas de marcha. Los cautivos también eran amenazados con ser asesinados si se producía un intento de rescate y vigilados incluso cuando hacían sus necesidades fisiológicas. La justicia ordinaria documentó, además, padecimientos físicos y mentales, esfuerzos desmedidos y torturas psicológicas.
La JEP concluyó que esas conductas podían constituir crímenes de guerra de tortura, tratos crueles y atentados contra la dignidad personal. Los antiguos miembros de las Farc imputados en el Caso 01 reconocieron estos crímenes concurrentes, que quedaron incluidos en la Resolución de Conclusiones de 2022 y posteriormente en la primera sentencia sancionatoria contra el último secretariado de esa guerrilla.
El 16 de septiembre de 2025, la JEP declaró penalmente responsables a Rodrigo Londoño Echeverri; Jaime Alberto Parra Rodríguez, conocido en la guerrilla como Mauricio Jaramillo o “el Médico”; Milton de Jesús Toncel Redondo; Pablo Catatumbo Torres Victoria; Pastor Lisandro Alape Lascarro; Julián Gallo Cubillos, y Rodrigo Granda Escobar, conocido como Ricardo Téllez. La condena no se limitó a Las Delicias: abarcó los patrones de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes cometidos por las Farc que fueron investigados en el Caso 01.
A los siete exintegrantes del secretariado les fue impuesta una sanción propia de ocho años, con restricciones efectivas de derechos y libertades. Durante ese periodo deberán participar en proyectos restaurativos relacionados con memoria y reparación simbólica, búsqueda de personas desaparecidas, recuperación ambiental y acción contra minas antipersonal. La sentencia los responsabilizó, según la situación particular de cada uno, por crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluidos homicidios, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles y atentados contra la dignidad de quienes permanecieron cautivos.
Treinta años después, Las Delicias sigue siendo recordada por las ruinas de aquella base, por los soldados que murieron intentando defenderla y por los 60 uniformados obligados a caminar hacia la selva para comenzar diez meses de cautiverio. La toma no duró más de un día. Sus consecuencias, en cambio, marcaron durante años la historia de las Fuerzas Militares y de una guerra que todavía intenta reconstruir lo que ocurrió aquella noche en Putumayo.
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