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El Tribunal Administrativo de Sucre anuló el fallo que revivía la licencia de una de las empresas de la polémica empresaria del chance, Enilce López, más conocida como ‘La Gata’ así como el multimillonario pago de 4.000 millones de pesos.
En el fallo de segunda instancia se acogieron los argumentos esgrimidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que indicaba que al Juez Octavo Administrativo del Circuito de Sincelejo carecía de las competencias para emitir un fallo en este proceso.
En la sentencia se anuló que el fallo en el que se declaró nula la orden de cancelación de la licencia de funcionamiento de la empresa de celaduría ordenó a la Supervigilancia restablecer la licencia y pagar todos los perjuicios ocasionados al considerar que se incurrió en falsa motivación y violación al debido proceso.
Este proceso inició en el año 2007 cuando la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada otorgó la licencia de funcionamiento a la Empresa de Seguridad privada Celed Ltda.
Sin embargo, en 2008 le fue retirada la licencia al considerar que esta empresa era en realidad parte del esquema de seguridad privada de ‘La Gata’ quien tenía dos procesos penales en su contra.
Por estos hechos se ordenó la incautación de armamento por lo que se consideró preocupante que se les continuara confiriendo autorización para la prestación de servicios.
La empresa de seguridad interpuso una acción judicial con el fin de revocar esta decisión, sin embargo el juzgado quinto administrativo del circuito de Bogotá declaró que su despacho carecía de competencia por factor territorial y remitió el proceso a Sincelejo en donde se falló a favor de los demandantes.
La Superintendencia apeló dicho fallo y pidió a la Agencia Nacional de Defensa Nacional de Defensa Jurídica del Estado su intervención en el proceso e impulsar el cambio de radicación del mismo de la Ciudad de Sincelejo a Bogotá, al considerar que el poder de Enilse Lopez en ese territorio es muy fuerte y no se contarían con las garantías suficientes para la adecuada defensa de los intereses del Estado; además porque de confirmarse en segunda instancia la sentencia, el pago de la condena representaría el 50% del presupuesto anual asignado para esa entidad.
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