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Un magistrado de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá tendrá que resolver este lunes si acepta o no la solicitud de libertad hecha por la defensa del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, bajo la figura del vencimiento de términos en el proceso que se le adelanta por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.
En la solicitud, la defensa del exministro, argumentará que ya han pasado más de 240 días desde la presentación del escrito de acusación ante la Corte Suprema y hasta la fecha no ha iniciado el juicio.
En este sentido el abogado Jorge Aníbal Gómez Gallego, quien defiende los intereses del exfuncionario, aseguró que no se ha presentado ninguna dilación injustificada y que pese a que no les han entregado todas las pruebas que han solicitado han “intentado continuar con las audiencias preparatorias”.
Igualmente señaló que pese a que la Corte Suprema de Justicia fijó el inicio del juicio para el próximo 14 de junio, el jurista consideró que su cliente debe gozar de la libertad y así preparar su defensa.
Andrés Felipe Arias fue acusado formalmente por la Fiscalía el pasado 12 de octubre por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos al considerar que habría utilizado el programa bandera de su administración como plataforma política con el fin fundamental de encontrar apoyo entre un grupo de empresarios para su precandidatura presidencial por el partido Conservador.
Según la fiscal General de entonces, Viviane Morales Hoyos, el exministro manejó todas y cada una de las etapas del programa, incluyendo la entrega de los subsidios no reembolsables para programas de riego y drenaje que terminaron en manos de grandes empresarios de la costa.
Considerando así que su despacho contrató de manera directa con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) violando así los requisitos legales en materia de contratación en Colombia.
La gravedad del asunto en el caso de Arias radica en el hecho de que dichos contratos fueron fijados como de cooperación científica cuando en realidad era para la administración de recursos, por lo que era obligatorio convocar a licitación pública.
El excandidato presidencial permanece recluido en el Cantón Norte desde el pasado 29 de julio, cuando un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá lo cobijó con medida de aseguramiento al considerar que podría obstruir a la justicia.
Por estos hechos, Arias Leyva fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría por 16 años para ejercer cargos públicos.
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