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Tribunal de San Andrés ordenó cierre del cayo Acuario por grave afectación ambiental

La decisión la tomó el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al estudiar una acción popular que interpuso la Procuraduría por la protección de los derechos colectivos al medio ambiente sano y el equilibrio ecológico.

Visita al Acuario, peces, lanchas y turistas.
Los cayos que se beneficiarían con esta medida son los cayos Rose y Haines Cay, conocidos como Cayo Acuario.
Foto: Cristian Garavito

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El Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ordenó el cierre de los cayos que forman el sitio turístico conocido como el Acuario. Según la decisión de esa instancia judicial, los magistrados evidenciaron que existe una grave afectación al ecosistema marino.

La decisión se dio en el marco de una acción popular que interpuso la Procuraduría para proteger los derechos colectivos al medio ambiente sano y equilibrio ecológico. A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público explicó que logró acreditar “una afectación grave en esta zona de alta inestabilidad ambiental, ocasionada por el turismo masivo, la falta de control institucional y la inexistencia de servicios sanitarios adecuados”.

Entre las irregularidades, agregó la Procuraduría, se advirtieron en “la operación de establecimientos comerciales sin infraestructura básica, la descarga de aguas contaminadas al mar y la erosión acelerada causada por el tránsito desmedido de embarcaciones”. Los cayos que se beneficiarían de esta decisión son: Rose Cay y Haines Cay.

Sobre el primero, el Tribunal ordenó el cierre durante seis meses, mientras que, para el segundo, definió su clausura en periodos trimestrales de tres días para permitir la recuperación ecológica de estos ecosistemas marinos. Además de estas medidas, el Tribunal ordenó otra serie de determinaciones.

Por ejemplo, “exigió desmontar las estructuras fijas instaladas en la zona, realizar estudios técnicos actualizados de capacidad de carga y reubicar la actividad comercial bajo parámetros sostenibles”. Para ello, pidió la participación activas de autoridades, como la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), la Dirección General Marítima (Dimar) y la gobernación de la isla.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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