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Notificaciones al límite del tiempo, filtración de elementos reservados y una aparente resistencia a que participen directamente. Estas son algunas de las cosas a las que, dicen los familiares de los 11 diputados del Valle del Cauca que fueron secuestrados y asesinados por la exguerrilla de las Farc entre 2002 y 2007, se han enfrentado ellos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) . A pesar de que en esta justicia la participación de las víctimas es un elemento central, los familiares y sus abogados han sentado las diferencias que tienen con el manejo que se le ha dado al caso. Y la JEP también les respondió.
El de los diputados de Valle es uno de los secuestros más emblemáticos perpetrados por la antigua guerrilla. En video quedó registrado cuando miembros del grupo armado ingresaron a la Asamblea Departamental y, con engaños, se llevaron a Ramiro Echeverry, Héctor Arismendy, Carlos Charry, Francisco Giraldo, Rufino Varela, Édinson Pérez, Nacianceno Orozco, Juan Carlos Narváez, Carlos Barragán Alberto Quintero Herrera y Jairo Javier Hoyos Salcedo, así como a Sigifredo López, el único sobreviviente. Por la relevancia que ha tenido, quienes han acompañado este proceso esperaban que su trámite en la JEP sirviera de hoja de ruta para otros casos que lleva esa Jurisdicción.
El expediente quedó en el despacho de la magistrada Julieta Lemaitre, relatora del macrocaso 01, en el que se investigan los secuestros cometidos por las Farc. Sobre su trato con las víctimas hay opiniones encontradas. En un auto de la Sala de Reconocimiento de Verdad del 5 de noviembre pasado, por ejemplo, se describen una serie de impasses que tuvieron los abogados con el despacho de Lemaitre: los citaron a la versión voluntaria de un ex-Farc, luego les cambiaron la fecha, pero no les dijeron cómo podrían confirmar su participación, y solo les dieron 24 horas para enviar preguntas a los exguerrilleros y por escrito, no en la audiencia.
Las inconformidades crecieron por “deficiencias en la estrategia de comunicación”, según los abogados, al punto que el asunto tuvo que ser discutido entre todos los magistrados de la Sala de Reconocimiento, la cual terminó expidiendo un auto para precisar cómo será la participación de las víctimas en el macrocaso 01. El meollo del asunto era que muchas víctimas querían preguntarles directamente a los exguerrilleros en medio de las versiones, algo a lo que la JEP no quería ceder, bajo el argumento de que la justicia restaurativa no es un espacio “adversarial”, sino “dialógico”. Se decidió, entonces, que las víctimas podían preguntar a través de sus abogados.
Otro lío vino con la versión voluntaria de Héctor Julio Villarraga, conocido en la guerra como Grillo, el exguerrillero que estuvo a cargo de los 12 diputados secuestrados. A la mitad de las víctimas las representa el propio Sigifredo López, a través de su fundación Defensa de Inocentes; a las demás, la Comisión Colombiana de Juristas, y a ninguno les convencían las reiteradas negativas de la JEP y de Lemaitre a que los familiares le preguntaran directamente a su victimario. Llegó el día de la diligencia en la primera semana de diciembre y lo que la magistrada quiso evitar con explicaciones de filosofía jurídica, terminó ocurriendo igual.
En primer lugar, porque López le hizo preguntas directas a Grillo, pues él es su propio abogado ante la JEP. “En medio de todo lo que le pudo haber causado tener en frente a la persona que lo tuvo retenido siete años, que lo amarró, que lo insultó, él no dejó su papel de abogado, porque en garantía al proceso esa era su función”, le dijo a este diario la abogada Brenda Acosta, de Defensa de Inocentes. El exdiputado le preguntó a quien fue su carcelero por temas militares, cómo era la organización guerrillera y las condiciones en las que los tenían secuestrados. Y Grillo contestó todo, salvo una pregunta en la que López se refirió a menores de edad que los custodiaron.
La otra participación directa de las víctimas ocurrió porque el segundo grupo de familiares atendieron juntos a la versión voluntaria, que estaba citada virtualmente, y aparecieron todos frente a la cámara sentados al lado de su abogado. El abogado le pidió a la magistrada Lemaitre que dejara que los familiares le hicieran preguntas a Grillo, que ya estaban allí, que estaban preparados. “No es que las víctimas se hayan colado, pero el malestar de ella era evidente”, dijo uno de los presentes. La togada se remitió al auto de participación y dijo que los familiares habían sido “desleales” con el proceso. Al final cedió.
La versión voluntaria transcurrió de manera tranquila, aun con las preguntas que hicieron los familiares, no hubo discusiones entre las víctimas. Pero días después hubo otro desencuentro: se filtraron apartes de dos videos que el partido FARC le entregó a la JEP sobre las condiciones en las que, explicaron ellos, tenían secuestrados a los diputados. Se trata de grabaciones que duran 5:18 y 22:52 minutos con escenas de aparente cotidianidad. El material audiovisual llegó a la justicia especial el 4 de diciembre y al día siguiente ya estaba en poder de medios de comunicación, como este diario, antes incluso de que lo conocieran los abogados de las víctimas.
Los familiares reaccionaron con un comunicado en el que expresaron: “La JEP no debe hacer pública información que sea parte del proceso que está en etapa investigativa, pues incurre en flagrante violación a la reserva del sumario. La publicidad que se le pide a la JEP es para garantizar la participación de las víctimas”. En la misma línea, se quejaban de que la versión de Grillo hubiera sido reservada, solo para que horas después la propia JEP publicara apartes de lo que dijo en un comunicado de prensa. “Si bien la JEP tiene que mostrar resultados por las críticas que ha recibido, esos resultados se demuestran más en sentencias que en comunicados”, señaló la abogada Acosta.
Lemaitre, por su parte, negó que su oficina fuera responsable de la filtración. A través de una carta les hizo saber el pasado 14 de diciembre a los familiares que firmaron el comunicado que “una vez el despacho recibió la información frente a los videos, buscó desde el inicio tener la mayor consideración con las víctimas”. Y dijo que el episodio con el comunicado de la JEP sobre la versión de Grillo se explicaba porque era un deber “comunicar a la sociedad lo sucedido en la diligencia”. Pero la tensión sigue presente. Personas cercanas al caso dicen que los magistrados de la JEP parecieran más interesados en mostrar resultados a la opinión pública que en brindarle garantías a las víctimas.
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