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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció una nueva imputación por crímenes de guerra y lesa humanidad en contra de miembros que integraron las filas de la guerrilla de las Farc. Se trata de 12 comparecientes que pertenecieron a cinco comandos y columnas que operaron en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, los departamentos que prioriza la investigación del macrocaso 05, que indaga sobre la situación territorial de ambos territorios. Los firmantes fueron llamados a reconocer su responsabilidad en 14 crímenes identificados en 5.000 hechos violentos, principalmente cometidos en contra de poblaciones étnicas y durante un violento capítulo de la guerra en Colombia: las tomas guerrilleras.
La JEP investigó casos de homicidios, entre ellos de algunos médicos ancestrales, ejecuciones sin previo aviso, desplazamiento, reclutamiento de menores, utilización de minas antipersonal, destrucción del medio ambiente, persecución y otros actos inhumanos, entre otros. La imputación incluyó el nombre de Pablo Catatumbo, el único integrante del Secretariado de la extinta guerrilla, y otros 11 firmantes del Acuerdo de Paz. Sus nombres no fueron revelados por temas de seguridad en la región, pero fueron mencionados por la JEP bajo sus alias durante el conflicto: Francisco González o Pachochino, Matías Aldecoa, Miguel Ángel Pascuas, Calixto, Carlos Antonio, Alirio, William o El Paisa, Vladimir, Juvenal, Pacho Quinto y Mama Juana.
La JEP identificó nueve patrones criminales en estas dos zonas: tomas guerrilleras o ataques a los municipios; asesinatos y desapariciones forzadas de indígenas, afrocolombianos, campesinos y otras personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario; traslados forzosos de indígenas, afrocolombianos, campesinos y otros civiles sin pertenencia étnica o campesina; persecución de indígenas, afros y campesinos; utilización, reclutamiento o alistamiento de menores de las comunidades; uso de minas antipersonal; ejecuciones sin todas las garantías judiciales; confinamiento de las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y otros civiles sin pertenencia étnica o campesina; y afectaciones a la naturaleza y a los territorios.
Los firmantes, dice la JEP, conformaron divisiones del grupo armado para crear lo que se conoció como el Bloque Occidental (del cual Pablo Catatumbo fue su comandante), el Bloque Móvil Arturo Ruiz, el Frente 6º, la Columna Móvil Miller Perdomo, y las Compañías Móviles Alonso Cortés, Ambrosio González y Simón Rodríguez. Según estableció el órgano de justicia transicional, luego de analizar cientos de testimonios, informes de organizaciones de víctimas e información proveniente de la justicia ordinaria, estas estructuras habrían cometido los crímenes imputados, en su mayoría, durante las tomas guerrilleras, uno de los patrones macrocriminales que tuvo en cuenta la jurisdicción especial.
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Esta estrategia de guerra consistió en la toma de diferentes poblaciones, utilizando como principal mecanismo el ataque a puestos de la Fuerza Pública. De hecho, según la JEP, las Farc perpetraron 288 tomas entre 1965 y 2013, principalmente en los municipios de Toribío, Caldono, Caloto, Corinto, Jambaló, Miranda, Pradera y Florida. Para alcanzar el objetivo de apropiarse de la zona, los guerrilleros lanzaban tatucos de gas a las cabeceras municipales. “Aunque en muchas ocasiones fueron dirigidas contra la Fuerza Pública, terminaron ocasionando muertes, lesiones y afectaciones psicológicas a civiles y daños a bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) como escuelas y hospitales”, precisó la JEP.
El auto de imputación recoge los diferentes hechos enmarcados durante las tomas guerrilleras, principalmente en el municipio de Toribío (Cauca), el más golpeado con esta práctica con un total de 65 ataques, entre 1997 a 2016, según detalló la justicia especial. Uno de los hechos que recordó la JEP sobre las denominadas tomas guerrilleras ocurrió el 14 de abril de 2005, tras una incursión liderada por el Frente 6º y la Columna Móvil Jacobo Arenas que buscaba tomarse el puesto de Policía. De nuevo, la guerrilla usó cilindros bomba que, incluso, fueron lanzados desde cañones contra la estación, mientras otros minaban puentes y vías de acceso, y los demás se tomaban la escuela y cortaban las líneas de telecomunicaciones.
El casco urbano municipal terminó destruido y en los hechos fue asesinado un menor de edad indígena. Otro de los ataques a ese municipio por el que los comparecientes responderán ante la JEP es el conocido como la Chiva Bomba, perpetrado el 9 de julio de 2011. En pleno día de mercado, el comando Jacobo Arenas y del Frente Sexto usaron un bus escalera o chiva de transporte público y lo cargaron con cien 100 kilos de explosivos, para atacar la estación de Policía de Toribío y, de paso, tomarse la sede del Banco Agrario. La toma ocasionó la muerte de tres civiles, al menos 103 heridos, entre ellas una menor de edad, y una devastadora cifra de 460 viviendas destruidas.
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Ese suceso quedó grabado en la memoria de los habitantes de Toribío, quienes recordaron lo sucedido ante la Comisión de la Verdad (CEV) mientras ese organismo investigaba las tomas guerrilleras en el Cauca entre 1997 y 2016. Así lo narró una persona que presenció la explosión: “Explotó un carro bomba que tenía 3 o 4 cilindros, en esa parte donde está ubicada la guardia indígena. Fue ubicado a 200 metros, nuestra casa nuevamente se destruyó (…) nuevamente nos dio mucha ansiedad, la ansiedad de que la guerra estaba nuevamente con nosotros, y ese día hostigaron todo el día, todo el día tiraron cilindros, tatucos balas. Todo el pueblo, casi la mayoría, nos tuvimos que desplazar (…) nos daba miedo vivir en ese lugar”.
Algunos miembros de la extinta guerrilla también le entregaron detalles a la CEV sobre este hecho, el cual es calificado como uno de los más graves en contra de la población civil, según la propia Comisión y la JEP. Un excombatiente, cuyo nombre no fue revelado, relató que ese hecho fue un error político. “En ningún momento, digamos, no calcularon eso los explosivistas que armaron la chiva, no calcularon de que iba a ser muy fuerte las cargas impulsoras”, dijo. Y agregó que el objetivo no solo era la estación de Policía de Toribío, sino también una casa en la que se quedaban entre 20 y 30 uniformados que habían llegado hace pocos días a reforzar el pie de fuerza de ese puesto de la Fuerza Pública.
Luego del ataque, dice el informe de la Comisión, el Secretariado, supuestamente, ordenó no ejecutar más ataques de ese estilo, lo que habría generado un quiebre en las acciones de la guerrilla por la utilización de explosivos no convencionales. Además, el rechazo por parte de las comunidades a la presencia de las Farc se hizo más notorio luego de la explosión, aseguró la CEV. Y, como secuelas de ese ataque, se generaron procesos de desplazamiento masivo en municipios aledaños como Caldono, Caloto y Corinto. “Los ataques indiscriminados y las incursiones armadas generaron un ambiente de temor, incertidumbre e inestabilidad a los pobladores que optaron por desplazarse a otras ciudades”, indica el informe de la Comisión.
Las dinámicas de violencia en el Cauca y el Valle, dice la JEP, también afectaron directamente a poblaciones indígenas y afro, lo que generó una persecución en su contra mediante prácticas como la instalación de minas antipersonal en sus territorios. Incluso, relata la justicia especial, médicos tradicionales de ambas comunidades fueron asesinados por miembros de la extinta guerrilla, pues tenían prohibido atender a la población. Esta imputación es la segunda que realiza la JEP en el macrocaso 05, y no se descarta que vengan más durante este año. Los comparecientes, ahora, tendrán 30 días para aceptar o rechazar la decisión y agregar comentarios. En caso de no reconocer los hechos, sus casos serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), donde podrían enfrentar un juicio y hasta 20 años de prisión.
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Por Santiago Díaz Gamboa
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