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La voz destrozada de María Dolores Sánchez Ramírez, madre de Giovanny Arias Sánchez, rompió el silencio del auditorio de la biblioteca La Triada, en Yopal (Casanare), en la mañana del 18 de marzo de 2026. “¿Por qué me lo quitaron? ¿Por qué me quitaste a mi hijo?”, exclamó la mujer al ver proyectada en una pantalla la foto de su hijo, asesinado el 24 de mayo del año 2006 en Labranzagrande (Boyacá), por orden del teniente coronel en retiro Germán Alberto León Durán, entonces comandante del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez (Birno). Su caso es uno de los 30 de ejecuciones extrajudiciales por las cuales el exmilitar reconoció responsabilidad de forma tardía ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Todas las miradas se volcaron sobre la nave central del auditorio, desde donde María Dolores, con las manos aprisionadas contra su pecho, cuestionó a León Durán por el asesinato de su hijo. Giovanny nació en Armenia (Quindío), tenía 30 años y salió hacia el departamento de Boyacá para buscar mejores opciones de vida. Kevin Córdoba, uno de sus sobrinos, le contó a El Espectador que ser militar era uno de los sueños de su tío. Pero cuando intentó acercarse al Ejército para consultar cómo era el proceso, la institución que debía protegerlo terminó asesinándolo. “Lo vieron vulnerable, desprotegido y se aprovecharon”, narró Kevin. Militares de la Brigada 16 retuvieron ilegalmente a Giovanny, lo asesinaron, lo vistieron con camuflado y le pusieron armas para hacerlo pasar como guerrillero muerto en combate.
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La justicia no estaba preparada para contener el dolor de María Dolores. El magistrado Gustavo Salazar, quien presidía la audiencia, intentó calmarla desde el estrado. Pero ella no tenía oídos para escucharlo, pues a casi 20 años del asesinato de su hijo, tenía de frente al responsable aceptando haber sido quien dio la orden de matarlo. “Yo a usted lo odio”, sentenció una y otra vez. “Perdónenme, pero usted no sabe qué es que a uno le quiten a un hijo, que era trabajador, que me amaba, que lo cargué en mi vientre. Yo no lo perdono”, expresó la madre. El militar retirado se mantuvo al frente, con los ojos inundados de lágrimas y sin saber cómo responderle a esa madre que insistía en la misma pregunta: “¿Por qué mataron a mi hijo?”.
Los magistrados, sin poder controlar la situación, suspendieron la audiencia y se acercaron hasta una de las últimas filas ocupadas en el auditorio. Los familiares de otras víctimas que estaban allí abrazaron a María Dolores para tratar de contener tanto dolor. Los magistrados, todavía con la toga puesta, se acercaron a ella y la abrazaron. La audiencia solo regresó minutos después, cuando la piedra en la garganta todavía dificultaba la respiración del auditorio y el recordatorio fresco del horror que vive una madre atravesada por la ausencia de su hijo. Quienes lograron consolarla fueron quienes más la comprenden. Las víctimas que, como ella, viajaron de Arauca, Casanare, Boyacá, Meta y Quindío para escuchar a su victimario.
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Era la primera vez que Germán Alberto León Durán iba a pedir perdón por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que cometió entre el 12 de diciembre de 2005 y el 15 de noviembre del 2006. El exmilitar, imputado el 14 de julio de 2022 como máximo responsable por sembrar la barbarie de los falsos positivos en los llanos, se puso de pie frente al auditorio y pidió perdón por cada una de las órdenes que dio y de las denuncias que omitió cuando fue comandante del Ejército. “Yo soy el responsable de todos los dolores y sufrimientos que ustedes han padecido (…) Hice parte de una estructura criminal, convirtiéndome en la piedra angular, en la llave que abrió la puerta de todo lo criminal que ocurrió”, dijo León Durán.
Ratificó con detalles lo que la JEP ya había documentado, pero que él en principio no aceptó y que estuvo a punto de llevarlo a un juicio adversarial en el que pudo haber sido condenado con hasta 20 años de prisión. León Durán aceptó que hubo una organización criminal que usó la institucionalidad para cometer los crímenes contra campesinos, trabajadores informales y personas en condiciones de vulnerabilidad. Aseguró que fue presionado por el general (r) Henry Torres Escalante, quien era el comandante de la Brigada 16 del Ejército y, según él, exigía “cumplir con la política de gobierno de defensa y seguridad democrática”, por una “presión ejercida desde el gobierno de Álvaro Uribe”.
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Y agregó: “En realidad, nunca fueron muertes en combate. Fueron asesinatos de personas inocentes, en estado de indefensión. Esta política fue la que me hizo perder la ética militar y me alejó de mi deber profesional de defender la vida”. Durante su intervención, el exmilitar le habló directamente a María Dolores. Pese a que a esta madre no le alcanzaron las fuerzas para entrar de nuevo a la audiencia, León Durán le pidió perdón a su familia por encubrir el asesinato de Giovanny, con el único objetivo de inflar las cifras de resultados de las Fuerzas Militares en la región. “Hoy yo mismo he concluido que no tengo perdón. Que no soy digno ni de estar frente a ustedes”, dijo el exmilitar.
María Dolores buscó a su hijo durante 20 años. El dolor de no saber nada sobre su paradero inundó de tristeza cada uno de sus días. En 2014 denunció formalmente la desaparición y en enero de 2025 la JEP se comunicó con ella para decirle que, al parecer, los restos de Giovanny habían sido encontrados. El joven había sido enterrado como N.N. en el cementerio del municipio de Pajarito (Casanare), de donde la justicia transicional recuperó su cuerpo y, tras su plena identificación, lo regresó a los brazos de María Dolores en diciembre pasado. Con el dolor aún vivo, la mujer increpó al exmilitar León Durán, quien, sentado de cara a la víctima y a los magistrados Gustavo Salazar, Reinere Jaramillo y María del Pilar Valencia, sollozaba.
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El reconocimiento de responsabilidad no fue suficiente para Kevin Córdoba, quien se tomó el espacio en el que iba a intervenir María Dolores, para hablar en nombre de su abuela y pedir que, así como su familia ya pudo encontrar a Giovanny y darle sepultura, entregue información clara, que permita dar con el paradero de cinco de las 30 víctimas del subcaso Yopal de la JEP, que todavía están desaparecidas. Y, de ese modo, aliviar dolores como el de Nancy Sierra Beltrán, a quien le asesinaron a su esposo, Edilson Mendoza Soto, y quien cerró la primera jornada de la audiencia con una afirmación que describe buena parte de su historia y la de miles de víctimas: “Hemos llegado hasta aquí reconstruyendo la vida desde la ausencia que nunca debió existir”.
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Por Gustavo Montes Arias
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