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En medio de un proceso de restitución de tierras en el que perdieron tres terrenos, el clan político Lizcano recibió un «halón de orejas» por parte de los magistrados de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cali. En un fallo reciente, en el que el exsenador Mauricio Lizacano y su padre Oscar Tulio Lizcano —secuestrado por la extinta guerrilla de las Farc entre 2000 y 2008— pierden tres predios en Quinchía (Risaralda), los magistrados les llaman la atención por desconocer a dos personas que fueron desaparecidas de manera forzada por un grupo armado ilegal sin establecer.
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Se trata del matrimonio de Juan Fernando Acosta Mesa y Blanca Ofelia Correa, quienes, en 1995, se fueron a vivir a los predios que hoy son parte del fallo del tribunal, debido a los problemas de salud que el primero tenía. La pareja tenía planeado pasar el resto de su vida allí. Sin embargo, un año después Acosta y Correa fueron secuestrados y desaparecidos de manera forzada por un grupo armado ilegal. A partir de allí, los predios entraron en una serie de decisiones judiciales irregulares que obstaculizaron que los herederos del matrimonio Acosta Correa recibieran las tierras.
El regaño de los magistrados se fundamenta en que los Lizcano señalaron ante los estrados judiciales, por medio de un documento, que “no se encuentra acreditado que la pareja de esposos Juan Fernando Acosta Mesa y Blanca Ofelia Correa Acosta hayan sido víctimas de secuestro o desaparición forzada por parte de algún actor criminal vinculado al conflicto armado interno colombiano, toda vez que las declaraciones de los solicitantes no dejan entrever que los autores de aquellos hechos vinculen a las Farc o al Epl, sumado a ello, nadie cuenta de amenazas en contra de la pareja de esposos”.
Según la Sala Civil Espacializada la familia Lizcano “ (quiso) tender un manto de duda sobre la conducta de los causantes de su contraparte, pretendiendo invisibilizarlos como víctimas, en actitud carente de toda generosidad para dimensionar el dolor de sus familiares, ante la desaparición definitiva de sus parientes víctimas del mismo flagelo pero que no tuvieron la oportunidad de regresar, de unirse a su familia, de reconstruir su vida, de emprender para sanar el dolor del secuestro y la desaparición forzada”.
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De acuerdo con los magistrados, los Lizcano hicieron estos señalamientos aportando información de la cual no señalaron su fuente, «ni la metodología de su recolección. Con las misma ausencia de rigor menciona en forma general ‘pruebas testimoniales de los líderes comunales de la región’, haciendo alusión a entrevistas que bajo el formato de declaración extraproceso que recaudó un investigador privado contratado».
El tribunal también le llamó la atención a los Lizcano por las «serias aseveraciones» en las que señalaron que la comunidad campesina de esta región del país y los indígenas chamí apoyaban a los grupos subversivos como las Farc y el Epl. Este escenario, según los excongresistas, le permitió a los grupos ilegales realizar varios secuestros; sin embargo, el tribunal dice que el clan político no aportó ninguna información que soportara sus afirmaciones.
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La Sala Especial por último señaló que los familiares de los Acosta Correa son víctimas del conflicto armado y la famlia Lizcano tendrá que devolver los terrenos. “Se dispondrá que los actuales ocupantes hagan la entrega de los predios a los reclamantes”. Sin embargo, el Tribunal Superior de Cali declaró que los Lizcano fueron compradores de buena fe, que no conocieron los trámite irregulares y la desafortunada suerte de sus propietarios. A su vez, recibirán como compensación $1.377 millones precio que actualmente tienen los predios.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Cali señaló que “no existe indicio de un nexo causal que permita plantear que aquel sea un provecho indebido o fue el móvil para el desaparecimiento de que fueron víctimas los señores Correa Acosta y Acosta Mesa, como tampoco hay asomos siquiera de un posible vínculo de los opositores con los victimarios o con grupos armados ilegales”. Y añadió que “los opositores (la familia Lizcano) lograron acreditar la buena fue exenta de culpa y en consecuencia, tendrán derecho al reconocimiento de la compensación que contempla la Ley de Víctimas.
Por David Escobar Moreno
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