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Las últimas semanas en Tuluá han sido caóticas en materia de seguridad y orden público. Al ser municipio vecino a Buga, donde se han presentado fuertes choques con la Fuerza Pública por los bloqueos viales en medio del paro nacional, Tuluá también ha sido parte de las manifestaciones, que están a punto de cumplir un mes en las calles. Fue precisamente en un plantón convocado este 25 de mayo, en homenaje a los muertos que han dejado las protestas, que Tuluá fue un caos: un joven estudiante terminó muerto en hechos por esclarecer, 18 establecimientos comerciales y públicos atacados, saqueos y, como se vio en redes sociales, el Palacio de Justicia totalmente incinerado.
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El ataque contra la sede máxima de la justicia en Tuluá, del que aún no se conocen responsables y que ha sido reprochado por la rama judicial, es apenas uno de los delicados casos de orden público que vive el municipio del centro del Valle del Cauca, que ha sido priorizado por las Fuerzas Militares para contrarrestar las disidencias de las Farc en zona rural y la consolidación de narcotraficantes en la parte urbana. Por ejemplo, en la madrugada del 23 de mayo pasado fue reportada una masacre de cuatro jóvenes, y dos días antes, capturaron a cuatro personas que dispararon contra un bloqueo vial, dejando un muerto y varios heridos.
En lo que va de 2021 también se reportaron otros asesinatos de jóvenes y menores de 18 años que son reclutados por los grupos criminales del microtráfico, pero el hecho que más impactó se reportó a mediados de enero de 2021: la Policía informó que se encontró la cabeza de un hombre de 20 años con cuatro tiros. La víctima había sido decapitada con un machete, en hechos que aún no han sido esclarecidos. Sin embargo, no es la primera vez que se reportan decapitados en Tuluá. En junio de 2019 se encontraron otros dos cuerpos en ese mismo estado, en medio de la guerra entre las bandas criminales de La Inmaculada y la Santa Cruz.
La génesis de esta disputa a muerte entre las bandas criminales data desde diciembre de 2014 y enero de 2015, cuando las autoridades capturaron a alias Porrón y alias Pipe, líderes de La Inmaculada, la cual hace más diez años domina el mundo delincuencial en Tuluá en la zona urbana. El hecho llamó la atención de todo el país, pues estos dos hombres extorsionaron a Faustino Asprilla, el exjugador de la selección de Colombia y hoy panelista deportivo, obligándolo a abandonar su finca en esa zona. El cantante de música popular conocido como El Charrito Negro también tuvo que dejar en su momento la región, por las extorsiones de esa estructura al margen de la ley.
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Desde que estos dos temidos criminales están tras las rejas, las disputas y las purgas dentro del grupo ilegal han desatado una cruenta batalla por quién se hará cargo del negocio del narco y microtráfico, las extorsiones y la venta de armas ilegales, entre otros. A su vez, el enfrentamiento que La Inmaculada tiene con la banda de La Santa Cruz y los frecuentes operativos de la Policía han logrado desbaratar, por momentos, su estructura criminal. Por ejemplo, en febrero pasado fue capturado alias el Mueco, antiguo miembro de Los Rastrojos y señalado de ser uno de los líderes de La Inmaculada, también conocida como la Oficina de Tuluá.
Los Rastrojos, la Gran Alianza y Rusia
En 2012 también se encontraron otros cuatro cuerpos sin cabeza, todos en hechos relacionados con las vendettas mafiosas de las bandas locales por el tráfico de drogas y las extorsiones, principalmente. En ese momento, las bandas criminales de Los Rastrojos (herederos del cartel del norte del Valle) y Los Paisas libraban su guerra aparte. Otro reciente episodio que también marca el influjo que tiene un sector de los tulueños con la mafia fue el asesinato de alias Beto Rentería en el municipio en septiembre de 2020. El hombre, antigua cabeza de ese cartel y enemigo de los hermanos Rodríguez Orejuela, había sido capturado en 2010 y regresó al país en 2018 sin que nadie se percatara.
Ese mismo año, la Fiscalía hizo otro hallazgo, casi que sin precedentes y relacionado con una estructura narcotraficante que enviaba cocaína a Rusia. En agosto de 2018 fue capturado Carlos Alberto Muñoz, supuesto jefe de una banda de narcotraficantes que tenía su centro de operaciones en Moscú (Rusia) y quien fue extraditado al país europeo. Según las autoridades rusas, el presunto traficante fue el “creador de una organización delictiva con alcance internacional que, mediante alianzas con bandas del crimen organizado en ese país, dirigía el envío de cocaína procedente de Colombia en vuelos comerciales que arribaban al aeropuerto de Sheremétievo”.
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La Policía señaló que Muñoz, desde su natal Tuluá, coordinaba sus actividades ilícitas con la naciente Casa del Valle o Gran Alianza, un grupo de narcos sucesores del cartel del norte del Valle que se reagruparon tras volver de pagar condenas por narcotráfico en Estados Unidos. De ese plan hacen parte los hijos de exjefes del narcotráfico que operaron en esta zona (como Martín Bala, el Alacrán y Capachivo) y antiguos hombres de confianza de Wílber Varela, alias Jabón, como Guacamayo, Capulina y Mueble Fino, quien fue capturado el fin de semana pasado, señalado de haber pagado un millonario soborno a dos fiscales que lo investigaban por un homicidio.
El municipio de Tuluá también es escenario de enfrentamientos por bienes que fueron de la mafia y quedaron en manos de testaferros. Por ejemplo, en 2018 fue víctima de un atentado Arturo de Jesús Herrera, alias Bananas, conocido por haber sido cercano del clan narcotraficante Henao Montoya y del capo Iván Urdinola. A finales de ese año, también se supo que sicarios en moto atacaron a tres familiares del fallecido Urdinola. “Muchos exintegrantes de las mafias o familiares de excapos de la droga vuelven a la ciudad a reclamar bienes que quedaron en manos de testaferros o lugartenientes. Sin embargo, lo que encuentran es bala”, señaló a este diario Miguel Yusti, alto consejero de Seguridad de la Gobernación del Valle.
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El factor disidencias y los nuevos “paras”
La guerra entre bandas que vive la zona urbana del municipio es un escenario distinto al que se vive en zona rural de Tuluá, en donde fue asesinado el líder ambiental Gonzalo Cardona el 11 de enero de 2021. La propia Fiscalía determinó, a través de una alerta interna, que las disidencias de las Farc hacen presencia en esta zona y que sus funcionarios deben evitar desplazarse por los corregimientos y veredas tulueñas. El texto de la Fiscalía, de julio de 2020, indica que estos grupos cometen estas acciones en una aparente muestra de control territorial y poderío militar, por lo que se recomendó extremar las medidas de seguridad y autoprotección.
En octubre de 2020, la Defensoría alertó sobre la incursión en Tuluá y desde Sevilla de la compañía Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc, grupo del cual no se sabe si está aliado a alias Gentil Duarte o a Iván Márquez. “Han empezado a extorsionar a la población, intimidación contra excombatientes de las Farc, así como la quema de vehículos de funcionarios de desminado. Fuentes cercanas al líder ambiental Cardona señalan que este siempre manifestó que las disidencias estaban retomando acciones en el Cañón de las Hermosas, parque natural que toca territorio tulueño.
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Esta estructura, dice la Defensoría, al parecer emerge como una extensión de la facción disidente conocida como columna Dagoberto Ramos. “Tendría como finalidad ir poco a poco moviéndose desde el municipio de Sevilla, en el norte de este departamento y fronterizo con el Quindío, posiblemente hacia el sur, para retomar el control sobre el corredor que mantuvieron las extintas Farc en la cordillera Central del Valle, con especial interés en la región de la alta montaña tulueña. Lo anterior, por el acceso que les facilita hacia el Tolima y posiblemente con el ánimo de retomar el cobro de vacunas en esta rica región de producción agropecuaria”, concluye la Defensoría.
Además de tener que lidiar con las disidencias, los habitantes de la zona rural de Tuluá reportaron en febrero de 2021 a la Personería que hombres armados, con pasamontañas y de civil, estaban rondando por las veredas buscando a miembros de las disidencias o excombatientes de la desaparecida guerrilla de las Farc que tienen proyectos productivos en esta zona. Aunque la Defensoría, el Ministerio Público, organizaciones sociales y ciudadanos ya habían alertado a distintas autoridades sobre los inminentes riesgos que viven, apenas hoy las autoridades vuelven a poner sus ojos, cuando la situación está fuera de control.
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