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Otoniel, quien fuera el máximo jefe de la organización criminal conocida como Clan del Golfo, está siendo trasladado a la base militar de Catam, al occidente de Bogotá. Aunque el Consejo de Estado había suspendido su proceso de extradición mientras estudiaba una tutela de víctimas del conflicto, el alto tribunal levantó esa medida este 4 de mayo y ahora se espera que Dairo Antonio Úsuga sea extraditado a Estados Unidos, país que lo requiere por cargos de narcotráfico.
(En contexto: Consejo de Estado suspende provisionalmente extradición de alias “Otoniel”)
La tutela de las víctimas pedía que se suspendieran los efectos de la resolución que firmó el presidente Iván Duque para enviar a Otoniel a Estados Unidos. Sin embargo, este 4 de mayo, el Consejo de Estado declaró: “al advertir que el acto administrativo acusado, esto es la Resolución número 078 de 8 de abril de 2022, que dispuso la extradición del mencionado señor, no se encuentra en firme; es claro que no ha producido efectos en el mundo jurídico, razón por la cual las circunstancias fácticas y jurídicas que motivaron la adopción de la medida, han desaparecido”.
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El presidente Iván Duque Márquez firmó la extradición de Dairo Antonio Úsuga David, nombre real del exparamilitar. A parte de recalcar que Otoniel ha sido el peor narcotraficante en la historia reciente de Colombia, Duque dijo que, con su extradición, “las instituciones del país muestran su fortaleza y contundencia”. La investigación norteamericana, según la Corte Suprema, considera que desde 2002 hasta 2021, alias Otoniel envío toneladas de cocaína a México y otros países de Centroamericana, para llegar al mercado de Estados Unidos.
(Lea también: La lista completa de políticos y funcionarios que “Otoniel” mencionó en la JEP)
Para ello, se habría apoyado con socios en Colombia, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y México. En nuestro país, acusa la Corte de Nueva York, “empleaba ‘sicarios’ o asesinos a sueldo, quienes llevaban a cabo diversos actos de violencia, como asesinatos, agresiones, secuestros y atentados”. Alias Otoniel hizo todo lo posible por quedarse en Colombia. No solo estuvo entregado su verdad del conflicto a la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sino también pidió a la justicia transicional frenar su extradición.
Pidió obtener esa garantía, pues aseguró haber sido un tercero financiador y auspiciador de las Farc, cuando recién el pulpo criminal del Clan del Golfo se conocía como Los Urabeños (2009-2014). No obstante, el pasado 25 de marzo la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP rechazó el sometimiento de Úsuga, pues consideró que no aportó las pruebas suficientes que lo acreditaran como un tercero colaborador.
En la JEP, Otoniel declaró sobre los vínculos de varios políticos con organizaciones paramilitares, como la suya, y con las demás de las que formó parte, como el Bloque Centauros de las Autodefensas. Mencionó, por ejemplo, supuestos vínculos del candidato presidencial Luis Pérez con alias Mi Sangre. También habló de exgobernadores, congresistas, universidades y compañías petroleras que habrían engrosado las finanzas del Clan del Golfo a punta de porcentajes de contratos públicos.
Además de los tres indictments (escritos de acusación) que tiene ante la justicia de los Estados Unidos, Otoniel tenía varios procesos en Colombia. El propio director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, hizo un repaso del historial criminal del líder del Clan del Golfo, quien estuvo hasta hoy detenido en los calabozos de la Dijín en Bogotá bajo las más estrictas medidas de seguridad.
Uno de los hechos por los que está siendo procesado Otoniel es por el paro armado que ordenó el 31 de marzo y el 1° de abril de 2016, a los pocos días que alias el Negro Sarley, uno de sus hombres de confianza, muriera durante un operativo de la fuerza pública. Durante esos dos días, instalaciones de la Policía fueron atacadas por el grupo criminal y también fueron asesinados un capitán del Ejército, Andrés Lugo López, (que iba de civil) y su esposa, doble homicidio que también le fue imputado por parte de la Fiscalía en 2021.
Ese mismo año la Fiscalía le imputó a Otoniel el asesinato del líder social Jose Yimmer Cartagena, vicepresidente de la Asociación Campesina del Alto Sinú e integrante del movimiento Marcha Patriótica. Este líder, que promovía y hacía pedagogía sobre la sustitución de cultivos ilícitos en la región, fue asesinado en octubre de 2017. El jefe de sicarios de Otoniel en Carepa, Adrián Manco Higuita, alias “Camilo” está siendo procesado por este crimen y ya cumple una condena de 18 años de prisión por el asesinato de un comerciante en ese municipio del Urabá antioqueño.
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