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Hacinamiento, problemas de alojamiento, recursos para trabajar y roedores en sus instalaciones. Así describieron varios funcionarios de la Defensoría del Pueblo los principales inconvenientes que están presentado en la principal sede, ubicada en el centro de Bogotá, como en varias regionales a nivel nacional. Para citar un ejemplo, el Centro de Atención al Ciudadano (CAC), el primer filtro que tiene la institución para recibir las peticiones de la ciudadanía, está ubicado en el sótano de la nueva sede que fue adquirida en la pasada administración de Jorge Armando Otálora. Allí, los funcionarios trabajan en ambientes que no cuentan con las condiciones optimas para reliazar sus labores.
Pero la ubicación del CAC, donde diariamente reciben alrededor de 600 personas, no es el único problema. Funcionarios de la entidad le dijeron a este diario que los ratones son su fiel compañía, pues es normal que en los archivos que tiene la institución en la sede principal se encuentren heces y rastros de estos roedores. Aunque la Defensoría, en reiteradas ocasiones, ha fumigado las instalaciones con el fin de evitar la propagación de esta peste, el resultado ha sido contraproducente, luego de que algunos trabajadores expresaron problemas de salud debido a la exhalación de estos olores químicos.
“La atención al público se atiende en un sótano. Hay ratas, zancudos y moscas que, acompañado del hacinamiento, condicionan nuestro trabajo. Los trabajadores vivimos enfermos y nuestra salud física, poco a poco, se va deteriorando”, le dijo a este diario una funcionaria de la Defensoría que, por miedo de perder su trabajo, prefiere omitir su nombre. El problema que actualmente tiene el CAC viene acompañado del hacinamiento del que son objeto los trabajadores de la nueva sede, que fue adquirida por la entidad, pero no en su totalidad, pues allí aún funciona una sede de las Cámara de Comercio.
Si bien, funcionarios de la Defensoría fueron distribuidos en la sede del centro y en un edificio ubicado cerca de la edificación que fue demolida el 11 de septiembre de 2016, a todos, según los mismos funcionarios, los quieren pasar a la sede principal. Allí, denuncian los mismos trabajadores, no hay espacio para más gente y no saben cómo los van a distribuir, teniendo en cuenta que los mismos funcionarios expresaron que para la próxima semana está programado un trasteo a pesar de que radicaron, el pasado 24 de mayo, un derecho de petición para que no fueran trasladados.
En esa petición, los trabajadores también manifiestan los inconvenientes que están presentando en la sede de Chapinero. “Los servidores se encuentran en unas condiciones de zozobra y estrés, provocadas principalmente por el ruido constante y perturbador de la obra que no da tregua a ninguna hora del día. En la sede centro, el hacinamiento y las plagas son las responsables de la inconformidad de un importante número de funcionario y contratistas, esto sumado a algunas limitaciones de infraestructura y funcionamiento que tiene la edificación y el lugar donde se encuentra ubicado en Centro de Atención Ciudadano. Todas estas cuestiones son de su conocimiento”, se lee en el derecho de petición firmado por 52 trabajadores.
En esa misma petición, los servidores de la Defensoría expresaron que la administración “planea” realizar un intercambio de funcionarios entre la sede del centro y la sede de Chapinero. Esta decisión, según los trabajadores, “carece de planificación y no ofrece una solución de largo plazo a las actuales condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras”. En todo caso, los trabajadores le expresaron a Carlos Negret, defensor del pueblo, que están dispuestos a respaldar las decisiones de tome la administración siempre y cuando supere las condiciones en las que se encuentran actualmente.
Los líos en las demás sedes
Pero las dos principales regionales de la Defensoría no son las únicas que presentan inconvenientes. Regionales como Cauca, Cesar, Magdalena, Urabá y Arauca, por mencionar algunas, también tienen problemas de hacinamiento y falta de condiciones óptimas de trabajo. William Salazar, vicepresidente del Sindicato de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Defensoría Del Pueblo (Sindhep), le dijo a El Espectador que los trabajadores han tenido realizar recolectas para comprar aire acondicionado, necesario en algunas de estas sedes por los niveles de temperatura.
Asimismo, Salazar expresó que la entidad no les está prestando la atención que los trabajadores requieren y, en cambio, la administración “está pensado” en gastar recursos en trasteos que no van a solucionar el problema de fondo. “También tenemos problemas de papelería que nos obliga a hacer recolectas para poder cumplir con nuestras funciones. Necesitamos recursos para el traslado de funcionarios a diferentes partes del país para cumplir con sus funciones e implementos de seguridad”.
Altas fuentes de la entidad le dijeron a este diario que el tema pasa por el presupuesto y la adición que la Defensoría del Pueblo le pidió al Estado, lo que ha demorado el trámite de solucionar las limitaciones que actualmente tienen los trabajadores. “El defensor (Carlos Negret) le ha pedido al Estado los recursos necesarios para que podamos trabajar dignamente, pero la demora en el trámite para obtener estos recursos ha limitado la solución a todos los problemas que tenemos y que venimos presentando desde hace algún tiempo”. El Espectador intentó comunicarse con el defensor del pueblo pero funcionarios de la entidad manifestaron no hay una versión oficial sobre esta situación.