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El Tribunal Superior de Bogotá dio un paso del que dependía el comienzo del juicio contra Carlos Mattos, señalado de intentar torcer procesos judiciales para quedarse con la representación en Colombia de la coreana de autos Hyundai. A sus 73 años, tras ser extraditado desde España, el empresario enfrentará en Bogotá dos juicios penales y, por ahora, desde La Picota. Ambos procesos estaban en fase preparatoria: definiendo cuáles de las cientos de pruebas que ha recabado la Fiscalía en estos años entrarán a juicio. Una reciente decisión destrabó uno de los expedientes, con lo cual comenzará a escribirse un nuevo capítulo del caso Hyundai: Mattos en el banquillo de los acusados.
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Se trata del proceso en el que se investigan supuestos sobornos a la jueza Ligia del Carmen Hernández Pérez. La funcionaria, ya condenada, aceptó que recibió $100 millones en cajas de zapatos como “regalo” y que, al menos $30 millones se los entregaron mientras su despacho estaba por definir un recurso jurídico que le interesaba a Mattos. Todo estaba enmarcado en su batalla con la compañía surcoreana Hyundai, que le quitó en 2015 la representación de su marca en Colombia para hacer negocios con otros socios. Y, al parecer, el empresario repartió sobornos a diestra y siniestra para que todos los recursos que ponía en los juzgados le salieran favorables.
De hecho, Mattos también es investigado por la supuesta manipulación del reparto de una demanda. El pasado 23 de noviembre, la Sala Penal del Tribunal de Bogotá negó una solicitud de la defensa del empresario en el caso sobre la jueza Hernández: que se admitieran en el juicio algunas de las pruebas que se han usado en el primer juicio. El juzgado que lleva el proceso se opuso, decisión que los abogados de Mattos buscaron anular, pero el Tribunal negó su recurso. Según personas cercanas al proceso, esto se traduce en que ahora el juez debe poner fechas para el inicio del juicio. Uno de los últimos en iniciar en el caso Hyundai, que ya lleva tres años en los estrados judiciales.
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Salvo Mattos, uno de los jueces a los que supuestamente sobornó, Reinaldo Huertas, y uno de sus abogados, Álex Vernot, quien habría intentado torcer al testigo estrella del caso, hoy todas las personas salpicadas por este escándalo están condenadas. Las declaraciones de todos ellos ponen en aprietos al empresario y hacen parte del dosier de pruebas que tiene la Fiscalía en su contra. En el proceso que relaciona al juez Huertas, además, hay cientos de documentos, como las inspecciones realizadas a los juzgados donde se fraguó el torcido, comunicaciones interceptadas, tiquetes de avión o videos de cámaras de seguridad.
El escrito acusación en su contra, en poder de este diario, resume así la génesis del caso: “En 2015 se presentó la decisión unilateral, por parte de la coreana Hyundai Motor Company, de retirar el derecho de distribución exclusiva de sus vehículos en Colombia a la empresa Hyundai Colombia Automotriz, cuyo mayor accionista era Mattos. Esto llevó a que la empresa Hyundai Colombia Automotriz interpusiera una demanda contra la coreana, radicada el 29 de febrero de 2016. Ese día se advirtió una serie de irregularidades ligadas con el sistema de reparto de esa demanda específica, las cuales fueron denunciadas”.
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Mientras la Fiscalía avanzaba con la indagación, la demanda aterrizó en el despacho del juez sexto civil de Bogotá, Reinaldo Huertas, quien el 6 de abril de 2018 concedió una medida cautelar que pedía Mattos. La decisión implicaba, en pocas palabras, que los coreanos no podrían hacer negocios con otra persona en Colombia distinta a Mattos. La tesis del ente investigador, entonces, es que el empresario “quería manipular el sistema de reparto, con la finalidad de que la demanda fuera conocida específicamente por el juzgado de Huertas. Lo anterior, porque ya había acordado con él y su oficial mayor, Dagoberto Rodríguez, el pago de coimas”.
El pacto, supuestamente, lo sellaron semanas antes en el apartamento del propio Mattos, según ha contado Luis David Durán, quien fue su abogado de confianza, terminó capturado y, desde 2018, prendió el ventilador. En total, asegura la Fiscalía, el juez Huertas y su oficial mayor recibirían $700 millones por emitir la medida cautelar y $1.000 millones adicionales si sostenían sus efectos durante un año. Para el ente investigador, se cometieron los delitos de cohecho ―soborno a un funcionario por su labor―, utilización ilícita de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático.
El “articulador” de todo, dice el escrito de acusación, fue Luis David Durán, quien, siendo abogado de Mattos, se reunió con el oficial mayor y con otros funcionarios de los juzgados civiles de Bogotá que se unieron al entramado para asegurarse que la demanda de Hyundai le llegara al juez Huertas. La supuesta manipulación al reparto la lograron así: por unos minutos, disminuyeron en el sistema el número de demandas que tenía el Juzgado Sexto, en comparación con los demás de toda la ciudad. Así, cuando se radicó la demanda, por defecto, le correspondió al juez Huertas, quien para el programa de reparto era el que tenía menor carga.
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En total, el escrito de acusación del caso del juez Huertas enumera 228 evidencias y 58 testigos potenciales. Es posible que no todas entren al juicio, discusión que aún está pendiente. Por ahora, esa corporación definió que el proceso en el que se investiga el presunto soborno a la jueza Hernández debe continuar su curso. De hecho, el magistrado ponente de la decisión les recordó a las partes en la audiencia que deben abstenerse de interponer “recursos del todo improcedentes, que dan al traste con los fines del proceso”.
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