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El pasado 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, miles de ellas alrededor del mundo marcharon pidiendo a los Estados protección para sus vidas, protección para que sus clamores, denuncias y el tener una vida libre de violencias sea real; que no sientan temor en sus casas, lugares de trabajo, estudio o en la calle, de ser violadas, abusadas, agredidas y hasta asesinadas.
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La fecha, que se conmemora desde 1999 como homenaje a las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa) asesinadas por el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo en 1960, busca, no solo recordar el trabajo que las tres hermanas iniciaron, sino conminar a los Estados a que haya una verdadera igualdad y que las prácticas que violentan a la mujer, por su condición, sean erradicadas.
Y es que el pedir a la sociedad que más mujeres no sean violentadas, muchas de ellas por sus propias parejas o exparejas, no es obligación o papel únicamente que le compete a las mujeres, los hombres debemos hacer esta apuesta, elevando nuestra voz para que los violentos sean menos, para que se reconozca el papel de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad y la verdadera paridad sea una realidad.
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Lamentablemente, los hechos de violencia contra el género femenino siguen registrándose y perpetuándose cada día con mayor vehemencia, misoginia y crueldad. Solamente entre enero y octubre de 2018, 796 mujeres fueron asesinadas en Colombia, 38 más que en el mismo periodo de 2017, lo que demuestra que la patología social de agresión contra el género día a día aumenta.
En este mismo periodo de tiempo, se registraron 50.120 casos de violencia intrafamiliar contra las mujeres, de ellos, 35.894 fueron cometidos en el contexto de relaciones de pareja. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 70% de las mujeres víctimas mueren a manos de su compañero o excompañero.
El fenómeno del feminicidio en el país y América Latina, que lo analicé y documenté en el libro Ni Una Más Ni Una Menos, la ruta al feminicidio, deja en el mundo miles de niños en la más completa orfandad y sin el cuidado y protección de sus padres.
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Todos condenamos y alzamos la voz, con justa causa, cuando un menor es abusado o violentado, pero muy pocos somos los que tenemos en cuenta a los huérfanos del feminicidio, un pequeño que vive una doble tragedia: la pérdida de su madre y donde, en muchas ocasiones, el perpetrador del hecho fue su padre.
El Estado colombiano debe, de manera urgente, adoptar políticas reales de ayuda y protección a estos menores. La Constitución Política señala que sus derechos prevalecen sobre los de cualquier otra persona, pero hasta la fecha, nadie se ha preocupado por su bienestar, futuro, restablecimiento y protección, al ser víctimas colaterales de un delito que se expande por la inoperancia del Estado, las concepciones culturales y patriarcales que se perpetúan; las creencias sociales sobre cómo se viste, habla, comporta, relaciona o vive una mujer y las que alimentamos cada día con palabras, miradas, gestos y comportamientos agresivos y hasta patológicos.
La Fiscalía y todos los organismos encargados de velar por el cuidado y protección de los menores, están en mora de informar con exactitud el número exacto de niños, niñas y adolescentes que en este momento están en orfandad por culpa de este delito y el Congreso, adicionar de manera urgente un artículo que sea incluido dentro de la Ley 1761 de 2015 que contemple ayudas económicas y terapéuticas para los huérfanos del feminicidio.
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