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Han pasado 365 días y 18 colombianos presos en Haití no han sido llevados ante un juez por el asesinato por el que están en la cárcel. Tampoco han tenido la asesoría de un abogado de oficio y, aunque la prensa y los ciudadanos ya los condenaron de haber sido los asesinos del presidente haitiano, Jovenel Moïse, un magnicidio ocurrido justamente hace un año, lo cierto es que la investigación del peor crimen que haya sucedido en ese país está estancada. En medio de esa falta de garantías judiciales están 18 exmilitares colombianos, quienes además de denunciar que fueron torturados, ahora piden que alguien se preocupe por su situación jurídica.
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No es para menos. Aunque en total son 19 los colombianos relacionados con el magnicidio, 18 están en Haití en condiciones que, según sus denuncias, son inhumanas. Al cabo de unos días del asesinato de Moïse se habló del entramado que se tejió para matarlo, del rol de unos mercenarios colombianos y de la planeación del crimen en Estados Unidos. Pero un año más tarde ninguno de los colombianos detenidos en Haití ha sido llevado a juicio. No han sido siquiera presentados ante un juez, como lo exige la ley haitiana. Otra suerte es la de Mario Palacios, el decimonoveno colombiano, que escapó a Jamaica y fue enviado a Estados Unidos, donde es judicializado.
Quien ha visto en vivo y en directo el horror que viven los exmilitares en Haití es Nataly Andrade, esposa del teniente coronel (r) Carlos Guerrero Torres, uno de los detenidos. “Mi esposo no sabía que yo viajaba. Era sorpresa. Nunca había pisado una cárcel, mucho menos en Haití. Lo abracé y le dije que tenía muchas cosas que contarle. Él me aseguró que lo habían torturado”, recuerda Andrade, quien ha visitado a su esposo tres veces en los últimos meses y constató las condiciones en las que permanecen los otros connacionales presos. Su afán por ir a Haití comenzó cuando recibió una carta cifrada en la que él le contaba sobre las torturas a las que los sometieron.
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Luego recibió fotos y relatos de lo que vivían tras las rejas. Parte de ese drama se conoció en mayo pasado, cuando un video grabado por ellos desde una celda evidenció su situación: “Cumplimos 72 horas sin comer y tampoco hemos salido al baño. Nos toca hacer del cuerpo aquí adentro. Esto es un llamado de auxilio. Somos inocentes. Estamos en un país donde nos quieren matar de esta forma. Por favor, ayúdanos (…) Cómo es posible que nos dejen aquí en este campo de concentración, porque esto no es una cárcel. Aquí hay gente muriéndose de hambre”. Además de pedir ayuda para que se revise su proceso jurídico, expresaron su angustia por un posible motín.
Ante la ausencia de garantías en Haití, desde Colombia sus familiares han buscado colaboración de abogados colombianos y estadounidenses. La abogada Sandra Macollins, que defiende a varias de las familias, le dijo a este diario que los 18 colombianos en Haití “están condenados de manera sumaria por la prensa, por la policía. Sin el lleno de los requisitos, sin un juicio, y ni siquiera han sido representados por un abogado, porque el Estado haitiano no les ha asignado y ellos no tienen plata para contratar uno”. Todos están en la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe.
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Se trata de una cárcel con “deficiencias estructurales”, con hacinamiento de más del 900 % y donde la mayoría de celdas no cuentan con ventilación ni iluminación, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó medidas cautelares a ese lugar en 2017. Sin embargo, inicialmente los colombianos estaban en condiciones peores. Un informe de la Defensoría del Pueblo constató que en su primer sitio de reclusión dormían en el piso, en un espacio de 6×2 metros, y algunos presentaban graves lesiones. Además, que, para entonces, ya habían sido interrogados, sin haber acceso a un abogado.
“Hay declaraciones de ellos aceptando su participación en la muerte del presidente Moïse”, reconoce la abogada Brenda Acosta, que representa a algunos de ellos en Colombia. Pero añade: “El caso de Eladio Uribe. A él le quemaron con ácido los testículos y le arrancaron las uñas de los pies. Le dijeron que sabían dónde vivía su familia y que los iban a matar”. A esos tratos se suma, según Macollins, que “no hay un expediente oficial, porque las labores que se han realizado por parte de la policía no cumplen con cadenas de custodia”. También señalan que son el chivo expiatorio y que hubo responsables aún no conocidos que continúan libres.
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Para rematar esa crítica situación, el proceso llegó a manos de un nuevo juez de instrucción en mayo pasado, el quinto en asumir la investigación, pues los demás han denunciado intimidaciones y falta de garantías. Frente a este callejón sin salida, las familias de los supuestos mercenarios han acudido a la CIDH y a la ONU. Ya la primera corporación les contestó que están cobijados por las medidas otorgadas a la Penitenciaría Nacional en 2017 y están en conversaciones para una revisión más a fondo del caso. Asimismo, este 7 de julio protestarán frente a la Cancillería colombiana para pedirle que exija la liberación de sus familiares.
“Que verifique el estado jurídico de ellos, no tanto el físico: en qué va el proceso, que se nombre un tribunal verificador del caso o que se haga un tribunal ad hoc donde se garantice que se va a hacer un juicio imparcial”, explicó Macollins. Cuando Nataly Andrade visitó al coronel (r) Guerrero, llevó consigo seis maletas llenas de comida, medicamentos y cartas de todos los familiares. “No estoy diciendo si es responsable o no, si tiene culpa o no, pero esas no son las mínimas condiciones que debe tener una persona. Ahí se están es muriendo”, asegura la mujer. Como la suya, las familias de todos los detenidos son humildes y han tenido que incurrir en gastos millonarios.
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No solo han pagado abogados, que les cobran miles de dólares, sino también han costeado envíos de comida -uno en febrero, por ejemplo, les costó $26 millones―, o comunicación con el interior de la cárcel. Y el Gobierno colombiano tampoco les da respuestas. Entretanto, el juicio contra Mario Palacios comenzaría en las próximas semanas en Miami. Allí, supo este diario, su defensa presentaría evidencia de que él y otros colombianos fueron “peones” en una trama en la que han caído apenas dos de los que serían los verdaderos responsables: el exsenador haitiano John Joel Joseph y el empresario y narco Rodolphe Jaar, ambos en custodia estadounidense.
Lo que han admitido los colombianos detenidos es que sí estuvieron en la casa de Moise el 7 de julio de 2021. La justicia, si llega, tendrá que definir la responsabilidad de los colombianos en el magnicidio y esclarecer quiénes más habrían estado detrás del asesinato que conmocionó Haití hace un año. Los resultados de esas investigaciones podrían dar luces sobre cuál fue el verdadero motivo del magnicidio. Por ahora, las respuestas podrían asomarse en la investigación de Estados Unidos, en donde hay tres personas involucradas, incluido un colombiano.
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